Pobreza
Dato versus relato: según el INDEC la pobreza subió 3 puntos, pero Milei sigue con la mentira de “15 millones rescatados”
La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC confirmó que la pobreza alcanzó al 30% de la población en el primer trimestre de 2026, más de 3 puntos porcentuales por encima del tercer trimestre del año anterior. Los datos contradicen la afirmación del presidente Javier Milei de haber sacado «15 millones de personas de la pobreza» y revelan que el ajuste libertario golpea con más fuerza a quienes menos tienen.
La medición oficial más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), registró que la pobreza trepó al 30% de la población en el primer trimestre de 2026. El dato, que implica una suba de más de 3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2025, se publicó en un momento en que el presidente Javier Milei insistía en uno de sus discursos en que su gobierno «sacó 15 millones de personas de la pobreza»; una afirmación que los propios datos oficiales no respaldan.
El relato oficial frente a los números del INDEC
La operación discursiva del gobierno libertario parte de una comparación engañosa. Milei tomó como punto de partida el primer semestre de 2024, cuando la pobreza llegó al 52,9%, momento en que la gestión propia ya llevaba más de seis meses. El índice al momento de la asunción, en diciembre de 2023, era del 41,7%: 11 puntos porcentuales menos que el pico que el Presidente suele citar. La diferencia no es menor: el salto inicial de la pobreza en los primeros meses del gobierno fue consecuencia directa del shock devaluatorio y tarifario que el propio equipo económico diseñó.
A eso se suma un cambio metodológico clave que relativiza parte de la baja posterior. A finales de 2024, el INDEC modificó su cuestionario para captar con mayor precisión ingresos no laborales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar o pensiones y becas. Esa mejora estadística contribuyó mecánicamente a reducir la medición de pobreza, sin que ello implicara una mejora real equivalente en el bolsillo de los hogares.
Por qué subió la pobreza en el primer trimestre
El rebote del primer trimestre de 2026 tiene explicación concreta. Según el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Alejo Giannocchini, «entre mediados de 2024 y mediados de 2025 las canastas aumentaron menos que la inflación y eso explicaba en parte la caída de la pobreza. A partir de finales de 2025 ese proceso se invierte y las canastas crecen por arriba del IPC promedio». El tercer trimestre de 2025 además se vio favorecido por el impacto del aguinaldo, que mejora transitoriamente los ingresos de los hogares, lo que hace aún más marcada la comparación con el primer trimestre siguiente.
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, los alimentos subieron sostenidamente de la mano de tensiones cambiarias que reavivaron la presión inflacionaria. En paralelo, los salarios registrados perdieron contra la inflación en ocho de los últimos nueve meses, según los datos del propio INDEC, y tanto el sector público como el privado formal se encuentran por debajo de los ya deteriorados niveles de diciembre de 2023. Daniel Schteingart, director de desarrollo productivo de Fundar, señaló además que parte de la baja previa de la pobreza se explicó porque «la gente declara mejor que antes» en la EPH, no necesariamente porque haya mejorado su situación material.
La Canasta Básica Total: el umbral que el Gobierno no actualiza
Otro factor que subestima la magnitud real de la pobreza es la metodología de la Canasta Básica Total (CBT), el umbral que determina quién es pobre en Argentina. Su composición sigue basada en datos de 2004/2005, a pesar de que el INDEC cuenta con estadísticas más recientes de 2017/2018. Esa actualización, que el organismo estadístico tenía lista, fue bloqueada por el ministro de Economía Luis Caputo, lo que derivó en la renuncia del entonces director del INDEC, Marco Lavagna, en febrero de 2026.
La canasta desactualizada no refleja el peso que hoy tienen el acceso a internet, la telefonía móvil y los servicios públicos en el presupuesto familiar. Estudios del Observatorio Social de la Deuda de la UCA y de la consultora Equilibra estiman que, con una CBT actualizada, el umbral mínimo para una familia tipo estaría cerca de los $2.000.000 mensuales, cuando la versión oficial apenas supera el millón y medio. Ese solo cambio metodológico haría subir la pobreza en varios puntos adicionales.
El empleo que no alcanza
Más allá de las discusiones estadísticas, la economía real muestra señales inequívocas de deterioro social. Según datos del INDEC, desde el inicio de la gestión libertaria se perdieron 340.000 empleos registrados y 28.000 empresas cerraron sus puertas. El consumo masivo, incluidos los alimentos, se retrajo mes a mes. La inflación no cedió durante diez meses consecutivos, y el costo de los servicios públicos acumuló subas superiores al 500% desde diciembre de 2023, según datos del IIEP (UBA-CONICET): transporte con casi un 900%, gas con 748%, agua con 365% y electricidad con 339%.
Ese contexto configura un escenario donde la recuperación del poder adquisitivo que el Gobierno anuncia choca con la persistencia de una pobreza estructural que los propios números oficiales, aun con sus limitaciones metodológicas, no logran ocultar.
Puntos clave
- La pobreza alcanzó al 30% de la población en el primer trimestre de 2026, según la EPH del INDEC.
- El índice subió más de 3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2025, cuando había impactado el aguinaldo.
- Milei tomó como punto de comparación el 52,9% del primer semestre de 2024, pico generado por el propio shock devaluatorio inicial de su gestión.
- La Canasta Básica Total sigue calculada con datos de 2004/2005; su actualización fue bloqueada por el ministro Caputo, lo que provocó la renuncia del director del INDEC.
- Desde diciembre de 2023 se perdieron 340.000 empleos registrados y cerraron 28.000 empresas, con salarios que pierden contra la inflación en forma sostenida.
Consumo
Las fintech piden más datos al BCRA en vez de mirar al ajuste que destruyó el poder de pago
La Cámara Argentina Fintech reclamó al Banco Central que reduzca el rezago de 60 días en la Central de Deudores y amplíe el acceso a información crediticia. El sector reconoció que casi 3 de cada 10 tomadores de crédito registran atrasos de más de 90 días, mientras el crédito total a las familias supera los 82 billones de pesos y 13,5 billones ya están en situación irregular.
En medio de la peor crisis de morosidad familiar desde la salida de la convertibilidad, la Cámara Argentina Fintech salió a reclamar más datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, de paso, a bajar su propia responsabilidad en el derrumbe crediticio que ahoga a millones de hogares. El sector, que en pocos años multiplicó por 20 su base de clientes, pidió este jueves «soluciones compartidas» frente a la mora y orientó buena parte de su diagnóstico hacia la falta de información disponible, la carga impositiva y la necesidad de mayor educación financiera, sin mencionar el impacto del ajuste sobre los ingresos de los trabajadores.
Un reclamo al BCRA en medio de la tormenta
La entidad que agrupa a billeteras virtuales y bancos digitales señaló que la Central de Deudores del BCRA refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días, lo que a su juicio impide evaluar correctamente el riesgo crediticio y facilita la acumulación de deuda. Para la Cámara, reducir ese plazo «permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito». El planteo suena razonable en abstracto, pero encubre una demanda más profunda: que el regulador entregue al sector privado más y mejores datos sobre los ciudadanos que solicitan financiamiento, en un contexto donde el organismo ya promueve el Sistema de Finanzas Abiertas, que habilitaría compartir información personal entre distintas entidades bajo el principio de que «las personas son dueñas de sus datos».
La Cámara también reclamó revisar la carga impositiva de los proveedores, argumentando que «termina elevando el costo que afrontan quienes acceden a un crédito». Una posición que se inscribe en el viejo argumento del sector financiero contra la tributación, sin problematizar que esa misma desregulación y reducción de cargas impositivas fue uno de los ejes del gobierno de Javier Milei desde su primer día.
Los números que el sector no quiere encabezar
Según datos de la consultora Analytica, casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de sus cuotas. En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos, de los cuales 13,5 billones, el 16,3% del total, se encuentran en situación irregular. La distribución del problema revela que los bancos concentran el 81,1% del crédito total (67,2 billones de pesos) y explican el 63,3% del monto irregular (8,5 billones). Las fintech, en cambio, representan el 11,7% del crédito (9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular (2,2 billones). Completan el cuadro otros proveedores no bancarios, con el 7,1% del crédito y el 20,4% de la deuda irregular.
La Cámara subrayó que el sector fintech «concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias», una frase técnicamente correcta pero que omite que la tasa de irregularidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicados en julio pasado. El propio crecimiento del sector, que pasó de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones en la actualidad, amplió el universo de deudores en una franja de la población que frecuentemente no accede al crédito bancario y carga con mayor vulnerabilidad económica.
El contexto que el comunicado no menciona
La Cámara Argentina Fintech describió al crédito como «una herramienta indispensable para el desarrollo» y señaló que en Argentina «el crédito al sector privado representa apenas el 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe». Sin embargo, el comunicado evitó cualquier referencia a las causas estructurales de la crisis de pago: la caída del poder adquisitivo del salario real acumulada desde diciembre de 2023, los tarifazos que trasladaron más del 525% de aumento en servicios públicos según el IIEP (UBA-CONICET), los despidos masivos en el sector público y la retracción del consumo, todos fenómenos directamente ligados al programa de ajuste del gobierno libertario que el sector fintech no cuestionó.
Las fintech llegaron a segmentos históricamente excluidos del sistema bancario: los 10 millones de clientes actuales incluyen 3,8 millones que no tienen acceso al crédito bancario. Eso tiene valor desde el punto de vista de la inclusión financiera formal, pero también implica que el sector captó a poblaciones de mayor vulnerabilidad en un momento de contracción económica sostenida. La morosidad récord no es un problema de información crediticia, es el síntoma de una economía que exprimió a sus sectores más frágiles hasta el límite.
¿Más datos o más regulación?
El planteo de la Cámara se sostiene sobre una premisa discutible: que mejor información crediticia reduciría la mora. Pero los datos disponibles sugieren otra lectura. La irregularidad trepó de manera sostenida durante 19 meses consecutivos, según el CEPA, en paralelo con el avance de las herramientas de análisis crediticio que el propio sector fintech describe como su ventaja competitiva. El problema no es solo que los prestadores no saben a quiénes prestan: el problema es que millones de personas que recurrieron al crédito para sostener su consumo ya no pueden pagarlo porque sus ingresos reales se derrumbaron.
En ese escenario, la demanda de más datos al BCRA y menos impuestos al sector es una respuesta del mercado financiero que apunta a proteger su rentabilidad antes que a resolver la crisis de las familias endeudadas. La deuda irregular de 13,5 billones de pesos no es una estadística abstracta: son personas que dejaron de pagar porque el ajuste que el sector no cuestionó les quitó los medios para hacerlo.
Puntos clave
- Casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran atrasos de más de 90 días, según datos de Analytica.
- El crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos; 13,5 billones, el 16,3%, están en situación irregular.
- Las fintech pasaron de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones, de los cuales 3,8 millones no acceden al crédito bancario.
- La Cámara Argentina Fintech reclamó al BCRA reducir el rezago de la Central de Deudores de 60 días y ampliar el acceso a información crediticia personal.
- La morosidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según el CEPA.
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