El gobierno de Javier Milei, bajo la consigna de reducir el gasto público, decidió cerrar la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y despedir a 1.388 trabajadores. La medida se enmarca en el ajuste económico impulsado por la administración libertaria y, según el Gobierno, generará un ahorro de 42 mil millones de pesos anuales.

Justificación oficial y el ahorro proyectado

En una conferencia de prensa, Manuel Adorni, vocero presidencial, junto al secretario de Transporte, Franco Magetta, presentaron los fundamentos de la decisión. «Estamos reduciendo el gasto camino a reducir el déficit por instrucción del Presidente», declararon los funcionarios. El gobierno sostuvo que las funciones de DECAFH estaban «duplicadas» en otras empresas ferroviarias, y celebraron la reducción de la planta estatal en 1.388 puestos.

El cierre de esta empresa también implicó la eliminación del Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014 que, según la actual administración, «nunca funcionó ni emitió una decisión o acción».

Críticas al funcionamiento de DECAFH

Desde la Secretaría de Transporte, el Gobierno señaló que DECAFH se había desviado de su misión original entre 2019 y 2023. Afirmaron que la empresa invirtió 10 millones de dólares en obras innecesarias y gastó 80 millones de pesos en la contratación de artistas para espectáculos que no estaban relacionados con el sector ferroviario.

«Cada una de las 5 empresas ferroviarias contaba con un área de género, con personal completamente sobredimensionado que no asistía a sus puestos de trabajo en muchos casos», se aseguró desde el Ejecutivo, en un intento de justificar el recorte.

El impacto sobre el patrimonio ferroviario

Entre las unidades que formaban parte de DECAFH se encontraban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, y el Museo Nacional Ferroviario «Raúl Scalabrini Ortiz». Todas estas instituciones pasarán a la órbita de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, bajo la Secretaría de Transporte.

El Gobierno argumentó que el cierre se realiza en el marco de una «emergencia ferroviaria» y que busca mejorar la eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, el despido de casi 1.400 trabajadores, sumado a los recortes en otras áreas del Estado, pone en evidencia la profundización de un ajuste que impacta de manera directa en la vida de miles de familias.

Un contexto de crisis y ajuste estructural

La administración Milei continúa con su política de reducción del déficit fiscal, argumentando que es necesario recortar gastos innecesarios. Sin embargo, la decisión de cerrar empresas estatales y despedir trabajadores en un contexto de creciente pobreza y desempleo, en lugar de generar ahorro, parece profundizar las dificultades sociales.

En un país donde el 53% de la población se encuentra en situación de pobreza, el recorte de empleos públicos plantea interrogantes sobre las prioridades del Gobierno. Además, mientras el transporte público sigue enfrentando graves deficiencias y aumentos tarifarios, el cierre de empresas vinculadas a este sector crítico muestra la desconexión entre las promesas de eficiencia y la realidad cotidiana de los ciudadanos.