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Transporte

Sin aumentos ni subsidios: la crisis del transporte público deja a millones a pie

El conflicto salarial en el transporte: empresarios advierten que el “boleto congelado” impide aumentos a colectiveros.

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La parálisis del transporte público en el AMBA deja a millones de pasajeros sin servicio, mientras la patronal del sector argumentó que la falta de actualización tarifaria y la reducción de subsidios estatales imposibilitó otorgar mejoras salariales a los choferes.

Un paro que expuso la crisis del transporte

La jornada de paro de colectivos convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) impactó de lleno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde millones de personas dependieron de alternativas para movilizarse. El conflicto, lejos de ser un hecho aislado, expuso la tensión estructural entre los trabajadores del sector y las empresas nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Luciano Fusaro, presidente de Aaeta, sostuvo que “el reclamo de los choferes es ajuste salarial por inflación, que parece justo y como empresarios nos gustaría darlo, pero el problema es que tenemos el boleto congelado desde hace nueve meses”. Según Fusaro, la reciente suba de tarifas en marzo no benefició a las empresas, ya que “fue para bajar los subsidios” estatales y no para mejorar los ingresos del sector.

Tarifas, subsidios y salarios: un triángulo en tensión

El sistema de transporte público argentino depende de un delicado equilibrio entre tarifas, subsidios y salarios. Desde 2023, el precio del boleto de colectivo en el AMBA permaneció congelado, mientras la inflación acumulada superó el 200% anual, según datos del INDEC. En marzo de 2024, el Gobierno nacional autorizó un aumento de tarifas, pero simultáneamente recortó los subsidios, lo que, según las cámaras empresarias, dejó “la plata igual” para las compañías.

Fusaro explicó que “a diferencia de otras actividades, nosotros no fijamos el precio de lo que hacemos, sino que lo fija el Estado, a partir de una cuenta de nuestros costos”. En esa ecuación, denunció, “no se incluyó una partida para ajustes paritarios”, lo que impidió a las empresas ofrecer una recomposición salarial acorde a la inflación.

La UTA, por su parte, reclamó un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los choferes. El sindicato advirtió que la situación es “insostenible” y que el salario básico quedó muy por debajo de la canasta básica, que en abril superó los $800.000 mensuales para una familia tipo, según el INDEC.

El Estado, árbitro y actor central

El Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Franco Mogetta, reconoció la complejidad del escenario y convocó a una mesa de diálogo, aunque hasta el momento no logró destrabar el conflicto. El Gobierno enfrenta la presión de contener el gasto público y reducir subsidios, en línea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, pero también debe garantizar la continuidad de un servicio esencial para la vida urbana.

Según un informe de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el 85% de los pasajeros del AMBA utiliza el colectivo como principal medio de transporte. La parálisis del sistema no solo afecta la movilidad, sino que también golpea la economía informal y a los sectores más vulnerables, que no pueden costear alternativas como taxis o remises.

Antecedentes y perspectivas

El conflicto actual no es nuevo. En los últimos años, el transporte público argentino atravesó reiteradas crisis por la falta de actualización tarifaria, la inflación y la puja por los subsidios. En 2022 y 2023, episodios similares de paros y negociaciones fallidas derivaron en medidas de fuerza que paralizaron el servicio.

La falta de una política de transporte sostenible y la ausencia de un esquema de financiamiento previsible profundizaron la crisis. Mientras tanto, los usuarios quedan atrapados en el medio de una disputa que parece no tener solución a corto plazo.

Puntos clave del conflicto:

  • El paro de colectivos en el AMBA afectó a millones de pasajeros y visibilizó la crisis del sistema de transporte público.
  • Las empresas del sector, representadas por Aaeta, argumentaron que el congelamiento del boleto y la reducción de subsidios impidieron otorgar aumentos salariales.
  • La UTA reclamó una recomposición salarial acorde a la inflación, que superó el 200% anual según el INDEC.
  • El Estado, que fija tarifas y subsidios, enfrenta la presión de reducir el gasto público sin desfinanciar un servicio esencial.
  • El conflicto expuso la falta de una política de transporte sostenible y la vulnerabilidad de los usuarios.

Economía 💲

Milei entrega Retiro al negocio privado: 30 años de concesión sin un peso del Estado

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación.

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El Gobierno licitará la Terminal de Retiro con financiamiento 100% privado

El Ejecutivo nacional oficializó este viernes el llamado a licitación pública para remodelar y operar la Terminal de Ómnibus de Retiro, el principal nodo de transporte automotor de pasajeros del país.

La medida, formalizada mediante el Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial, declara el proyecto de interés público y pone fin a la concesión que desde 1993 ejerció la empresa TEBA S.A., históricamente vinculada al empresario Néstor Otero, fallecido a fines de 2024.

La nueva concesión tendrá una duración de 30 años y se ejecutará con financiamiento íntegramente privado, sin comprometer recursos del Estado, según precisó el comunicado oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien amplificó el anuncio en sus redes sociales.

Un negocio presentado como modernización

La licitación fue impulsada a partir de una iniciativa privada presentada por cuatro empresas: Inverlat Investments S.A. (propietaria de la cadena Havanna), Service Trade S.A. (vinculada al grupo inmobiliario Narváez, especializado en remates), Inversiones Peirod S.A. y BV Investment S.A.. Estas firmas presentaron la propuesta ante las autoridades competentes, que elaboraron el informe que derivó en la declaración de interés público.

El esquema elegido es la concesión de obra, infraestructura y servicio público. La empresa que resulte adjudicataria asumirá la totalidad de la inversión, operará el sistema y percibirá los ingresos de su explotación comercial; a cambio, deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación. Además, el decreto derogó el llamado licitatorio de 2015, lanzado sin éxito durante la gestión de Mauricio Macri.

El «Zar de Retiro» y tres décadas de zona liberada

La historia de TEBA S.A. en Retiro es, en sí misma, un capítulo emblemático de cómo operan los negocios con el Estado en la Argentina. La empresa obtuvo la concesión original en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, en el marco del ciclo privatizador de aquella década.

El contrato vencía en 2005, pero fue prorrogado de manera directa hasta 2015 sin proceso competitivo alguno. A partir de ese año, la concesión continuó sin licitación vigente; entre 2015 y 2020 operó con el contrato ya expirado, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga acompañada de compromisos de mantenimiento de alcance limitado. Desde entonces, la operación «se sostuvo en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado».

Otero, conocido en el ambiente del transporte como el «Zar de Retiro», también controlaba la estación de trenes de Once, concesión que también le fue otorgada durante el menemismo. En 2018 apareció en la Causa de los Cuadernos de las Coimas, señalado como uno de los empresarios del transporte que habría realizado aportes ilegales al esquema de recaudación durante la gestión kirchnerista. Fue procesado, aunque eso no alteró su control sobre la terminal.

Ya bajo la presidencia de Milei, en diciembre de 2024, fue desalojado de la estación de Once por orden judicial; no obstante, el Ejecutivo libertario no le quitó el dominio de Retiro mientras estuvo con vida. Solo ahora, tras su fallecimiento, el Gobierno avanza formalmente con la licitación.

Lo que el Estado cede, lo que el Estado cobra

El esquema planteado por el gobierno de Milei sigue la lógica central de su gestión: retirar al Estado como agente de inversión y relegar su rol al de cobrador de un canon. En ese modelo, quien controle la terminal por 30 años concentrará ingresos provenientes de alquileres de locales comerciales, tasas a las empresas de micros, estacionamiento, consigna, servicios y explotación de baños, entre otros rubros.

La determinación del valor del canon, su mecanismo de actualización y las condiciones de la ecuación económica que garantice inversión real, aún no están definidas: quedarán fijadas en los pliegos que elabore el Ministerio de Economía.

El Gobierno aseguró que la continuidad del servicio estará garantizada durante el período de transición: TEBA S.A., en su actual condición de operador precario y revocable, continuará a cargo hasta que se adjudique la nueva concesión.

Por la terminal pasan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, y se realizan más de 300 mil servicios anuales hacia destinos nacionales e internacionales.

Puntos clave

  • El Decreto 273/2026 oficializó la licitación pública de la Terminal de Ómnibus de Retiro con financiamiento 100% privado y concesión por 30 años.
  • La iniciativa fue presentada por cuatro empresas privadas, entre ellas Inverlat Investments S.A. (dueña de Havanna) y Service Trade S.A. (grupo Narváez).
  • La concesión de TEBA S.A., iniciada en 1993 bajo el menemismo, operó con contratos vencidos o en condiciones precarias desde 2005.
  • El adjudicatario asumirá toda la inversión y explotación; el Estado recibirá un canon mensual cuya magnitud se definirá en los pliegos.
  • El Ministerio de Economía elaborará los pliegos y resolverá la adjudicación; el servicio continuará sin interrupciones durante la transición.
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