⬛ La Cámara de Apelaciones de San Juan volvió a posicionarse como garante de derechos fundamentales al revocar la prisión preventiva de Marilina Elisa De la Fuente y Eduardo Adrián Guzmán, ordenando su inmediata libertad. El pronunciamiento, que contó con el voto destacado del juez de Cámara Dr. Correa, reafirmó que la libertad constituye la regla y la prisión preventiva la excepción, aplicable únicamente ante riesgos procesales concretos y objetivos.

La decisión judicial respondió a los planteos de la defensa, encabezada por el Dr. Benjamín Balmaceda, que había cuestionado la medida de primera instancia por carecer de fundamentos suficientes y contradecir el Código Procesal Penal provincial. La defensa había subrayado el arraigo de los imputados, sus cargas familiares y su conducta procesal irreprochable durante todo el debate.

Un mensaje institucional claro

La resolución de la Cámara trascendió la restitución de la libertad para convertirse en una señal institucional sobre los límites del poder punitivo y el respeto a la presunción de inocencia. «Hay jueces que honran la Constitución cuando la hacen valer en casos concretos», expresaron fuentes cercanas a la defensa, que destacaron el estándar de motivación y control aplicados por el tribunal.

El caso forma parte del expediente conocido como Garder-OSP, que ha generado debate en el ámbito judicial sanjuanino por las irregularidades denunciadas durante el proceso.

Recurso federal en preparación

Para el 4 de septiembre de 2025, la defensa presentará un recurso de apelación que incorpora cuestión federal por gravedad institucional y potencial responsabilidad internacional del Estado argentino, con reserva del artículo 14 de la Ley 48. El escrito solicitará que la Cámara revoque la condena y absuelva a De la Fuente y Guzmán por violaciones al debido proceso y a los estándares convencionales establecidos en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De manera subsidiaria, el recurso pedirá que se modifique la forma de cumplimiento a pena de ejecución condicional según el artículo 26 del Código Penal, argumentando la falta de fundamentación para imponer prisión efectiva.

Los agravios denunciados

El planteo federal denuncia una serie de irregularidades en la sentencia de primera instancia, entre las que se destacan:

• Imputación imprecisa: La defensa alega que la formulación vaga de los cargos afectó el derecho de defensa de los imputados.
• Prescindencia de prueba decisiva: Se cuestiona la imposibilidad de realizar pericias caligráficas sobre documentos originales que, según la defensa, nunca fueron exhibidos durante el proceso.
• Desconocimiento de pericia contable: El recurso señala que se ignoró el dictamen pericial que descarta perjuicio a la administración pública.
• Violación de garantías procesales: Se denuncia el quebranto de la igualdad de armas y afectación del debido proceso.
• Falta de fundamentos para prisión efectiva: La defensa cuestiona la decisión de desechar la condena condicional en imputados primarios, con arraigo y cargas familiares.

Un precedente de control judicial

La actuación del juez Correa y sus pares reubica a la Cámara de Apelaciones en su rol histórico de contralor de legalidad. La corrección de medidas cautelares sin sustento legal y el próximo examen de la condena bajo estándares constitucionales y convencionales refuerzan la función del tribunal como garante de derechos.

El desarrollo del caso será observado con atención por el sistema judicial provincial, especialmente por la incorporación de estándares internacionales en la fundamentación del recurso federal y las implicancias que podría tener para casos similares.

Puntos clave del caso:

• La Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva por falta de fundamentos procesales
• La defensa presentará recurso federal el 4 de septiembre invocando responsabilidad internacional del Estado
• Se denuncian violaciones al debido proceso y prescindencia de prueba pericial decisiva
• Los imputados mantuvieron conducta procesal irreprochable durante todo el debate
• El caso establece un precedente sobre límites al poder punitivo en la justicia sanjuanina