DDHH
Atroz: un represor reivindicó el robo de bebés y dijo que «tienen la sangre maldita»
Se trata de Alberto Daniel Rey Pardellas, quien se desempeñó en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, quien mientras era enjuiciado hizo estás declaraciones y se refirió directamente a Cabandié y Wado de Pedro como ejemplos.
Un acusado por delitos de lesa humanidad afirmó durante un juicio el “sentido humanitario” del robo de bebés durante la dictadura y denunció que algunos de los nietos recuperados tienen “la sangre maldita”.
Se trata de Alberto Daniel Rey Pardellas, quien se desempeñó en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca y está acusado por 90 casos de secuestros y tormentos, un homicidio y tres casos de lesiones gravísimas, en el marco de una asociación ilícita.
Según una investigación de la periodista Luciana Bertoia, Rey Pardellas reescribió el delito de la apropiación de hijos de desaparecidos como un acto “humanitario” de los apropiadores.
“Es un estribillo común de la prédica izquierdista de posguerra decir que aquí no hubo guerra sino genocidio, y que la apropiación de hijos de terroristas fue una práctica aberrante”, describió el represor ante el tribunal oral que lo juzga junto a otros imputados.
“Es preciso contestar con toda claridad que cada uno de los llamados ‘nietos recuperados’ demuestra dos cosas. Primero: el sentido humanitario de quienes provocaron (sic) como propios a los hijos de terroristas –que, dicho de paso, eran pavorosos padres–, suponiendo además que de esa forma se evitaría que crecieran odiando como odiaban sus padres”, sostuvo el militar casi octogenario, actualmente en prisión domiciliaria.
Cuando habló de nietos recuperados, el imputado hizo el típico gesto con sus manos, arqueando los dedos índice y medio, de las comillas, para relativizar el concepto.
Entonces disparó: “se ha comprobado, -no todos-, que muchos de estos, al igual que sus padres, tienen la sangre maldita”.
Sobre esos casos de “sangre maldita”, Rey Pardellas mencionó a los nietos recuperados y ex funcionarios Juan Cabandié, sobre quien recordó una discusión callejera con una policía por un episodio de tránsito, y Eduardo “Wado” De Pedro, hoy diputado nacional, a quien llamó “mentiroso”.
Cuando el discurso del acusado por delitos de lesa humanidad escalaba, los jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca Sebastián Foglia, Marcos Aguerrido y Ernesto Sebastián lo interrumpieron y lo llamaron al orden.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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