Por Claudio Campanari

Los distintos tipos de violencias a los que son sometidos los niños no son detectadas a tiempo por los sistemas de protección existentes en cada provincia a raíz del ocultamiento de las pruebas físicas por parte de sus familiares o por «errores» ante las situaciones de alarma que deben despertar en los efectores de salud o escolares, quienes «naturalizan y confunden» una situación de violencia con una práctica de crianza», consideraron especialistas.

En los últimos años y a raíz de la difusión de distintas líneas telefónicas y canales de Whatsapp, son los niños quienes «se animan» a denunciar los abusos y el maltrato a que son sometidos, aunque en muchas ocasiones las «prácticas burocráticas y la invisibilización» de sus derechos en ciertos sectores de la Justicia, hace que el Estado llegue tarde para protegerlos.

La Ley 26.061 sancionada en el 2005 que derogó el viejo Patronato de la Infancia vigente desde 1919, estableció un sistema de protección a la niñez en el que instruye a toda persona a denunciar cualquier situación de maltrato físico o abuso y, en este sentido, médicos y docentes se convirtieron en los principales detectores de esta alarmas.

Luego cada provincia adoptó para su territorio una ley de protección similar y la obligación de denunciar situaciones de maltrato se extendió para todo funcionario de la administración pública

Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, dijo que «el Estado no puede actuar cuando no hay denuncia, es imposible que se haga un monitoreo en cada familia para detectar casos de violencia intrafamiliar, pero son los efectores de salud y la escuela, la que deben estar atentos».

Explicó que en la reciente muerte del niño Lucio Dupuy, de cinco años, en La Pampa, «es raro que no haya surgido la alarma de la escuela o del hospital» y apuntó en este caso a una reunión que mantendrá en el Consejo Federal de Salud para agilizar estos mecanismos de detección en los hospitales.

«La violencia contra los niños esta invisibilizada por un lado y naturalizada por otro», destacó Graham y agregó que hay que preguntarse «que esta pasando en el mundo adulto que avasalla los cuerpos de tal manera» y destacó que llegan cada vez más casos «de abuso intrafamiliar, de incesto».

Y agregó: «Así como las mujeres conseguimos que haya más conciencia social sobre nuestros cuerpos todavía no lo hemos conseguido sobre los niños, posiblemente porque los niños no marchan».

Muchas madres o padres nos dicen que «no ejercen violencia sobre sus hijos, cuando los zamarrean o les pegan una bofetada o los insultan, nos dicen que no los pueden corregir sin esa práctica, son microviolencias que se ejercen como algo cultural».

En números

Entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas recibidas por el Programa «Las Víctimas contra las Violencias» del Ministerio de Justicia a través de la Línea Nacional 137 y la línea de WhatsApp, fueron 15.118, para un total de 20.520 víctimas (pueden existir más de una víctima por consulta), de las cuales 9.989 fueron niños, niñas y adolescentes.

En la cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019.

La cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23%, mientras que hubo un aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual.

Pilar Molina, secretaria general de gestión del Ministerio Público Tutelar porteño, dijo que «hay una estructura burocrática que hace que muchas veces la gente siga las recomendaciones y la denuncia no se encamina. No basta con difundir canales de denuncia, hay que ir a la raíz de la violencia para no tener más casos como el de Lucio»

«Hay que ir a buscar a las niñas y niños que son hijas/os de madres víctimas de violencia de género, los chicos también sufren violencia. Un niño que esta en una dinámica violenta en su familia, en su adultez tenderá a seguir los parámetros violentos» , dijo Molina.

Indicó que este circuito de retroalimentación de las violencias «se muestra con el hecho de que el 61% de los padres que van a los talleres son hijos de padres violentos» y consideró a la escuela y a los hospitales como «los grandes detectores» de casos aunque «si no fortalecemos esos apoyos y nos dedicamos a abordar solo los casos más graves no vamos a llegar a tiempo en casos como el de Lucio».

En tanto, para el abogado Juan Pablo Gallego, consultor internacional por Unicef y autor del Libro Niñez Maltratada y Violencia de Género, «la espantosa muerte de Lucio pone de manifiesto la ausencia de controles y la desidia judicial en materia de niñez, tratando al niño como mero objeto de medidas, desconociendo su condición de sujetos de derechos y la necesidad de su protección especial».

«Aún cuando se dictan leyes protectorias, no siempre se aplican en los términos que la Convención de Derechos del Niño lo impone», destacó.,

Por su parte, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Adolescentes, Aldo de la Fuente, dijo que a la Justicia «llegan las denuncias de abuso en su mayoría desde los interlocutores de los chicos, padre, madre, su actividad escolar, o club y allí se investiga».

«Pero los niños ya vienen instruidos de estos temas en sus casas o en los colegios a través de la ESI, donde los chicos les comentan a su profesor qué es lo que les esta pasando. Aunque no haya indicios al niño se lo escucha, solo el 2% de las causas de abuso el niño esta inducido a decir que fue abusado», indicó.

El fiscal destacó que en pandemia bajaron en un 50% las denuncias y en un 40% los casos debido a que los niños estaban obligados a convivir con su agresor y destacó que la medida en que se fueron liberando las restricciones ya se retomaron los niveles de casos prepandemia.