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Impuestos

La DGI intensifica el control sobre grandes contribuyentes: claves de la nueva normativa

El ente recaudador estableció criterios más precisos para calificar a los grandes contribuyentes y refuerza la fiscalización a través de la Dirección General Impositiva. El objetivo es intensificar el seguimiento de sectores con alto riesgo fiscal.

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El Argentino Diario-Titular de ARCA.

Un cambio estructural en la fiscalización tributaria

El gobierno oficializó este lunes una actualización integral del régimen de grandes contribuyentes, que ahora estarán bajo el control directo de la Dirección General Impositiva (DGI). La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 5670/2025, busca optimizar la fiscalización de este segmento clave para la recaudación tributaria, estableciendo parámetros más claros y cuantificables para su clasificación.

La nueva normativa reemplaza los criterios genéricos del régimen anterior, como “importancia” o “sector económico”, por indicadores objetivos como volumen de ventas, nivel de empleo, operaciones con divisas y tenencia de bienes. Además, el padrón de grandes contribuyentes será revisado cada dos años, con la posibilidad de incorporar hasta un 10% de nuevos sujetos en casos excepcionales.

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este cambio busca “fortalecer la capacidad operativa de la DGI para garantizar un seguimiento más eficiente de los contribuyentes con mayor impacto fiscal”.

¿Quiénes serán considerados grandes contribuyentes?

La resolución establece que, además de los criterios generales, ciertos sujetos serán incorporados automáticamente al padrón de grandes contribuyentes. Entre ellos se encuentran:

  • Empresas obligadas a presentar el Informe País por País (según la RG 4130).
  • Sujetos con determinación conjunta de precios de transferencia.
  • Contribuyentes en actividades de alta complejidad fiscal.
  • Vehículos de Proyecto Único (VPU) y las sociedades que los integren (según la RG 5590).

El tributarista Sebastián Domínguez destacó que esta inclusión automática responde a la necesidad de intensificar el control sobre estructuras con “potencial riesgo fiscal”. Según Domínguez, “estas medidas apuntan a evitar maniobras de evasión o elusión fiscal en sectores estratégicos, como las grandes exportadoras o empresas con operaciones internacionales complejas”.

Un padrón dinámico y más controlado

El padrón de grandes contribuyentes será revisado de manera obligatoria cada dos años, aunque la normativa permite incorporaciones extraordinarias en casos justificados. Las notificaciones sobre altas o bajas en el padrón se realizarán mediante acto administrativo emitido por la DGI y serán comunicadas a través del Domicilio Fiscal Electrónico o los medios previstos en la Ley 11.683.

Este dinamismo en la gestión del padrón busca adaptarse a los cambios en la economía y en las operaciones de los contribuyentes, garantizando que el control fiscal se mantenga actualizado y focalizado en los sectores de mayor relevancia.

Impacto en la recaudación y el control fiscal

La actualización del régimen de grandes contribuyentes se enmarca en un contexto de creciente presión fiscal y necesidad de optimizar la recaudación. Según datos de la AFIP, los grandes contribuyentes representan aproximadamente el 70% de la recaudación total del país, lo que los convierte en un segmento estratégico para las finanzas públicas.

Sin embargo, este grupo también concentra un alto porcentaje de las maniobras de evasión y elusión fiscal. Un informe de la OCDE de 2023 señaló que las empresas multinacionales y los sectores de alta complejidad fiscal son responsables de hasta el 40% de las pérdidas tributarias en países en desarrollo, debido a prácticas como la subfacturación de exportaciones o el uso de paraísos fiscales.

Con este nuevo esquema, el gobierno busca no solo aumentar la recaudación, sino también reducir las brechas de inequidad fiscal, garantizando que los grandes contribuyentes cumplan con sus obligaciones de manera proporcional a su capacidad económica.

Desafíos y críticas

Si bien la medida ha sido bien recibida por algunos sectores, como los especialistas en tributación, también ha generado críticas. Algunos empresarios han señalado que el endurecimiento de los controles podría aumentar la burocracia y los costos operativos, afectando la competitividad de las empresas. Además, advierten que la falta de transparencia en los procesos de incorporación al padrón podría generar arbitrariedades.

Por otro lado, expertos en política fiscal han señalado que el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de la DGI para implementar los nuevos controles de manera eficiente y sin generar conflictos innecesarios con los contribuyentes.

Un paso hacia la modernización fiscal

La actualización del régimen de grandes contribuyentes representa un avance en la modernización del sistema tributario argentino, alineándose con las recomendaciones internacionales para mejorar la transparencia y la eficiencia en la recaudación. Sin embargo, su implementación plantea desafíos que requerirán un equilibrio entre el control fiscal y la promoción de un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico.

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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