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Fuertes con los débiles: desalojan a 5 mil manteros del Parque Los Andes en Chacarita
En medio de la brutal crisis económica, el Gobierno de la Ciudad desalojó a 5 mil manteros del Parque Los Andes en Chacarita. El operativo, con 200 policías y 110 inspectores, secuestró miles de bultos de mercadería ilegal.
Lo que tenés que saber:
- Megaoperativo en Chacarita: 5 mil manteros fueron desalojados del Parque Los Andes en un operativo conjunto con 200 efectivos policiales.
- Mercadería secuestrada: Se incautaron más de 6.700 bultos, 127 estructuras de puestos y dos camionetas sin documentación.
- Reclamo de vecinos: Comerciantes y residentes de la zona alertaban por el desorden y la competencia desleal generada por la venta ilegal.
- Feriantes legales: En el parque también funciona una feria legal con 310 puestos habilitados, en contraste con la venta ilegal.
- Operativos previos: Este desalojo forma parte de un plan más amplio del Gobierno porteño para recuperar espacios públicos, con otros operativos en Once, Flores, y más.
Macri desalojó a 5 mil manteros del Parque Los Andes en Chacarita
El viernes por la noche, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un megaoperativo para desalojar a alrededor de 5 mil manteros que ocupaban el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita. El operativo comenzó a las 21:00 horas y fue llevado a cabo por 200 efectivos de la Policía de la Ciudad y 110 inspectores de Espacio Público.
El hambre versus la venta ilegal
Desde hacía meses, el Parque Los Andes había sido utilizado por los manteros durante los fines de semana y feriados para vender ilegalmente productos como ropa, tecnología, alimentos, antigüedades y libros. Este fenómeno había generado preocupación entre los comerciantes del barrio, que denunciaban desorden, inseguridad y una competencia desleal, ya que los manteros no pagaban impuestos ni cumplían con las normativas locales.
Incautación de mercadería y estructuras
Durante el operativo, las autoridades secuestraron más de 6.700 bultos de mercadería, 127 estructuras utilizadas para armar puestos de venta y 112 hierros de estructuras metálicas. También fueron confiscadas dos camionetas que no contaban con la documentación correspondiente o la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, «la usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes que pagan sus impuestos».
El objetivo del Gobierno porteño
El desalojo forma parte de un esfuerzo continuo para recuperar el espacio público en la Ciudad. Macri señaló que la prioridad de su gestión es liberar el espacio público y proteger a los comerciantes que operan dentro del marco de la ley. Este operativo se suma a otros realizados en zonas como Once, Avenida Avellaneda en Flores, Retiro y la Peatonal Florida, entre otros.
“Tenemos que cuidar a la gente que está dentro de la ley. El control y el dominio de la calle es del Estado y tiene que ser garantizado para que los vecinos puedan circular y que las actividades sean legales”, agregó Macri.
Feriantes legales en el mismo espacio
Cabe destacar que, dentro del mismo parque, existe una feria legal que funciona con 310 puestos habilitados. Los feriantes legales, que venden productos como manualidades, bijouterie y artículos de decoración, tienen los permisos correspondientes y operan dentro de la normativa establecida. El contraste entre la venta ilegal y la feria legal es una de las razones principales por las cuales el Gobierno porteño decidió realizar este tipo de operativos.
Otros operativos de desalojo
Además de los operativos en el Parque Los Andes, la Ciudad también ha realizado intervenciones en diversas zonas para erradicar las ferias ilegales, como las de la calle Perette en Retiro, el Aeroparque Jorge Newbery, Plaza de Mayo y Plaza Lavalle. En estos casos, la policía y los inspectores de Espacio Público también se encargaron de desmantelar estructuras ilegales y decomisar mercadería.
El operativo en Chacarita también contó con la participación de la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez, y la secretaría única de Daniel González, quienes supervisaron las acciones de las autoridades.
Presidencia
Hidrovía en la mira: denuncian irregularidades y piden frenar la licitación del Gobierno
Crece la controversia en torno al proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal tras nuevas observaciones judiciales y administrativas. Desde la oposición advierten sobre fallas en la transparencia, restricciones a la competencia y riesgos institucionales en la convocatoria.
Lo que tenés que saber
- Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación de la Hidrovía.
- También pidió suspender el proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal.
- Un dictamen de la PIA advirtió “serias y evidentes irregularidades”.
- Se mencionaron posibles problemas de transparencia y competencia.
- Se cuestionaron plazos y condiciones de participación en la audiencia pública.
- El proyecto advierte sobre un “posible direccionamiento” del proceso.
- También se señalaron observaciones ambientales sin evaluación adecuada.
Taiana pide frenar la licitación de la Hidrovía y denuncia irregularidades
El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto legislativo para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal y reiteró el pedido de suspensión del proceso impulsado por el Gobierno nacional.
La iniciativa surge tras el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que señaló “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento administrativo.
Según el planteo, el proceso licitatorio presenta observaciones vinculadas a la transparencia, la competencia y el acceso a la información por parte de los interesados.
Cuestionamientos al proceso licitatorio
En la presentación, Taiana incorporó observaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el desarrollo de la licitación.
El documento señala que:
- La audiencia pública incluyó una gran cantidad de documentación técnica en plazos limitados.
- Se habrían dificultado instancias de participación ciudadana efectiva.
- Existen cláusulas que restringen impugnaciones al proceso.
- Se plantean limitaciones para empresas bajo modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE).
Además, el texto advierte que estas condiciones podrían afectar la libre concurrencia y la transparencia del procedimiento.
Advertencias sobre direccionamiento e impacto ambiental
El dictamen también retoma observaciones previas sobre un “posible direccionamiento” en la licitación.
A su vez, se cuestiona la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente.
Estos puntos refuerzan las objeciones planteadas en instancias anteriores del proceso administrativo.
Pedido de suspensión del proceso
En el proyecto, Taiana sostiene la necesidad de frenar la licitación y reformular el procedimiento.
“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, sostuvo Taiana.
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