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Juicio por Rafael Nahuel: testificó perito que confirmó que hubo persecución a comunidad mapuche

Esos testimonios son trascendentes para el futuro del proceso judicial, debido a que se expondrán las contradicciones de las tres pericias balísticas realizadas durante la instrucción de la causa.

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El-Argentino-Rafael Nahuel.

Un testimonio clave se sumó este martes en el juicio oral y público que se lleva adelante por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en 2017, cuando el perito balístico Roberto Nigris detalló que las vainas servidas de proyectiles 9 mm que se encontraron durante la inspección ocular estaban en un trayecto «de cien metros», lo que demuestra para las querellas que existió una persecución por parte de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval contra los miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi.

Nigris, por otra parte, defendió la primera pericia balística realizada -y de la que participó- que arrojó como resultado que el disparo mortal provino de un subfusil MP5, que con posterioridad se confirmó que pertenecía al equipo entregado al cabo primero Francisco Javier Pintos.

El perito balístico se mostró sorprendido por la decisión de realizar una segunda pericia, que el juez subrogante Gustavo Villanueva solicitó a Gendarmería, e intentó presenciar dicho trabajo, pero esa posibilidad le fue negada por el Juzgado Federal de Bariloche.

Esa segunda pericia, realizada por una fuerza de seguridad dependiente del mismo ministerio que conducía Patricia Bullrich, arrojó un resultado contrario a la primera.

Nigris aseguró ante el Tribunal Oral Federal de General Roca que técnicamente esa pericia no cumplió con las exigencias mínimas para determinar el vínculo entre un proyectil y un arma.

Durante la instrucción de la causa, y en función de la mencionada contradicción en la pericia, el juzgado ordenó un tercer estudio de ese tipo, en este caso a cargo de una dependencia del Ministerio Público de Salta.

Previo a esa pericia, Nigris recibió un llamado por parte del Juzgado consultándolo si tenía en su poder el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y el arma MP5 señalada inicialmente como la utilizada para el disparo mortal.

«Sentí molestia por esa llamada», planteó el profesional ya que transparentaba que el Juzgado desconocía si se había garantizado la cadena de custodia de la bala y del arma cuestionada.

El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel que realiza el Tribunal Oral Federal de General Roca entró esta semana en una etapa clave, ya que deben testificar los peritos que intervinieron en las diligencias realizadas sobre las armas y proyectiles que utilizaron los integrantes de la agrupación Albatros, grupo de elite de la Prefectura Naval Argentina, acusados por el homicidio.

Esos testimonios son trascendentes para el futuro del proceso judicial, debido a que se expondrán las contradicciones de las tres pericias balísticas realizadas durante la instrucción de la causa.

Rafael Nahuel fue asesinado durante una represión de los Albatros ocurrida el 25 de noviembre de 2017, en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la zona del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro.

Para la audiencia de hoy y mañana fueron citados siete peritos, quienes participaron tanto de la autopsia al cuerpo de Nahuel, como de las pericias sobre las armas de los Albatros y el proyectil extraído del cuerpo de la víctima.

Libertad de prensa

El Gobierno impuso nuevas normas y restricciones a la prensa dentro de Casa Rosada

Tras diez días de clausura, el Ejecutivo reabrió la sala de periodistas bajo un estricto régimen de confinamiento. Vidrios esmerilados y prohibición de circular por áreas comunes marcan el nuevo protocolo de la Casa Militar.

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El Gobierno blindó la Rosada y restringe la libertad de prensa

La Casa Rosada dejó de ser un ámbito de trabajo periodístico para transformarse en un búnker de acceso restringido. Luego de mantener las puertas cerradas durante diez días, el Gobierno nacional habilitó este lunes el reingreso de los acreditados, aunque bajo condiciones que anulan la posibilidad de fiscalizar el movimiento de los funcionarios públicos. La medida, diseñada por la Casa Militar, impuso un nuevo protocolo de seguridad que elimina la circulación por sectores históricos y de uso común del Palacio de Gobierno.

Un laberinto de vidrios esmerilados y restricciones

La nueva disposición, confirmada por fuentes oficiales del organismo de seguridad presidencial, alteró incluso el modo de ingreso al edificio. Los trabajadores de prensa ya no pudieron utilizar el acceso por Balcarce 24 con huella biométrica, sino que fueron derivados a Balcarce 78, donde se les exigió DNI y credencial en mano. Una vez en el interior, el panorama resultó distópico: el Gobierno ordenó esmerilar todos los vidrios de los pasillos internos que dan al Patio de Palmeras, impidiendo cualquier registro visual de lo que sucede en el corazón de la sede gubernamental.

La restricción es total sobre áreas de tránsito histórico. El Patio de Palmeras, el balcón del primer piso y el Patio de Malvinas quedaron inhabilitados para la prensa. Esta decisión impide que los periodistas puedan divisar el Salón de los Bustos, punto neurálgico donde se registran habitualmente los ingresos y egresos de ministros y secretarios de Estado. La circulación quedó limitada exclusivamente a la sala de prensa, sanitarios y cafeterías, cercenando el derecho a la búsqueda de información en los pasillos del ala Oeste, donde se encuentran los despachos de Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Antecedentes de persecución y censura

El endurecimiento del control ocurrió tras un informe del canal TN que utilizó dispositivos tecnológicos de grabación en áreas comunes. La respuesta oficial, comandada por el coronel mayor Sebastián Ibáñez, fue una denuncia penal contra el periodista y la producción. En sintonía, la Secretaría de Comunicación y Prensa, bajo la órbita de Javier Lanari, ejecutó la baja de la acreditación del cronista involucrado antes de extender la clausura a todo el cuerpo de prensa acreditado.

Estas limitaciones, que no fueron informadas al momento de la renovación anual de las acreditaciones, se dan en un contexto de extrema sensibilidad política. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindó su primera conferencia de prensa tras el parate, enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. El blindaje del edificio gubernamental parece buscar, más que una protección de la seguridad nacional, un resguardo ante el asedio de las preguntas sobre las inconsistencias patrimoniales del funcionario y el uso de recursos públicos para fines personales.

Puntos clave:

  • El Gobierno rehabilitó la sala de prensa tras diez días de clausura arbitraria.
  • Se prohibió el acceso al Patio de Palmeras, balcón del primer piso y pasillos del ala Oeste.
  • La Casa Militar ordenó esmerilar los vidrios para evitar que se vea el ingreso de funcionarios.
  • El ingreso se modificó a Balcarce 78, eliminando el sistema biométrico para periodistas.
  • La medida ocurre mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por la Justicia Federal.

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