DDHH
Abuelas pidió condena contra ocho imputados en megacausa Campo de Mayo
Así lo pidió la abogada Carolina Villella, representante de la querella que sigue Abuelas en el juicio oral y público que se desarrolla en los tribunales de San Martín.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo solicitó hoy prisión perpetua y penas de entre 20 y 25 años de prisión, según corresponda, para los ocho imputados por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad contra 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas, 9 padres de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos vinculados en la denominada megacausa Campo de Mayo.
Así lo pidió la abogada Carolina Villella, representante de la querella que sigue Abuelas en el juicio oral y público que se desarrolla en los tribunales de San Martín.
La letrada solicitó que se condene a Santiago Omar Riveros, Carlos Francisco Villanova y Carlos Javier Tamini a prisión perpetua por ser coautores de los delitos de «privación ilegal de la libertad, agravada por la existencia de violencia y amenazas reiteradas; aplicación de tormentos doblemente agravados por ser funcionario público y por el carácter de perseguidos políticos de las victimas».
También pidió 25 años de prisión para Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castaño Monje, Mario Rubén Domínguez y Bernardo Caballero; y 20 años de condena para Luis Saadi Pepa.
«Solicitamos también se revoque la prisión domiciliaria y se disponga el traslado inmediato de los imputados a establecimientos dependientes del servicio penitenciario federal», afirmó.
Durante el cierre de su alegato, Villella expresó: «Es difícil imaginar que se puede infligir a otros seres humanos un daño mayor que el que han causado los imputados. Ya hemos relatado el calvario al que fueron sometidas las víctimas directas de estos hechos, secuestradas, privadas arbitrariamente de su libertad, torturadas, asesinadas y desaparecidas».
Asimismo, se refirió al daño causado a sus familias, «que también fueron víctimas de estos hechos, pues contra ellas también se dirigieron las conductas de los imputados, al negarles deliberadamente información sobre el paradero de sus seres queridos».
«Las consecuencias de este accionar aun perduran en el presente, generando una carga de dolor y angustia a los familiares, que se sostienen en el tiempo, como hemos visto, oído y leído en los relatos de quienes declararon en las audiencias», añadió y destacó «la gran cantidad de víctimas que no pudieron declarar por la angustia que les producen los hechos»
Más temprano, la letrada aseguró que Abuelas de Plaza de Mayo «continuará las investigaciones hasta hallar a todos los bebés nacidos en cautiverio» durante la última dictadura cívico militar, en el extenso alegato que la organización de derechos humanos formuló en este juicio oral y público en el cual se investigan delitos cometidos en perjuicio de 323 víctimas que pasaron los centros clandestinos que funcionaron en ese predio del Ejército.
En la jornada 111 de este juicio, Villella expuso en forma cronológica sobre los secuestros de Lorena y Flavia Battistiol, quienes declararon el año pasado por las desapariciones de Juana Colayago -la madre de ambas que al momento de su captura estaba embarazada de seis meses- y de Egidio Battistiol, padre de esta hermanas.
«Continuaremos con la investigación para hallar al hijo o la hija de Juana Matilde y Egidio», aseguró la letrada.
También se refirió a testimonios de Roberto y María Esther Landaburu sobre la desaparición de su hermana, Leonor, quien cursaba la última etapa de un embarazo, y la de su cuñado. Ambos secuestros ocurrieron en agosto de 1977 y Abuelas todavía busca a esos bebés nacidos en cautiverio.
«Lo que hemos visto contiene elementos y circunstancias que permiten determinar donde estuvieron detenidos y las pruebas son concluyentes», sostuvo la abogada querellante en los fundamentos de su acusación.
Además, Villella estimó que los datos obtenidos en la investigación «coinciden con las descripciones de las prácticas que se llevaban adelante en el lugar de cautiverio y no hay dudas que las víctimas estaban allí, en El Campito, recluidas».
En este juicio, Abuelas acusa a ocho exmiembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional por los crímenes cometidos en perjuicio de 46 víctimas y entre ellas hay 14 embarazadas; nueve padres de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos vinculados con hechos de terrorismo de Estado perpetrados en Campo de Mayo.
«De los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus padres y madres -objeto de esta megacausa- ya se han restituido cinco. Sin embargo, aún buscan a diez de ellos, hoy adultos», informó Abuelas.
En tanto, Villella recordó hoy que Ema Battistiol -la hermana de Egidio y tía de Lorena y Flavia- contó en su testimonio que estaba con su hija, Sandra Missori, de 13 años cuando las secuestraron a ambas.
Ema contó detalles de lo vivido durante su cautiverio al detallar que permaneció «con los ojos vendados» pero pudo saber que había «muchas chicas embarazadas» y «una especie de enfermería» y que «una de las personas que la custodiaba le decía que su hija estaba bien».
La abogada añadió que «las condiciones de detención son consistentes con otros relatos de sobrevivientes allí alojados y coinciden con la prueba documental aportada».
También se refirió al testimonio de la hija de Ema, Sandra Missori, quien «pudo averiguar el lugar donde estuvo alojada ya que en el segundo día de cautiverio un celador se acercó a hablarle y se sorprendió por lo joven que era».
«Ese hombre le quitó la capucha y las vendas y allí pudo ver donde se encontraba. El piso era de tierra, el lugar era de chapa y había más de 20 personas. Coincidentemente con lo que describió su mamá, Sandra detalló que le servían la comida de la misma forma. Ella, que era chiquita preguntaba donde estaba su mamá y como respuesta la golpeaban y le decían, ‘olvidate, ya no existe más'», describió la abogada.
Y continuó: «Sandra escuchó que a alguien le decían doctor, tenía guardapolvo blanco y vio cómo le ponían un aparato sobre la panza embarazada de su tía (Juana Colayago). Primero pensó que era una picana, pero luego miró que le hacían observar una y otra vez cómo le ponían el aparato».
En la causa hay 22 imputados, de los cuales doce no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos.
La denominada megacausa agrupa 175 casos, como los de Mercedes Benz, el Colegio Militar, Área 400 y los Ferroviarios, entre otros. Además, se encuentran los casos del hijo y la nuera de la abuela fundadora Raquel Radio de Marizcurrena -Andrés Marizcurrena, y su compañera Liliana Beatriz Caimi, embarazada de cinco meses- y el caso de la embarazada Myriam Coutada.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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