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Estaba preso por un robo que no cometió y murió en un traslado

Sergio Mansilla, de 26 años, falleció tras descompensarse durante traslado; la familia denuncia irregularidades en la custodia y pide justicia.

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Lo que tenés que saber

  • Mansilla estaba detenido por un robo sin pruebas y con patologías graves
  • Fue trasladado a Lomas de Zamora para pericia psicológica vinculada a prisión domiciliaria
  • Sufrió paro cardiorrespiratorio y agonizó una semana en el hospital Gandulfo
  • Estuvo esposado a la cama pese a su estado crítico, según denuncia de la familia
  • Justicia sobreseyó la causa por el robo después de su muerte; pericias pendientes buscan esclarecer responsabilidades

Detención y enfermedades preexistentes

Sergio Mansilla tenía 26 años y padecía síndrome de Tourette, epilepsia y problemas de salud mental. Estaba detenido desde principios de 2025 por un robo en Lanús, imputación basada únicamente en la declaración de la víctima, sin registros en cámaras de seguridad.

La defensa solicitó prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, pero Mansilla permaneció en la Unidad 60 de Merlo. Según su abogada Samanta Pedrozo, la unidad carecía de médicos y recursos para atender patologías como las de él, y los estudios y medicación nunca se garantizaron a pesar de los pedidos y la intervención del Comité contra la Tortura.

Brecha crítica durante traslado

El 7 de octubre, Mansilla fue llevado a los tribunales de Lomas de Zamora para realizar una pericia psicológica clave para acceder a la domiciliaria. “El día anterior hablé con él por última vez. Estaba bien, orientado, esperanzado con la domiciliaria”, recordó Pedrozo.

La pericia finalizó cerca de las 14, pero el joven no regresó de inmediato a Merlo. Recién alrededor de la medianoche ingresó a la guardia del hospital Gandulfo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. La familia denuncia que la brecha horaria entre las 14 y la 00 “nadie explica”.

Agonía y hospitalización

Mansilla permaneció una semana en terapia intensiva, con convulsiones constantes y esposado a la cama. La familia presentó un habeas corpus y reiteró el pedido de domiciliaria sin éxito. Falleció el 14 de octubre. La autopsia preliminar descartó violencia física directa, mientras que el informe final indicó paro cardiorrespiratorio como causa de muerte.

La Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Lomas de Zamora investiga el caso como averiguación de causales de muerte. Se analizan dos hipótesis: descompensación sin atención médica adecuada o posible violencia institucional durante el traslado o en los tribunales.

Justicia y responsabilidades pendientes

Meses después, la Justicia sobreseyó la causa por el robo imputado a Mansilla. Para la familia, la decisión llegó demasiado tarde y evidencia una detención que nunca debió producirse. Las pericias pendientes, programadas para febrero, buscarán esclarecer la secuencia de hechos y determinar responsabilidades.

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Parrilla de lujo, cascada y pileta: las excentricidades de Adorni que el Gobierno quiere ocultar

Desde el Ejecutivo intentan desacreditar al contratista que reveló pagos por US$ 245 mil en efectivo para refaccionar la casa del jefe de Gabinete, pero el arquitecto entregó documentación que prueba obras de alta gama en el country Indio Cuá.

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El Gobierno niega los montos de las refacciones de Adorni, pero la cascada y el quincho de lujo no se pueden ocultar

★ El Gobierno nacional inició una contraofensiva para intentar contener el impacto de la declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que confesó ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo por parte de Manuel Adorni. Mientras el jefe de Gabinete calificó de «exagerados» los costos ante su círculo íntimo, el profesional de la construcción se presentó en los tribunales de Comodoro Py con un arsenal de documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas que respaldan sus dichos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Excentricidades en medio del ajuste

La declaración de Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, detalló que las reformas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) convirtieron una propiedad estándar en una residencia de lujo. Las obras, que se extendieron durante diez meses entre septiembre de 2024 y julio de 2025, incluyeron la construcción de un quincho, una pileta con cascada en el jardín y una parrilla de lujo valuada en 15.000 dólares.

El monto destinado únicamente a las refacciones duplicó el valor de compra original de la vivienda, estimado en 120.000 dólares. Esta desproporción es el eje central de la causa por enriquecimiento ilícito, ya que los investigadores intentan determinar cómo un funcionario público pudo costear semejantes excentricidades con un sueldo que, hasta enero de este año, era de 3,5 millones de pesos. Según fuentes judiciales consultadas, los documentos aportados por el contratista son «consistentes» y complican la estrategia de defensa del ministro coordinador.

La defensa oficial: pericias e inspecciones

Ante la contundencia de la declaración testimonial, el entorno de Adorni dejó trascender que solicitarán una pericia técnica y una inspección ocular para demostrar que la casa «no vale ese dinero». La estrategia del oficialismo apunta ahora a desacreditar al arquitecto, sugiriendo incluso posibles denuncias por falta de facturación, a pesar de que el propio Tabar entregó comprobantes en la fiscalía. «Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero», dijo Adorni según allegados, intentando minimizar el peso de la prueba recolectada por Pollicita.

Este nuevo capítulo de opacidad patrimonial se suma a la investigación por el departamento de Caballito, financiado por jubiladas, y a los gastos superiores a 800.000 dólares que el funcionario acumuló en menos de dos años de gestión. Mientras el Gobierno nacional aplica un severo programa de austeridad sobre el resto de la sociedad, los detalles sobre la cascada y la parrilla de lujo del jefe de ministros refuerzan la percepción de una administración que no logra explicar el origen de su propia riqueza.

Puntos clave:

  • El contratista Matías Tabar aportó facturas y contratos que prueban el cobro de US$ 245 mil.
  • Las obras incluyeron una cascada, una pileta y una parrilla de 15.000 dólares.
  • El costo de la refacción duplicó el valor de compra de la propiedad en el country Indio Cuá.
  • El Gobierno pedirá una pericia técnica para intentar bajarle el precio a la vivienda.
  • La Justicia investiga la desproporción entre estos gastos y el salario oficial de Adorni.
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