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El Gobierno firmó el acuerdo para adquirir la vacuna Sputnik V para 10 millones de personas

Se trata del «tercer contrato que la Argentina firma» para la adquisición de vacunas contra el coronavirus. La Sputnik V permitirá inmunizar a 10 millones de personas entre los meses de enero y febrero.

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El presidente Alberto Fernández cumplió un año al frente del Ejecutivo nacional, una gestión que se inició con las metas de sacar al país de la recesión, reducir la inflación y dar respuesta a la problemática social, potenciando el rol regulador del Estado, pero que a menos de tres meses de asumir debió sumar rápidamente otras prioridades para hacer frente a la peor pandemia de la historia mundial reciente.

En este contexto, cabe destacar que el acuerdo con Rusia se trata del «tercer contrato que la Argentina firma» para la adquisición de vacunas contra el coronavirus. La Sputnik V permitirá inmunizar a 10 millones de personas entre los meses de enero y febrero.

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V que posibilitará inmunizar a 10 millones de personas desde antes de fin de año hasta febrero, lo que marcará el inicio de la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, a casi nueve meses de declarado el aislamiento social ante la llegada de la pandemia al país.

«En el día de ayer hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina», dijo el presidente Fernández en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, junto al ministro de Salud, Ginés González García.

En ese marco, precisó: «Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas».

«Los tiempos de entrega se estiman en una primera remesa de 600 mil dosis para vacunar a 300 mil personas antes de fin de año; en enero con dosis suficientes para 5 millones de personas; y en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo», indicó el mandatario.

Aclaró asimismo que se trata del «tercer contrato que la Argentina firma» para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y detalló: «El primero fue con AstraZeneca de la Universidad de Oxford, el segundo con Covax, que es una dependencia creada por las Naciones Unidas, y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano» de Rusia.

Asimismo, el jefe de Estado pidió «entender que la vacuna no resolvió» aún el problema de la pandemia del coronavirus e hizo un «llamado a la reflexión» ya que el virus sigue circulando y deben mantenerse los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad.

«En el mientras tanto, hay que seguir cuidándose», enfatizó el mandatario, tras agradecer especialmente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por «haberse ocupado personalmente» de las negociaciones con la Argentina por la vacuna.

En ese sentido, destacó «la forma diligente y rápida con la que pudo negociar con nosotros este acuerdo que, vuelvo a repetir, es muy importante para la Argentina y que nos permite acceder a la vacuna al mismo tiempo que el mundo central».

En tanto, Fernández dijo que será «el primero» en aplicarse la vacuna cuando llegue, para despejar todo tipo de duda, y manifestó: «No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme».

El convenio con Rusia

Asimismo apuntó que «el contrato tiene una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a las dosis necesarias para vacunar a 5 millones de personas más durante el mes de marzo» y aclaró: «Hicimos esta prevención por si el resto de las vacunas con las que también tenemos contratos atrasan su llegada al país».

Anunció además que en los próximos días viajarán a Rusia funcionarios del Gobierno nacional y particularmente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) -que es el organismo que autoriza las vacunas en el país), luego de que ayer se firmara el contrato.

En cuanto a la logística para la llegada de las vacunas, la calificó de «complicada porque son muchas dosis que tienen que venir desde la otra punta del mundo».

Finalmente, tras insistir en que «la vacuna no ha resuelto la pandemia», dijo que el anuncio de hoy «es una gran noticia, un paso muy importante y un gran avance, en el que el Gobierno nacional ha trabajado mucho».

Campaña de vacunación masiva

Por su parte, González García, aseguró que que «nunca antes hubo una vacunación tan masiva y tan amplia», a la vez que también advirtió que la pandemia «no pasó» y que serán necesarios «varios meses hasta que logremos los niveles de inmunización».

«Estamos acelerando los tiempos, con el equipo técnico que está yendo a Rusia, pero reafirmo lo que dijo el Presidente de que esto no pasó y seguimos trabajando», afirmó al acompañar a Fernández en el anuncio.

Al responder una pregunta respecto de la vacuna del laboratorio Pfizer, explicó que «Pfizer anunció que está disminuyendo a la mitad las vacunas que pensaba producir» y remarcó que, por ese motivo, el Gobierno tuvo «el resguardo de conversar con varios proveedores».

«Pfizer dijo que tenía la posibilidad de entregar algo en diciembre y el resto de los tres millones entre enero y febrero, pero no pudimos firmar el contrato. Seguimos conversando, pero no pudimos firmar el contrato pese a la enorme voluntad del Gobierno argentino. Tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con una temporalidad», completó.

En ese marco, el ministro de Salud dijo que «el único oferente que ofreció entrega y seguridad fue Rusia porque, si no entregan en esos términos, no se concreta el contrato».

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PAMI al límite: el Gobierno niega la crisis pero clínicas suspenden turnos y amenazan con frenar cirugías

El sistema de salud que atiende a casi 7,3 millones de jubilados y pensionados en Argentina está al borde del colapso. Las cámaras de prestadores privados suspendieron la asignación de turnos en consultorios externos de todas las especialidades y amenazan con paralizar cirugías programadas, mientras el Gobierno libertario insiste en que «el cronograma de pagos se viene cumpliendo».

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PAMI suspende turnos en todo el país: prestadores denuncian un atraso arancelario del 102%

La contradicción es flagrante: por un lado, las instituciones privadas denuncian un atraso arancelario del 102% y advierten que no pueden afrontar insumos ni salarios; por el otro, el oficialismo responde con aumentos del 1,9% para junio y 1,9% para julio, por debajo incluso de la última medición de inflación del INDEC. La brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria no podría ser más amplia.

El Gobierno dice que todo está bien

Fuentes del Gobierno libertario aseguraron que el PAMI «no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional» y que «lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes». El mensaje fue reforzado desde Casa Rosada, que confirmó los aumentos del 1,9% para junio y julio, y anticipó que volverán a convocar a los prestadores «para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario».

La frase «estrés presupuestario» dice más de lo que pretende ocultar. Se trata del eufemismo oficial para describir lo que el propio sistema de salud padece como una crisis estructural, directamente vinculada al ajuste fiscal impuesto por las metas del acuerdo con el FMI.

Lo que dicen los prestadores: 102% de atraso y colapso inminente

La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) comunicó la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtió que las próximas medidas incluirán la paralización de cirugías y procedimientos programados no urgentes, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.

«Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales«, advirtió CAPRESS en un documento público. «Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI», completaron.

Los números que el sector expone son contundentes: desde diciembre de 2023, los aranceles abonados por el PAMI a los prestadores aumentaron apenas un 130%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada superó el 300%. Para equiparar ambas variables, los prestadores estiman que haría falta una recomposición de al menos el 75%; el Gobierno ofrece menos de un cuarto de eso.

La crisis lleva meses: desde Patagonia hasta todo el país

La situación no es nueva ni está circunscripta a una región. En febrero de 2026, más de 30 clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido prestaciones programadas y ambulatorias, luego de una nota enviada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advertían que sin soluciones concretas la interrupción de servicios sería inevitable. El problema se repite: primero fue una advertencia; ahora es una medida de fuerza generalizada.

«No cubrimos costos y las brechas son insalvables», declaró Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, según consignó el portal Noti-Río.

Los prestadores privados aportan más de la mitad de las camas de internación en todo el país, lo que convierte esta crisis en una amenaza directa para la capacidad del sistema sanitario argentino de responder a las necesidades de la tercera edad.

Un antecedente que el Gobierno ignoró: el fallo judicial de mayo

Esta crisis no irrumpió en el vacío. En mayo de 2026, este medio ya cubrió cómo un juez federal ordenó al PAMI y a Incluir Salud regularizar pagos a prestadores de discapacidad en 72 horas, calificando al Estado de «en mora» y advirtiendo sobre el «riesgo inminente» para las personas con discapacidad. El Gobierno apeló esa cautelar en lugar de cumplirla. El patrón se repite: la respuesta judicial; la respuesta oficial, una apelación.

Además, el propio Ejecutivo debió emitir Letras del Tesoro (LECAP) por $580.000 millones para asistir al PAMI en el marco de esa misma crisis, una medida que la propia normativa exige reembolsar dentro del mismo ejercicio fiscal.

El ajuste y los jubilados: un costo que siempre pagan los mismos

Para los trabajadores del sector, el reclamo de los prestadores es apenas la superficie de una crisis más profunda. Desde SUTEPA respaldaron las medidas de los prestadores y señalaron que el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico en el sector de la salud.

El cuadro se enmarca en una política deliberada: el recorte del gasto primario acumulado desde 2023, que en el área de salud y seguridad social implicó reducciones de más del 60% en términos reales, según el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo. Los jubilados que dependen del PAMI son, en ese contexto, los eslabones más débiles de una cadena de ajuste que los aprieta desde varios frentes simultáneamente: la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, el encarecimiento de los servicios públicos, y ahora la amenaza de perder acceso a los turnos médicos.

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