La organización Abuelas de Plaza de Mayo solicitó hoy prisión perpetua y penas de entre 20 y 25 años de prisión, según corresponda, para los ocho imputados por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad contra 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas, 9 padres de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos vinculados en la denominada megacausa Campo de Mayo.

Así lo pidió la abogada Carolina Villella, representante de la querella que sigue Abuelas en el juicio oral y público que se desarrolla en los tribunales de San Martín.

La letrada solicitó que se condene a Santiago Omar Riveros, Carlos Francisco Villanova y Carlos Javier Tamini a prisión perpetua por ser coautores de los delitos de «privación ilegal de la libertad, agravada por la existencia de violencia y amenazas reiteradas; aplicación de tormentos doblemente agravados por ser funcionario público y por el carácter de perseguidos políticos de las victimas».

También pidió 25 años de prisión para Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castaño Monje, Mario Rubén Domínguez y Bernardo Caballero; y 20 años de condena para Luis Saadi Pepa.

«Solicitamos también se revoque la prisión domiciliaria y se disponga el traslado inmediato de los imputados a establecimientos dependientes del servicio penitenciario federal», afirmó.

Durante el cierre de su alegato, Villella expresó: «Es difícil imaginar que se puede infligir a otros seres humanos un daño mayor que el que han causado los imputados. Ya hemos relatado el calvario al que fueron sometidas las víctimas directas de estos hechos, secuestradas, privadas arbitrariamente de su libertad, torturadas, asesinadas y desaparecidas».

Asimismo, se refirió al daño causado a sus familias, «que también fueron víctimas de estos hechos, pues contra ellas también se dirigieron las conductas de los imputados, al negarles deliberadamente información sobre el paradero de sus seres queridos».

«Las consecuencias de este accionar aun perduran en el presente, generando una carga de dolor y angustia a los familiares, que se sostienen en el tiempo, como hemos visto, oído y leído en los relatos de quienes declararon en las audiencias», añadió y destacó «la gran cantidad de víctimas que no pudieron declarar por la angustia que les producen los hechos»

Más temprano, la letrada aseguró que Abuelas de Plaza de Mayo «continuará las investigaciones hasta hallar a todos los bebés nacidos en cautiverio» durante la última dictadura cívico militar, en el extenso alegato que la organización de derechos humanos formuló en este juicio oral y público en el cual se investigan delitos cometidos en perjuicio de 323 víctimas que pasaron los centros clandestinos que funcionaron en ese predio del Ejército.

En la jornada 111 de este juicio, Villella expuso en forma cronológica sobre los secuestros de Lorena y Flavia Battistiol, quienes declararon el año pasado por las desapariciones de Juana Colayago -la madre de ambas que al momento de su captura estaba embarazada de seis meses- y de Egidio Battistiol, padre de esta hermanas.

«Continuaremos con la investigación para hallar al hijo o la hija de Juana Matilde y Egidio», aseguró la letrada.

También se refirió a testimonios de Roberto y María Esther Landaburu sobre la desaparición de su hermana, Leonor, quien cursaba la última etapa de un embarazo, y la de su cuñado. Ambos secuestros ocurrieron en agosto de 1977 y Abuelas todavía busca a esos bebés nacidos en cautiverio.

«Lo que hemos visto contiene elementos y circunstancias que permiten determinar donde estuvieron detenidos y las pruebas son concluyentes», sostuvo la abogada querellante en los fundamentos de su acusación.

Además, Villella estimó que los datos obtenidos en la investigación «coinciden con las descripciones de las prácticas que se llevaban adelante en el lugar de cautiverio y no hay dudas que las víctimas estaban allí, en El Campito, recluidas».

En este juicio, Abuelas acusa a ocho exmiembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional por los crímenes cometidos en perjuicio de 46 víctimas y entre ellas hay 14 embarazadas; nueve padres de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos vinculados con hechos de terrorismo de Estado perpetrados en Campo de Mayo.

«De los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus padres y madres -objeto de esta megacausa- ya se han restituido cinco. Sin embargo, aún buscan a diez de ellos, hoy adultos», informó Abuelas.

En tanto, Villella recordó hoy que Ema Battistiol -la hermana de Egidio y tía de Lorena y Flavia- contó en su testimonio que estaba con su hija, Sandra Missori, de 13 años cuando las secuestraron a ambas.

Ema contó detalles de lo vivido durante su cautiverio al detallar que permaneció «con los ojos vendados» pero pudo saber que había «muchas chicas embarazadas» y «una especie de enfermería» y que «una de las personas que la custodiaba le decía que su hija estaba bien».

La abogada añadió que «las condiciones de detención son consistentes con otros relatos de sobrevivientes allí alojados y coinciden con la prueba documental aportada».

También se refirió al testimonio de la hija de Ema, Sandra Missori, quien «pudo averiguar el lugar donde estuvo alojada ya que en el segundo día de cautiverio un celador se acercó a hablarle y se sorprendió por lo joven que era».

«Ese hombre le quitó la capucha y las vendas y allí pudo ver donde se encontraba. El piso era de tierra, el lugar era de chapa y había más de 20 personas. Coincidentemente con lo que describió su mamá, Sandra detalló que le servían la comida de la misma forma. Ella, que era chiquita preguntaba donde estaba su mamá y como respuesta la golpeaban y le decían, ‘olvidate, ya no existe más'», describió la abogada.

Y continuó: «Sandra escuchó que a alguien le decían doctor, tenía guardapolvo blanco y vio cómo le ponían un aparato sobre la panza embarazada de su tía (Juana Colayago). Primero pensó que era una picana, pero luego miró que le hacían observar una y otra vez cómo le ponían el aparato».

En la causa hay 22 imputados, de los cuales doce no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos.

La denominada megacausa agrupa 175 casos, como los de Mercedes Benz, el Colegio Militar, Área 400 y los Ferroviarios, entre otros. Además, se encuentran los casos del hijo y la nuera de la abuela fundadora Raquel Radio de Marizcurrena -Andrés Marizcurrena, y su compañera Liliana Beatriz Caimi, embarazada de cinco meses- y el caso de la embarazada Myriam Coutada.