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Impuestos

ARBA y AFIP detectaron 37 embarcaciones de lujo sin declarar en San Isidro

En un comunicado, el ente recaudador bonaerense precisó que “este trabajo articulado apunta a reducir la evasión y el incumplimiento en sectores de mayor capacidad contributiva”.

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Equipos de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), intimaron a los dueños de 37 yates y veleros que no estaban registrados ante el fisco y notificaron deudas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas por un monto total de $ 25 millones, durante un operativo realizado en una guardería náutica de San Isidro.

En un comunicado, ARBA precisó que la fiscalización fue coordinada por Gaspar Spiritoso, subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ese organismo, quien subrayó que “los controles se desarrollaron en conjunto con la AFIP”, y explicó que “este trabajo articulado apunta a reducir la evasión y el incumplimiento en sectores de mayor capacidad contributiva”.

En ese sentido, destacó que, “en el marco del operativo de verano, profundizamos la fiscalización sobre construcciones de lujo sin declarar, autos de alta gama con deudas de patente y, como en este caso, embarcaciones deportivas no registradas o con varias cuotas impagas”.

Los $ 25 millones de deuda notificada en la guardería de San Isidro correspondían a 203 titulares de yates, veleros, lanchas y motos de agua que tenían cuotas impagas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

Además de labrar intimaciones por las irregularidades encontradas, las y los agentes efectuaron un relevamiento físico de las embarcaciones amarradas y verificaron la situación tributaria de los responsables de la guardería náutica.

Ese tipo de establecimientos tiene la obligación de informar al fisco las matrículas de todas las embarcaciones que amarran en el lugar.

Posteriormente, esa información se cruza con la base de datos de la Agencia de Recaudación para detectar aquellas no registradas.

Con ese cruce de datos y fiscalizaciones presenciales, a lo largo de 2021 ARBA consiguió detectar 3.000 embarcaciones que estaban sin declarar e intimó a más de 37.000 contribuyentes que debían $ 2.790 millones del impuesto a esos bienes.

Esas acciones se intensificaron este año, mediante el operativo de verano que implementó el director de la Agencia, Cristian Girard, con fiscalizaciones específicas en sectores de alto poder adquisitivo.

El objetivo es recuperar deudas impositivas y reducir el nivel de evasión, en especial sobre los tributos patrimoniales, como automotores, embarcaciones deportivas e inmobiliario.

De hecho, como parte de esos controles, en la primera quincena de enero, ARBA detectó en Pinamar 42.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar, correspondientes a edificios en altura, viviendas de lujo y edificaciones en countries y barrios cerrados.

También descubrió en Mar del Plata un importante edificio ubicado en la zona de La Perla, con más de 25.000 metros cubiertos que la firma constructora no había declarado para evadir el pago del Impuesto Inmobiliario.

Del mismo modo, notificó deuda por montos millonarios a titulares de vehículos de alta gama en playas exclusivas de la costa atlántica.

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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