Legislativo
Villarruel habilitó a Fernández Sagasti a votar de forma remota en la sesión por la extranjerización de tierras
La vicepresidenta firmó un decreto para que la senadora kirchnerista de Mendoza, con 32 semanas de embarazo de riesgo y prohibición médica de viajar, participe con voz y voto de la sesión del jueves, donde se debatirá la polémica ley que habilita la venta de tierras a extranjeros.
La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto que habilita de manera individual, excepcional y transitoria a la senadora kirchnerista por Mendoza Anabel Fernández Sagasti a participar con voz y voto de forma remota en la sesión prevista para el próximo jueves en la Cámara Alta. En esa jornada se debatirá el polémico proyecto denominado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que habilita la extranjerización de tierras rurales argentinas y que el kirchnerismo rechaza de manera categórica.
Fernández Sagasti, de 42 años, cursa un embarazo de 32 semanas catalogado por la medicina como de riesgo, lo que le impide trasladarse desde Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires. El certificado médico firmado por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis Lagomaggiore le prescribe reposo relativo y establece una contraindicación expresa para realizar esfuerzos y viajes por cualquier medio de transporte.
La condición: el pleno del Senado debe convalidar la habilitación
El decreto de Villarruel no es de aplicación automática. Según el texto, la habilitación de la legisladora para intervenir a distancia deberá ser convalidada por el pleno del Senado con la mitad más uno de los votos al inicio de la sesión. Fuentes de La Cámpora precisaron que esa mayoría equivale a 37 senadores presentes. Si la instancia prospera, el interbloque Popular contaría con sus 25 representantes plenamente activos, en una votación que se prevé reñida.
El antecedente: el decreto de Cristina Kirchner durante la pandemia
El instrumento firmado por Villarruel se apoya en un precedente de peso institucional: el decreto que la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en 2020 durante la pandemia de coronavirus, que obligó al Senado a adoptar un formato híbrido de funcionamiento que incluía la virtualidad. Aquel esquema fue judicializado, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la modalidad remota como mecanismo válido para deliberar y adoptar decisiones legislativas.
La medida reviste un cariz político significativo. Villarruel, vicepresidenta de un gobierno que impulsa el proyecto de extranjerización de tierras, habilitó la participación de una de sus principales detractoras dentro de la Cámara Alta. La decisión puede leerse tanto como un gesto institucional hacia el funcionamiento pleno del Senado como una señal de que la conducción de la Cámara no busca condicionar el resultado de la sesión restringiendo la presencia opositora.
La sesión del jueves: tierras en el centro del debate
El proyecto que se debatirá el jueves es uno de los más controvertidos de la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei. La denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» habilita, entre otros aspectos, la venta de tierras rurales a ciudadanos y empresas extranjeras, flexibilizando las restricciones vigentes en materia de soberanía territorial. El kirchnerismo, junto a otros bloques de la oposición, rechazó la iniciativa por considerar que afecta la soberanía alimentaria y la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
Fernández Sagasti es una de las voces más activas del bloque kirchnerista en el Senado. En los últimos meses impulsó, junto a otros legisladores del Partido Justicialista, el pedido de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni y firmó documentos que denuncian las condiciones de detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su participación en la sesión del jueves, aunque sea de forma remota, tiene una carga simbólica y política que excede el resultado de la votación.
Puntos clave
- Villarruel firmó un decreto individual, excepcional y transitorio para habilitar el voto remoto de Fernández Sagasti.
- La senadora tiene 32 semanas de embarazo de riesgo y prohibición médica de viajar, certificada por el Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza.
- La habilitación requiere ser convalidada por el pleno del Senado con mayoría simple al inicio de la sesión.
- El antecedente legal es el decreto de Cristina Kirchner en 2020, avalado posteriormente por la Corte Suprema.
- En la sesión del jueves se debatirá la polémica Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilita la venta de tierras a extranjeros.
Comunidad 👥
Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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