Judiciales ⚖️
Jujuy: Empresario irá a juicio por someter a trabajadores a 30 años de servidumbre
La Justicia federal confirmó el juicio oral contra un productor azucarero acusado de explotar a trabajadores rurales durante más de tres décadas en San Pedro, Jujuy.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal de Salta confirmó la acusación contra un productor rural jujeño
- Está imputado por reducir a la servidumbre a dos trabajadores durante más de 30 años
- Las víctimas vivieron con sus familias en condiciones precarias y sin derechos laborales
- La jueza Mariana Catalano ordenó la apertura del juicio oral
- Se calculó una deuda salarial histórica superior a los $99 millones
Empresario azucarero será juzgado por explotación laboral de más de 30 años
Un productor agropecuario de 50 años, radicado en San Pedro, Jujuy, enfrentará juicio oral tras la confirmación de la acusación por parte de la Cámara Federal de Salta. Está imputado por haber reducido a la servidumbre a dos trabajadores rurales durante más de tres décadas, en uno de los casos de explotación más prolongados registrados en el país en los últimos años.
La jueza Mariana Inés Catalano avaló la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la querella que representa a una de las víctimas. Desestimó los planteos de la defensa y remitió el expediente al Tribunal Oral Federal de Jujuy, que ahora deberá sortear a los magistrados encargados del juicio.
Décadas de trabajo sin descanso, derechos ni condiciones mínimas
De acuerdo con la investigación judicial, las víctimas —identificadas como J.C.V. y F.A.A.— trabajaron durante 31 y 25 años respectivamente en una finca azucarera, en condiciones que incluían jornadas de 12 horas diarias, sin descanso semanal ni vacaciones.
“Ambos hombres y sus familias residían en viviendas precarias sin agua potable, electricidad, gas ni sanitarios”, consigna el fallo. Además, se encontraban obligados a permanecer en el establecimiento para poder cumplir con las tareas asignadas.
Los salarios percibidos en julio de 2023 iban desde los $79.000 hasta los $100.000, montos que estaban por debajo de lo establecido en el convenio colectivo del sector y por debajo del salario mínimo legal.
Descuentos arbitrarios y pobreza estructural
El expediente judicial también documenta que los trabajadores eran sometidos a sanciones disciplinarias y descuentos arbitrarios, lo que limitaba su capacidad de cubrir necesidades básicas. La jueza Catalano concluyó que esta dinámica “los redujo a una situación de explotación y extrema pobreza, pese a trabajar sin descanso durante décadas”.
Los informes indican que no solo se vulneraron sus derechos laborales, sino también condiciones básicas de dignidad y habitabilidad, al mantener a los trabajadores y sus familias en un sistema de dependencia absoluta con el empleador.
Deudas millonarias por salarios impagos
Como parte del proceso, la acusación presentó un cálculo de reparación económica que estima una deuda histórica de $34,8 millones a favor de F.A.A. y $64,3 millones para J.C.V. La cifra se calculó considerando salarios conforme a convenio, horas extras, aguinaldos y vacaciones no gozadas, menos los montos efectivamente percibidos durante el tiempo de explotación.
Comienza la etapa de juicio oral
Con la acusación firme, el Tribunal Oral Federal de Jujuy deberá sortear a los jueces que integrarán el tribunal colegiado encargado de llevar adelante el debate oral. Este proceso pondrá en discusión judicial uno de los casos más graves y prolongados de servidumbre laboral rural que se hayan documentado en la justicia federal argentina.
Judiciales ⚖️
Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones
Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central
El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.
El detalle presentado distingue dos componentes principales:
- US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
- US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.
La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.
El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.
Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili
En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.
Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.
A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:
- Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
- Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
- Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
- Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
- Qué riesgos financieros se asumieron.
- Qué controles se aplicaron durante el proceso.
- Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.
La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.
En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.
El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.
Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro
Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.
El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.
Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».
La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.
Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.
También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.
Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.
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