La parálisis del transporte público en el AMBA deja a millones de pasajeros sin servicio, mientras la patronal del sector argumentó que la falta de actualización tarifaria y la reducción de subsidios estatales imposibilitó otorgar mejoras salariales a los choferes.

Un paro que expuso la crisis del transporte

La jornada de paro de colectivos convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) impactó de lleno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde millones de personas dependieron de alternativas para movilizarse. El conflicto, lejos de ser un hecho aislado, expuso la tensión estructural entre los trabajadores del sector y las empresas nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Luciano Fusaro, presidente de Aaeta, sostuvo que “el reclamo de los choferes es ajuste salarial por inflación, que parece justo y como empresarios nos gustaría darlo, pero el problema es que tenemos el boleto congelado desde hace nueve meses”. Según Fusaro, la reciente suba de tarifas en marzo no benefició a las empresas, ya que “fue para bajar los subsidios” estatales y no para mejorar los ingresos del sector.

Tarifas, subsidios y salarios: un triángulo en tensión

El sistema de transporte público argentino depende de un delicado equilibrio entre tarifas, subsidios y salarios. Desde 2023, el precio del boleto de colectivo en el AMBA permaneció congelado, mientras la inflación acumulada superó el 200% anual, según datos del INDEC. En marzo de 2024, el Gobierno nacional autorizó un aumento de tarifas, pero simultáneamente recortó los subsidios, lo que, según las cámaras empresarias, dejó “la plata igual” para las compañías.

Fusaro explicó que “a diferencia de otras actividades, nosotros no fijamos el precio de lo que hacemos, sino que lo fija el Estado, a partir de una cuenta de nuestros costos”. En esa ecuación, denunció, “no se incluyó una partida para ajustes paritarios”, lo que impidió a las empresas ofrecer una recomposición salarial acorde a la inflación.

La UTA, por su parte, reclamó un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los choferes. El sindicato advirtió que la situación es “insostenible” y que el salario básico quedó muy por debajo de la canasta básica, que en abril superó los $800.000 mensuales para una familia tipo, según el INDEC.

El Estado, árbitro y actor central

El Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Franco Mogetta, reconoció la complejidad del escenario y convocó a una mesa de diálogo, aunque hasta el momento no logró destrabar el conflicto. El Gobierno enfrenta la presión de contener el gasto público y reducir subsidios, en línea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, pero también debe garantizar la continuidad de un servicio esencial para la vida urbana.

Según un informe de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el 85% de los pasajeros del AMBA utiliza el colectivo como principal medio de transporte. La parálisis del sistema no solo afecta la movilidad, sino que también golpea la economía informal y a los sectores más vulnerables, que no pueden costear alternativas como taxis o remises.

Antecedentes y perspectivas

El conflicto actual no es nuevo. En los últimos años, el transporte público argentino atravesó reiteradas crisis por la falta de actualización tarifaria, la inflación y la puja por los subsidios. En 2022 y 2023, episodios similares de paros y negociaciones fallidas derivaron en medidas de fuerza que paralizaron el servicio.

La falta de una política de transporte sostenible y la ausencia de un esquema de financiamiento previsible profundizaron la crisis. Mientras tanto, los usuarios quedan atrapados en el medio de una disputa que parece no tener solución a corto plazo.

Puntos clave del conflicto:

• El paro de colectivos en el AMBA afectó a millones de pasajeros y visibilizó la crisis del sistema de transporte público.
• Las empresas del sector, representadas por Aaeta, argumentaron que el congelamiento del boleto y la reducción de subsidios impidieron otorgar aumentos salariales.
• La UTA reclamó una recomposición salarial acorde a la inflación, que superó el 200% anual según el INDEC.
• El Estado, que fija tarifas y subsidios, enfrenta la presión de reducir el gasto público sin desfinanciar un servicio esencial.
• El conflicto expuso la falta de una política de transporte sostenible y la vulnerabilidad de los usuarios.