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APDH alerta sobre la situación de pueblos originarios en Bariloche

La Asamblea expresó su preocupación por el arribo de personal y pertrerechos militares enviados por el Gobierno Nacional.

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su enorme preocupación, tras haber tomado conocimiento del arribo de personal y pertrechos militares a la ciudad de Bariloche, por tierra y por aire, enviados por el Gobierno Nacional a fin de intervenir en el conflicto existente en la Villa Mascardi.

Ello a pedido de la gobernadora de Río Negro, instada por grupos ligados a lo que se ha dado en llamar “Consenso Bariloche”, en donde activa la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, con el fin de intervenir en la zona en conflicto, por la recuperación de tierras de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Como ya hemos reiterado, la vía de solución de este conflicto y de tantos otros existentes en nuestro país con los pueblos originarios es el diálogo, como indica el Convenio 169 de la OIT y no la criminalización de los mismos. Hacer valer los derechos garantizados en la Constitución Nacional, legislar la propiedad comunitaria, relevar seriamente las tierras (ley 26.160) y entregar las necesarias para una vida digna es una deuda del Gobierno Nacional y Provincial.

La movilización y presencia de efectivos y de pertrechos militares y el comando unificado establecido no parecen facilitar ni promover el diálogo requerido ante la emergencia, lo que podría derivar en un procedimiento represivo, de impredecibles consecuencias, como ocurriera tiempo atrás, y que terminara el 25 de noviembre de 2017 con el asesinato de Rafael Nahuel, crimen aún impune.

La política en este conflicto no puede imponerla quienes se identifican abiertamente con la ideología de la Conquista del Desierto. Creemos que deben instrumentarse mecanismos de un diálogo pacífico que lleve a una solución, evitando acciones represivas que sabemos en qué terminan, y que históricamente han sufrido los pueblos originarios y aún la padecen en todo nuestro país.

Repudiamos de la misma manera la denuncia efectuada por Patricia Bullrich, López Murphy y sus allegados en contra de los compañeros miembros del INAI, de la comunidad Buenuleo, de los integrantes de la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH, Felisa Curamil, Nahuel Loncoman al igual que otros refrentes como el Werken Orlando Carriqueo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro como miembros del RAM, valiéndose para ello de la antidemocrática ley contra el terrorismo.

Es por ello que requerimos la urgente intervención de las autoridades nacionales para que por donde corresponda, se logre evitar que este grave conflicto escale y provoque consecuencias irreparables.

DDHH

Revocaron sobreseimientos a gendarmes acusados por Santiago Maldonado

El fallo advirtió que el juez Lleral repitió casi calcados en su resolución de 2023 -que es la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes.

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ha tomado la decisión de anular los sobreseimientos de los gendarmes implicados en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017. Además, ha decidido apartar al juez que había considerado en dos ocasiones que no se habían cometido delitos.

El juez en cuestión es Gustavo Lleral, quien ha sido apartado por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez del tribunal patagónico. El juez que tomará el relevo en el caso, siendo el tercero desde que comenzó la investigación, será Federico Calvete, titular del juzgado federal de Ushuaia.

Además, la Cámara de Comodoro Rivadavia ha ordenado la realización de las pruebas pendientes solicitadas por las querellas, incluyendo la de Sergio Maldonado, hermano de la víctima. El tribunal también ha aceptado las propuestas de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que también son querellantes.

El fallo señala que el juez Lleral repitió casi textualmente en su resolución de 2023 -la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes. Por lo tanto, los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra volverán a estar bajo investigación.

Mientras tanto, la Cámara ya había anulado los sobreseimientos y ordenado la profundización de las líneas de investigación, algo que -según el criterio expresado en la resolución de hoy- no ocurrió. La Cámara recordó que la hipótesis inicial de la investigación, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno”.

No obstante, los camaristas destacaron que “ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar -como proponía el magistrado de la anterior instancia- que el deceso de Santiago Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal”. El tribunal ordenó profundizar en líneas de investigación inexploradas hasta ahora “para terminar de despejar los interrogantes que se habían suscitado luego de la autopsia, y así dar por concluida la investigación”.

La Cámara recomendó al nuevo juez del caso “que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas prueba aquí propuestas, así como todas aquellas que estime pertinentes, a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”. Para ello, deberá “arbitrar todos aquellos medios y recursos que a tales fines resulten necesarios”.

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