Salud 🩺
Aborto: «La objeción de conciencia será respetada pero no se podrá impedir la práctica»
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, dijo que «la objeción de conciencia será respetada pero también el derecho de todas las partes» en referencia al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado el martes por el Poder Ejecutivo al Congreso.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, dijo que «la objeción de conciencia será respetada pero también el derecho de todas las partes» en referencia al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado el martes por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Además se mostró «optimista» en que pueda convertirse en ley junto con la otra iniciativa que extiende los beneficios en caso de maternidad, conocido como el Plan de los 1000 Días.
«La objeción de conciencia será respetada y veremos cómo se instrumenta en caso de que sea ley, lo que no se puede hacer es impedir la práctica porque, si no, volvemos al punto inicial y queremos atender a todos los derechos», expresó Ibarra en declaraciones a Radio La Red.
Además se mostró «optimista» en que el proyecto sea aprobado al resaltar: «Sabemos que es posible, estamos atentos a que en el 2018 se aprobó en una de las cámaras, y vamos a trabajar, a explicar que esta ley no sólo no es obligatorio, sino que en los países donde está aprobado baja el número de embarazos no deseados y de abortos, y eso es lo que queremos».
El martes el presidente Alberto Fernández envío al Congreso un proyecto para la legalización del aborto y otro para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida, conocido como el Plan de los 1000 Días.
En tanto, Ibarra insistió en que el aborto «es un problema de salud pública, en la Argentina los abortos suceden y estamos en el peor de los mundos en este sentido» y dijo que «acá no se está salvando ninguna vida». Por eso, insistió en que el oficialismo quiere «atender a todos los derechos, ser respetuosos, y coherentes» con el proyecto.
Por otra parte, especificó que la iniciativa «propone un plazo de 14 semanas para una interrupción voluntaria del embarazo», y dijo que la propuesta fue enmarcada en «los tratados de derechos humanos» y que se estuvo «muy atentos a las recomendaciones que hizo recientemente (la organización) Human Rights».
Para Ibarra, «hay que tomar decisiones para que las mujeres que han tomado esa decisión de interrumpir el embarazo, puedan llevarla a cabo de forma adecuada y también accedan a los métodos anticonceptivos. Queremos bajar el número de abortos en la Argentina y que las mujeres allí no mueran».
Sobre el Plan de los 1000 Días, indicó que «contempla aportarle a las personas elementos esenciales, vacunas, leyes pero también una extensión de asignaciones sociales en tres meses la de embarazo, por ejemplo, pasa de seis a nueve», y precisó que «se trabaja mucho el tema de violencia, el derecho a la identidad», entre otros aspectos.
«Es un proyecto muy robusto, muy interesante, que demuestra que el Estado acompaña las maternidades y los proyectos de maternidades», afirmó Vilma Ibarra en la entrevista que concedió esta mañana.
CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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