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DDHH

El Estado dará reconocimiento de reparación histórica a una mujer trans víctima de la dictadura

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación resolvió dar lugar a su reclamo, quien será la primera persona de su condición en obtener este reconocimiento por parte del Estado Nacional, beneficio previsto en la Ley 24.043 para personas detenidas por motivos políticos durante la última dictadura cívico-militar.

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Karina Pintarelli, una mujer trans de 64 años, obtuvo el reconocimiento y una histórica reparación por parte del Estado Nacional por las violencias sufridas durante la última dictadura cívico-militar, en virtud de las detenciones reiteradas y arbitrarias con motivo de su identidad de género de las que fue víctima sistemáticamente por aplicación de los edictos policiales, se informó hoy.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación resolvió dar lugar al reclamo de Pintarelli quien será la primera mujer trans en obtener este reconocimiento por parte del Estado Nacional y el beneficio previsto en la Ley 24.043 para personas detenidas por motivos políticos en el contexto de la dictadura cívico-militar.

El informe técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es acorde a la posición sostenida por Karina Pintarelli y dio por probado “el ensañamiento contra las personas trans como parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional”, precisó la organización AboSex, que acompaña a mujer desde 2018.

Asimismo, aseguró que el dictamen destacó el carácter “dinámico” de la política reparatoria integral; el rol de la Policía Federal en el marco del terrorismo de Estado y, muy particularmente, el uso de las contravenciones como herramienta represiva, y concluyó que el “…Estado asume aquí que las mujeres trans, en su encarnación del género, fueron consideradas agentes subversivos”.

En 2015, AboSex junto a más de 200 organizaciones lanzó la campaña “Reconocer es Reparar” exigiendo una ley de reparación para las víctimas de la violencia institucional por motivo de identidad de género.

En el marco de esa campaña, AboSex, la organización No Tan Distintes Mujeres LGTBQI+ en situación de vulnerabilidad social y el Observatorio de Género en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires acompañaron a Pintarelli en la lucha por la restitución de sus derechos.

La solicitud de reparación fue presentada ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2020, dejando constancia de las violencias sufridas como víctima de la violencia del terrorismo de Estado, innumerables detenciones por la aplicación sistemática de los Edictos de la Policía Federal Argentina, en particular los incisos 2F y 2H a partir de 1976, figuras que criminalizaban su identidad de género.

Luego del regreso de la democracia Pintarelli fue víctima de otros episodios de violencia por parte del Estado, como “experiencias de patologización, institucionalización y marginalización”.

Este precedente es un “reconocimiento histórico de la violencia por motivos políticos y de odio de género”, señaló AboSex y consideró que el mismo “dará lugar a la reparación integral de todas las violencias institucionales que padeció”.

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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