Salud 🩺
Anmat autorizó la vacuna china Sinopharm en mayores de 60 años
El análisis provisorio reportó que la eficacia con la primera dosis de la vacuna desarrollada por el gigante asiático es del 78,89%, según determinaron los especialistas en los ensayos clínicos en los que participaron 25.730 voluntarios.
El análisis provisorio reportó que la eficacia con la primera dosis de la vacuna desarrollada por el gigante asiático es del 78,89%, según determinaron los especialistas en los ensayos clínicos en los que participaron 25.730 voluntarios.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó a la cartera a su cargo autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en el grupo de mayores de 60 años.
De esta forma, la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products, podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo.
La Anmat indicó que «la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto».
La inmunogenicidad correspondiente al grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años. En ese contexto, la eficacia de la primera dosis de la vacuna Sinopharm es del 78,89%, determinada en los ensayos clínicos en los que participaron 25.730 voluntarios.
De acuerdo con el cronograma de vacunación de la cartera sanitaria, el total de adultos que son mayores de 60 años o viven en geriátricos asciende aproximadamente a 7.375.000, y ocupan el tercer lugar de prioridad detrás de los mayores de 70 años y el personal de establecimientos de salud público y privado, que suman cerca de 763 mil trabajadores.
La ministra Vizzotti comunicó la recomendación de la Anmat en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que integran expertos, sociedades científicas, diputados nacionales y representantes de agencias nacionales e internacionales.
Campaña de vacunación
La vacuna china Sinopharm fue autorizada con carácter de emergencia por el Ministerio de Salud argentino en febrero pasado, pero aún quedaba pendiente en ese momento la autorización para inocular a mayores de 60 años.
Se trata de una vacuna del tipo «inactivada» ya que contiene una versión del virus alterada genéticamente, lo que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad pero genera una respuesta inmune en el organismo, y tiene la ventaja de que requiere menos fríos que otras.
La vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con 21 a 28 días de diferencia y puede transportarse y almacenarse a una temperatura de entre 2 y 8° grados, lo que facilita la logística de distribución y resulta una ventaja frente a otras como la de Pfizer, que requiere una refrigeración de -70 grados.

«Es una vacuna a virus inactivado, lo que la hace una vacuna muy tradicional, muy segura como lo son las vacunas de la Polio (Salk), de la Hepatitis A o de la rabia», explicó Pedro Cahn, miembro del comité asesor de la Presidencia durante la pandemia y director científico de la Fundación Huésped, quien coordinó los ensayos clínicos de Fase III de la Sinopharm en la Argentina.
Argentina es uno de los países que inició esas pruebas en agosto del año pasado a cargo de la Fundación Huésped en los centros Vacunar, con la participación de más de 3.000 voluntarios.
A principios de marzo el Gobierno nacional distribuyó 406.800 dosis de la vacuna fabricada en China en todo el país para que docentes, personal de salud y personas de entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo pudieran recibir la primera dosis.
La firma entre el Gobierno nacional y la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino en marzo pasado para la llegada de 3 millones de dosis de la vacuna Sinopharm, se sumó a los acuerdos ya concretados con el centro Gamaleya que desarrolló la Sputnik V, y con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
También llegaron desde la India 580.000 dosis -de un total de 1.160.000- de la vacuna registrada bajo el nombre de Covishield desarrolladas por el Instituto Serum gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y Oxford.
Además, está previsto que la Argentina reciba hasta mayo próximo 1.944.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca-Oxford como parte de la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la Salud, que garantiza un acceso global equitativo a esos medicamentos.
La Sputnik V, a diferencia de Sinopharm, utiliza una plataforma (o tecnología) llamada de «vectores no replicantes», que son virus que se modifican genéticamente para que no tengan capacidad de reproducirse en el organismo (y por tanto inocuos) y se usan para transportar material genético del virus del que se quiere inmunizar.
Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, el Gobierno nacional firmó un acuerdo para la provisión de 22 millones de dosis. Este inmunizador está hecho con una versión debilitada de un virus del resfrío común (adenovirus), modificado genéticamente de manera que es imposible que crezca en los seres humanos. Las dosis son producidas por el laboratorio mAbxience en Argentina.
Desde diciembre, Aerolíneas Argentinas en los 8 vuelos completados hasta el momento hacia y desde la Federación Rusa se trajeron un total de 3.299.000 dosis de Sputnik V. En tanto, el noveno vuelo de Aerolíneas Argentinas en busca de una nueva partida de dosis de Sputnik V arribó esta tarde a Moscú.
Hasta el momento en el país fueron inoculadas 3.446.433 personas, de las cuales 2.800.242 recibieron una sola dosis y 646.191 dos, mientras que se distribuyeron en todo el país 4.197.945.
Política 📢
De 128 a 6 medicamentos: Milei y Lugones liquidaron el Remediar
La provincia de Buenos Aires respondió con el programa Medicamentos Bonaerenses, que distribuye fármacos a centros de salud y hospitales de los 135 municipios.
Seis medicamentos. Eso es lo que quedó del Remediar, el programa que durante 24 años llevó remedios gratuitos a los centros de atención primaria de todo el país. Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei borró de un plumazo el listado de 128 medicamentos esenciales que garantizaba el Estado nacional.
La medida, firmada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y publicada el jueves 15 de octubre, deroga la Resolución 3424/2021, que establecía el vademécum del programa y era la base legal de sus compras centralizadas. En su lugar, aprueba una nómina de apenas seis principios activos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
«Un brutal y asesino ajuste»
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en reaccionar. «Hoy se oficializó el cierre del Remediar. Un brutal y asesino ajuste, que impacta directamente en la salud de la gente», escribió en sus redes sociales.
El funcionario de Axel Kicillof recordó que se trataba de «un programa de 24 años de historia, que abastecía a 8000 centros de salud y que cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes», y que fue reemplazado por un «plan» que solo incluye seis medicamentos. «Lo venimos diciendo. Intentaron ocultarlo, y negarlo, porque además de ajustadores seriales son mentirosos», disparó, y cerró: «Tenían más dignidad cuando al ajuste le decían ajuste y se lo bancaban».
El diputado nacional de Unión por la Patria y ex ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, coincidió en el diagnóstico: «Hoy el boletín oficial nos despierta con la muerte del programa Remediar, es verdad que ‘mezclado’ en un programa ‘innovador’ de prevención cardiovascular». El legislador advirtió que los medicamentos para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos sin enfermedad cardiovascular quedan fuera de la responsabilidad del Estado nacional, y sentenció: «A partir de hoy es oficial: los medicamentos esenciales serán responsabilidad exclusiva de las provincias«.
Un vaciamiento anunciado
La resolución no llega de la nada. Es el certificado de defunción de un programa que el Gobierno nacional venía desfinanciando desde el inicio de la gestión libertaria. En abril, Kicillof ya había denunciado que el vademécum del Remediar se había reducido a un esquema con proyección de apenas tres insumos y que las unidades distribuidas habían caído un 55% respecto de 2023. En aquella oportunidad, el gobernador calificó de «criminal» la decisión y advirtió que el ajuste dejaba «sin asistencia a más de 20 millones de personas».
En mayo, Kicillof y Kreplak reunieron a más de 60 intendentes de distintas fuerzas políticas para exponer el impacto de los recortes nacionales en el sistema sanitario bonaerense. Allí, Kreplak afirmó que Milei «recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI».
El Remediar sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, incluido el de Mauricio Macri, y es la gestión de Milei la que finalmente lo desmantela. El texto oficial justifica el cambio en una supuesta modificación del escenario sanitario y en la necesidad de reforzar la atención de las enfermedades vasculares. Pero el nuevo listado tiene además carácter orientativo, como referencia para compras, logística y distribución.
Las provincias, otra vez a pagar la cuenta
En los hechos, la medida traslada a las provincias la obligación de cubrir los tratamientos que hasta ahora garantizaba la Nación, en un contexto en el que los sistemas sanitarios provinciales ya enfrentan restricciones presupuestarias, recortes en las transferencias y una demanda creciente en los hospitales públicos, producto de la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas.
La provincia de Buenos Aires respondió con el programa Medicamentos Bonaerenses, que distribuye fármacos a centros de salud y hospitales de los 135 municipios. Pero no todas las provincias tienen la capacidad de reemplazar lo que el Estado nacional decidió abandonar, y el costo de esa retirada lo pagarán los sectores que dependen de la salud pública para acceder a un antibiótico, un antihipertensivo o un tratamiento básico.
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