Investigación 🔎
La PIA, el organismo clave en la pesquisa contra los Kovalivker y sus contratos con el Estado
El juez Casanello encomendó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el análisis de los movimientos económicos de los dueños de la droguería Suizo Argentina, tras detectar un crecimiento exponencial en sus contratos con el Estado durante la gestión de Javier Milei.
⬛ La investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello sobre presuntas irregularidades en contrataciones estatales ya tiene a un actor central: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El organismo, especializado en hechos de corrupción y dependiente de la Procuración General de la Nación, fue designado para hurgar en las cuentas y contratos de los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina.
Un salto millonario en contrataciones
Según registros oficiales del portal Compr.AR, los contratos adjudicados a Suizo Argentina pasaron de 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones en lo que va de 2025. La magnitud del incremento encendió las alarmas en el juzgado, que sospecha posibles maniobras de direccionamiento en las compras estatales.
Las principales contrataciones provinieron del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, que concentró el 70% de los acuerdos. El resto se repartió entre las carteras de Defensa, a cargo de Luis Petri, y Seguridad, bajo Patricia Bullrich.
La lupa de la PIA
La PIA está encabezada desde 2014 por el fiscal Sergio Rodríguez, designado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ratificado por el Senado. Su función es investigar irregularidades administrativas y hechos de corrupción que involucren a agentes de la administración pública nacional, ya sea en organismos centralizados, descentralizados o entes estatales.
Un trabajador judicial vinculado al expediente confió a este medio que “si no se investigan los movimientos de estos dos hermanos que estaban al frente de la droguería Suizo Argentina, realmente esta pesquisa podría ser un fraude. Casanello lo sabe y por eso designó a unos fiscales muy capaces para avanzar con ello”.
La causa y las pruebas
El expediente, aún bajo secreto de sumario, se concentra en la millonaria “caja” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tuvo como titular a Diego Spagnuolo, desplazado semanas atrás. Casanello ordenó secuestrar documentación y correos electrónicos vinculados a la adquisición de medicamentos y ya incorporó a la causa 15 cajas de pruebas provenientes tanto de la droguería como de la ANDIS.
La intervención de ese organismo estatal tras la salida de Spagnuolo detectó sobreprecios en medicamentos, un elemento clave que ahora la PIA analiza con detenimiento.
Hipótesis de coimas y la ruta del dinero
El fiscal Franco Picardi, que interviene en la causa, trabaja sobre la hipótesis de que hubo funcionarios que favorecieron a la droguería mediante contrataciones dirigidas e irregulares. De comprobarse, podría abrirse una reconstrucción de la ruta del dinero que desemboque en pagos ilegales o coimas, con posible destino en despachos políticos de la Casa Rosada.
Un organismo con poder de “verdugo”
El rol de la PIA se vuelve decisivo: sus informes podrían consolidar la acusación contra los Kovalivker y determinar si existió un esquema de corrupción en torno a la compra de medicamentos. En el fuero judicial no dudan: si la investigación avanza con pruebas sólidas, la Procuraduría podría convertirse en el “verdugo” de los hermanos empresarios.
El origen de la PIA
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas fue creada en 1999 bajo la órbita de la Procuración General de la Nación, en reemplazo de la Oficina Nacional de Investigaciones Administrativas (ONIA). Su misión es investigar hechos de corrupción en la administración pública nacional, especialmente los vinculados a fraudes contra el Estado.
La PIA actúa como parte acusadora en procesos judiciales y tiene facultades para iniciar investigaciones preliminares, solicitar medidas de prueba y presentar denuncias en casos de irregularidades administrativas.
El fiscal Sergio Rodríguez y su gestión
Sergio Rodríguez asumió al frente de la PIA en 2014. Fue designado por decreto y luego ratificado por el Senado. Su gestión atravesó distintos gobiernos —de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei—, lo que le dio continuidad institucional en un terreno históricamente marcado por tensiones políticas.
Bajo su conducción, la PIA intervino en causas sensibles como la investigación por corrupción en la obra pública, irregularidades en contratos de empresas proveedoras del Estado y maniobras vinculadas a organismos descentralizados. Rodríguez se ha definido públicamente como un fiscal con perfil técnico y ha defendido la independencia de la Procuraduría frente a los cambios de administración.
Antecedentes de peso
Entre los casos más relevantes en los que intervino la PIA se encuentran:
- Contratos en la obra pública: investigaciones sobre direccionamiento en licitaciones durante distintos gobiernos.
- Escándalo del PAMI: pesquisas sobre proveedores que facturaban medicamentos con sobreprecios.
- Corrupción en organismos descentralizados: informes sobre anomalías en compras directas y contrataciones estatales.
Estos antecedentes consolidaron a la PIA como un actor clave en la lucha contra la corrupción administrativa, aunque también recibió críticas por la lentitud en algunos expedientes y por las limitaciones que impone la falta de recursos.
Puntos clave
- La PIA investiga a los hermanos Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, por contrataciones millonarias con el Estado.
- Los contratos pasaron de $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025.
- El 70% de las contrataciones provinieron del Ministerio de Salud.
- Casanello secuestró 15 cajas con documentación de la droguería y la ANDIS.
- La PIA, creada en 1999, es conducida desde 2014 por el fiscal Sergio Rodríguez, con antecedentes en casos de corrupción.
Fútbol & Goles!
Detuvieron a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas ligado a la AFA
El juez federal Tomás Rodríguez Ponte revocó el régimen de libertad del financista por incumplir las obligaciones impuestas y ordenó indagarlo de nuevo. La causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, que ya alcanzó con allanamientos a la AFA de Claudio Tapia, suma cinco citados y 16 indagatorias ampliadas.
El financista que llegó a ser sponsor de la Selección argentina perdió la libertad: Ariel Vallejo fue detenido este viernes y quedó revocado el régimen que le permitía esperar la causa en la calle. La decisión se tomó después de que el juez advirtiera que incumplió con las obligaciones que le habían sido impuestas.
La orden la firmó el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, que dispuso la detención del titular de Sur Finanzas para que vuelva a ser indagado en la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. La medida se tomó «en función de haberse detectado riesgos procesales concretos», según indicaron fuentes judiciales.
Cinco citados y 16 indagatorias ampliadas
El magistrado no se limitó a Vallejo: convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias de otras 16 que ya estaban imputadas en el expediente. El movimiento muestra una causa que lejos de agotarse se expande hacia nuevos nombres.
El juez remarcó que «su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal». Es decir que la detención no es definitiva, y que Vallejo, como cualquier imputado, conserva la presunción de inocencia mientras no haya una condena.
Una financiera que cruzó el fútbol argentino
Sur Finanzas fue sponsor de la Selección y de equipos de Primera como Racing y Banfield, y su dueño aparece vinculado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. La causa expone cómo una empresa sospechada de lavado se volvió parte del paisaje cotidiano del fútbol argentino.
El expediente nació en noviembre de 2025, cuando el Gobierno nacional, a través de ARCA, denunció penalmente a Vallejo por lavado de dinero y evasión fiscal. La denuncia señaló que 26 empresas operaron a través de Sur Finanzas pese a figurar en la base de emisores de facturas apócrifas del organismo. En diciembre de 2025 hubo allanamientos en la financiera, en la AFA y en 18 clubes, y fue detenida la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, luego procesada con prisión domiciliaria.
En febrero de 2026 la Justicia detuvo a otros cuatro empleados de la financiera, entre ellos Juan Soler, a quienes se acusa de intentar borrar evidencia. La causa estuvo antes en manos del juez federal Luis Armella, que le imputó a Vallejo, entre otros delitos, la retención indebida de aportes al sistema de seguridad social y a las obras sociales de los trabajadores de Sur Finanzas.
Las citaciones que Vallejo no atendió
La detención de este viernes tiene un antecedente directo. En mayo, la fiscal federal Cecilia Incardona había pedido que Vallejo fuera detenido porque no se presentó a declarar, y Armella lo volvió a citar para el 26 de ese mes. La libertad del financista quedó atada desde entonces a cuánto estuviera dispuesto a colaborar con la investigación.
Rodríguez Ponte ya había avanzado sobre su patrimonio dentro de una batería de 41 medidas de prueba, entre ellas la entrega a la Corte Suprema de 24 vehículos de Vallejo, según difundió la prensa local. Tras ese revés, el financista publicó un mensaje en un estado de WhatsApp en el que comparó su caso con la persecución que sufrió Perón.
La comparación choca con el objeto del expediente: no se investiga una persecución política, sino un presunto circuito de lavado, evasión y retención indebida de aportes de trabajadores. Será la Justicia, y no un estado de WhatsApp, la que determine si las acusaciones se sostienen.
Lo que tenés que saber
- Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue detenido por orden del juez federal Tomás Rodríguez Ponte.
- El juez revocó su régimen de libertad por incumplir las obligaciones impuestas y dispuso que vuelva a ser indagado.
- Se convocó a cinco personas a declarar y se ampliaron las indagatorias de otras 16 imputadas.
- La causa investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal, con allanamientos previos en la AFA y en 18 clubes.
- El magistrado aclaró que la situación de libertad de Vallejo se volverá a examinar una vez cumplida la indagatoria.
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