DDHH
¿Qué prepara Bullrich para la mega marcha del 24 de marzo?
El Ministerio de Seguridad dispuso un operativo con coordinación con la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que tenés que saber:
- El operativo de seguridad para el 24 de marzo tendrá presencia policial limitada.
- No se aplicará el protocolo antipiquetes en esta movilización histórica.
- La marcha está organizada por el kirchnerismo y la izquierda para conmemorar el 49° aniversario del golpe.
- El monitoreo se centrará en los cortes de calles y en la Plaza de Mayo, Casa Rosada y Congreso.
- Patricia Bullrich busca evitar la violencia tras los episodios de marzo, sin desincentivar la protesta.
El operativo de seguridad para la movilización del 24 de marzo
El Gobierno Nacional, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, definió el operativo de seguridad para la movilización prevista para el 24 de marzo, en conmemoración del 49° aniversario del golpe cívico-militar de 1976. A diferencia de otras protestas, el operativo será de bajo perfil, con presencia policial limitada y sin la aplicación del protocolo antipiquetes.
Desde el entorno de Bullrich confirmaron que el Ministerio de Seguridad trabajará de forma coordinada con la Ciudad de Buenos Aires para garantizar el orden durante la movilización.

ABSTINENCIA DE BALAZOS Y PALOS: La marcha como evento histórico
Según fuentes oficiales, Bullrich le explicó al presidente Javier Milei que esta movilización, por su carácter conmemorativo, no debe tratarse de la misma manera que una protesta por demandas sociales. En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad subrayaron: “Es un concepto completamente distinto al de piquete” y remarcaron que, dado que se trata de una marcha tradicional, la presencia policial será mínima.
La ministra también destacó que el objetivo es mantener el control sobre la situación sin sobrepasar las expectativas, y que la operación se centrará en evitar alteraciones en el orden público. En este sentido, se realizarán monitoreos específicos a lo largo del recorrido de la marcha, que irá desde la ExEsma hasta la Plaza de Mayo.

Coordinación con la Ciudad y enfoque en la desconcentración
Bullrich trabaja junto al ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en un despliegue que tendrá especial atención en la desconcentración de los manifestantes. Según fuentes de la cartera, “la idea es tener la menor presencia policial. Es una marcha tradicional que se hace un feriado”. De esta forma, se priorizará el control de la circulación en las zonas más afectadas, como la Plaza de Mayo y la Casa Rosada.
Sin embargo, ambos ministerios se mantienen atentos a posibles alteraciones una vez que los manifestantes comiencen a disolverse, particularmente por la aparición de “infiltrados o grupos ajenos a quienes se concentran” que podrían causar disturbios.

Preocupación por la violencia y la imagen del gobierno
El reciente historial de manifestaciones y los episodios de violencia, como los ocurridos durante la protesta del 12 de marzo que involucraron abusos de las fuerzas de seguridad, siguen generando preocupación en el Gabinete. La ministra Bullrich, que hasta el momento cuenta con el respaldo del presidente Milei, busca evitar que la violencia empañe la imagen de su gestión.
A raíz de los enfrentamientos con los manifestantes, que incluyeron el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó herido en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno, el Poder Ejecutivo adoptó una postura cautelosa, “desincentivando” el uso excesivo de la fuerza. La ministra, a pesar de las críticas, se mantiene firme en su enfoque de mantener el control sin que la seguridad se convierta en un obstáculo para el derecho a la protesta.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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