DDHH
El Estado dará reconocimiento de reparación histórica a una mujer trans víctima de la dictadura
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación resolvió dar lugar a su reclamo, quien será la primera persona de su condición en obtener este reconocimiento por parte del Estado Nacional, beneficio previsto en la Ley 24.043 para personas detenidas por motivos políticos durante la última dictadura cívico-militar.
Karina Pintarelli, una mujer trans de 64 años, obtuvo el reconocimiento y una histórica reparación por parte del Estado Nacional por las violencias sufridas durante la última dictadura cívico-militar, en virtud de las detenciones reiteradas y arbitrarias con motivo de su identidad de género de las que fue víctima sistemáticamente por aplicación de los edictos policiales, se informó hoy.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación resolvió dar lugar al reclamo de Pintarelli quien será la primera mujer trans en obtener este reconocimiento por parte del Estado Nacional y el beneficio previsto en la Ley 24.043 para personas detenidas por motivos políticos en el contexto de la dictadura cívico-militar.
El informe técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es acorde a la posición sostenida por Karina Pintarelli y dio por probado “el ensañamiento contra las personas trans como parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional”, precisó la organización AboSex, que acompaña a mujer desde 2018.
Asimismo, aseguró que el dictamen destacó el carácter “dinámico” de la política reparatoria integral; el rol de la Policía Federal en el marco del terrorismo de Estado y, muy particularmente, el uso de las contravenciones como herramienta represiva, y concluyó que el “…Estado asume aquí que las mujeres trans, en su encarnación del género, fueron consideradas agentes subversivos”.
En 2015, AboSex junto a más de 200 organizaciones lanzó la campaña “Reconocer es Reparar” exigiendo una ley de reparación para las víctimas de la violencia institucional por motivo de identidad de género.
En el marco de esa campaña, AboSex, la organización No Tan Distintes Mujeres LGTBQI+ en situación de vulnerabilidad social y el Observatorio de Género en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires acompañaron a Pintarelli en la lucha por la restitución de sus derechos.
La solicitud de reparación fue presentada ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2020, dejando constancia de las violencias sufridas como víctima de la violencia del terrorismo de Estado, innumerables detenciones por la aplicación sistemática de los Edictos de la Policía Federal Argentina, en particular los incisos 2F y 2H a partir de 1976, figuras que criminalizaban su identidad de género.
Luego del regreso de la democracia Pintarelli fue víctima de otros episodios de violencia por parte del Estado, como “experiencias de patologización, institucionalización y marginalización”.
Este precedente es un “reconocimiento histórico de la violencia por motivos políticos y de odio de género”, señaló AboSex y consideró que el mismo “dará lugar a la reparación integral de todas las violencias institucionales que padeció”.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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