Sociedad
Sin ley de alquileres, los contratos son más cortos y los precios más altos
La entrada en vigencia del mega DNU del pasado 29 de diciembre, que dejó sin efecto la Ley que regulaba los contratos de locación, la oferta se volvió mucho más abusiva.
Por Natalia González
Los alquileres se pactaron en el último mes de común acuerdo entre propietarios e inquilinos tras la derogación de la Ley de Alquileres, y en este período se observó una mayor tendencia a realizar contratos de corto plazo con incrementos atados a la inflación, mientras que los precios de publicación siguen en alza.
La entrada en vigencia del DNU 70/2023 el pasado 29 de diciembre dejó sin efecto la Ley de Alquileres que regulaba los contratos de locación y que se mantiene únicamente para los contratos que se firmaron con anterioridad.
Inquilinos Agrupados presentó el mismo 29 de diciembre un pedido de nulidad en el fuero Contencioso Administrativo, que luego el juez Enrique Lavié Pico envió a la justicia Civil, aún sin resolución.
Desde julio 2020 el mercado funcionaba bajo las condiciones de la Ley de Alquileres y desde entonces se registró una caída importante de propiedades en oferta y suba de precios, que de acuerdo con inmobiliarias y propietarios eran efecto de la regulación.
Transcurrido un mes de la derogación, Inquilinos Agrupados relevó cómo cambiaron las condiciones de los contratos y las exigencias a la hora de acceder a una vivienda en alquiler.
Según la Encuesta Nacional Inquilina realizada en enero, en todo el país, los contratos de alquiler pactados durante el último mes son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses,
La amplia mayoría (92,9%) de los inquilinos encuestados consideró que 2024 será peor que el año pasado.
En lo que respecta a los plazos, el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses.
Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual, 20% cada 6 meses y sólo el 4% actualizaba cada 3 meses.
Este último esquema se invirtió en el último mes: 45,6% de los nuevos contratos establecen actualización semestral, 24% cada 3 meses y sólo el 7,6% el plazo de anual.
A esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.
En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, predomina la angustia (78%), la ansiedad (75%) y el sentimiento de desesperanza (68%) entre los inquilinos que respondieron el cuestionario.
Inquilinos Agrupados indicó que «los alquileres, en su enorme mayoría, se están elaborando con actualizaciones trimestrales por inflación. Si alguien firmó en enero, en abril tendrá un aumento aproximado de 60%».
«Dicho más claro, si alguien paga $300.000 en enero, en abril pagará $480.000», lo que generará una «crisis social», agregó.
En tanto, de acuerdo con relevamientos realizados por las plataformas de clasificados de inmuebles Mercado Libre y Zonaprop en el último mes hubo un incremento en la cantidad de las propiedades ofrecidas en alquiler.
Zonaprop señaló que la oferta de departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires aumentó significativamente durante enero, al registrar un incremento del 62% en comparación con diciembre pasado.
«Desde fines de la pandemia, la oferta de alquiler en la Ciudad disminuyó sistemáticamente y alcanzó un mínimo histórico en febrero de 2023. En enero de 2024, la oferta de departamentos en alquiler creció un 62% con respecto a diciembre de 2023», señaló Zonaprop en un comunicado.
Mercado Libre señaló que «durante enero del 2024, la oferta de inmuebles aumentó considerablemente en las áreas de GBA Norte, GBA Sur y GBA Oeste. Los aumentos fueron del 55.4%, 61.6% y 50.6%, respectivamente, comparado con el mes anterior».
Pese a la mayor oferta, Zonaprop indicó que los precios de los alquileres aumentaron 21% en enero respecto a diciembre pasado.
Actualmente, el precio mensual promedio para alquilar un monoambiente de 40 metros cuadrados (m2) es de $327.295 y en el caso de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $405.218.
Mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los $558.710 por mes.
En relación a los barrios más costosos para alquilar, Palermo encabeza la lista con un valor mensual promedio de $508.160; seguido por Belgrano con $497.300 mensuales; y Chacarita con $492.018.
Por su parte, el barrio más accesible con un precio mensual de $301.392 es Liniers, seguido por Mataderos con $310.634; y Monte Castro con $314.811 mensuales.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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