Legislativo
La Reforma laboral de Gobierno busca modificar vacaciones, despidos y licencias
El borrador en debate redefine pautas para organizar descansos, recalcular indemnizaciones y actualizar criterios de cobertura por enfermedad dentro del empleo formal.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno y el sector empresario discuten un borrador sin aval sindical.
- El esquema de vacaciones redefine fechas, avisos y habilita el fraccionamiento.
- El régimen de licencias médicas introduce nuevos plazos y prestaciones del 80%.
- La indemnización se recalcula según la mejor remuneración y topes del convenio.
- El proyecto contempla la opción de un fondo de cese laboral vía convenios colectivos.
Un borrador en debate dentro del Consejo de Mayo
El Gobierno trabaja junto a representantes del sector empresario en un proyecto que busca modificar puntos centrales de la legislación laboral. La CGT expresó su rechazo y calificó el borrador como “un retroceso de derechos”, mientras que las fuentes empresarias mencionan la intención oficial de promover un marco “más flexible y homogéneo”. El plan es unificar el texto, incluirlo en el temario de extraordinarias y enviarlo al Congreso hacia fin de año.
Vacaciones: nuevos plazos, avisos y fraccionamiento
El borrador plantea una reescritura del artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto indica que “el empleador deberá otorgar las vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente”, con posibilidad de acordar entre las partes una fecha diferente. Además, la notificación del inicio del descanso deberá realizarse por escrito con un mínimo de 45 días, aunque las convenciones colectivas podrán establecer mecanismos propios.
La autoridad de aplicación podrá autorizar calendarios especiales mediante resolución fundada, cuando existan características sectoriales que lo justifiquen. El borrador también formaliza la opción de dividir las vacaciones, siempre que cada tramo contemple una duración mínima de una semana.
Otro punto destaca que “la empresa deberá organizar las vacaciones para que cada trabajador pueda tomar al menos un período durante la temporada de verano, como mínimo una vez cada tres años”. Si el período coincide con una licencia médica, el texto establece que el trabajador deberá reincorporarse al finalizar el período previsto o, si continúa bajo licencia, al concluir esa última. Los días pendientes deberán reprogramarse según los criterios generales fijados.
Licencias por enfermedad: plazos, prestaciones y requisitos
Mediante el Artículo 26, el borrador propone una modificación integral del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto indica que “cuando un trabajador quede imposibilitado de prestar servicios por un accidente o una enfermedad inculpable, recibirá una prestación dineraria a cargo del empleador, de carácter no remunerativo y no contributivo a los sistemas de la Seguridad Social”, excepto por aportes a la obra social.
El período cubierto dependerá de la antigüedad: tres meses para quienes tengan menos de cinco años y seis meses para quienes superen ese tiempo. Para trabajadores con cargas de familia, el régimen será de seis meses con menos de cinco años de antigüedad y doce meses para quienes lo superen.
El borrador aclara que la recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se presente nuevamente dos años después de la licencia paga vinculada a esa patología o accidente. La prestación será equivalente al 80% de los haberes netos, y el empleador deberá sumar una prestación extraordinaria destinada a la obra social o medicina prepaga.
Para acceder a la cobertura, el trabajador deberá presentar un certificado con diagnóstico, tratamiento, días de reposo y firma digital según la ley 27.753. La empresa conservará facultades de control previstas en el artículo 210. El texto también especifica que “una suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a cobrar la prestación”.
Indemnización por antigüedad: nueva fórmula y topes
El proyecto incorpora una redacción actualizada del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto señala que “una vez superado el período de prueba, el empleador deberá abonar al trabajador una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”. La base será la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, excluyendo aguinaldo y conceptos semestrales o anuales.
En remuneraciones variables o comisiones, el cálculo se realizará sobre el promedio de los últimos seis meses, o del último año si fuera más favorable. La base salarial no podrá superar el tope del convenio, equivalente a tres veces el salario mensual promedio. Para trabajadores fuera de convenio, se tomará el tope del convenio aplicable al establecimiento, o el más favorable si hubiera más de uno. El piso nunca podrá ubicarse por debajo del 67% de la remuneración obtenida según los criterios generales. Ninguna indemnización podrá ser inferior a un mes de sueldo.
Fondo de cese laboral
El borrador incorpora la opción de que convenios colectivos reemplazen la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral administrado dentro de cada actividad. El texto indica que dicho fondo deberá ser financiado por el empleador. El nuevo “Artículo 245 ter” detalla que, en caso de implementarse, el fondo o sistema de seguro sustituirá de manera integral la indemnización por antigüedad.
Judiciales ⚖️
LLA busca suspender la sesión del Senado del jueves para evitar la interpelación a Adorni
El Gobierno de Javier Milei activó una ronda de negociaciones con bloques aliados y gobernadores para desarticular el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles.
El gobierno de Javier Milei activó una ronda de negociaciones con bloques aliados y gobernadores para desarticular el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La maniobra, que compromete a la senadora Patricia Bullrich, al ministro del Interior, Diego Santilli, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, busca impedir que la sesión prevista para el jueves 18 de junio habilite el debate sobre la situación del funcionario.
El gobierno en modo defensivo
La Casa Rosada concentró este martes sus energías no en avanzar con la agenda legislativa propia, sino en contener el avance opositor. El oficialismo pospuso la búsqueda de apoyos para sus propios proyectos de ley y activó el «poroteo» para blindar a su jefe de Gabinete. La sesión del jueves tenía previsto tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada; ninguno de esos temas llegó a tener el consenso necesario y la crisis Adorni terminó de complicar el panorama.
Santilli recibió durante la mañana al gobernador chaqueño Leandro Zdero, uno de los pocos mandatarios dispuestos a trazar acuerdos electorales con La Libertad Avanza rumbo a 2027. Si bien Zdero ratificó su apoyo a la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, no hubo definición concreta respecto del respaldo al jefe de Gabinete. La ronda de contactos continuó por la tarde con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Bullrich en el Senado: frenar antes del jueves
En la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, trabajó para desactivar la sesión que el bloque peronista impulsó con el objetivo de interpelar a Adorni. Según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es evitar que ese debate llegue al recinto. La vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo de la presidencia del Senado, convocó para el miércoles a la reunión de Labor Parlamentaria a las 18 horas, con el propósito formal de definir el temario de la sesión del jueves y la fecha del informe de gestión de Adorni; el oficialismo anticipó que ese informe se realizaría el 2 de julio.
El kirchnerismo y el bloque del Partido Justicialista en el Senado impulsaron la interpelación como mecanismo de control político sobre el funcionario cuya situación judicial se agravó en las últimas semanas. En paralelo, en la Cámara de Diputados existe una sesión convocada para el 23 de junio que incluye una moción de censura. Los socios del PRO y la UCR no descartaron habilitar el debate, lo que amplía la incertidumbre del oficialismo sobre su capacidad de contención parlamentaria.
«El Presidente banca»: la apuesta oficial a resistir
Ante la acumulación de presiones, integrantes de la mesa política del gobierno sostuvieron que la estrategia es resistir el desgaste y esperar que la controversia se disipe. «Tienen que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad», sostuvo un integrante de la mesa política. La apuesta es que el «coletazo mediático» se diluya antes de que la oposición logre consolidar los votos necesarios para avanzar sobre el cargo del funcionario.
Sin embargo, el contexto judicial no acompaña esa lectura optimista. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, ya involucra un patrimonio bajo sospecha que supera los US$ 840.000 e incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo sin declarar, el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa Bettina Angeletti y vínculos con la denominada Causa $Libra. El juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, y ordenó el peritaje de dispositivos de testigos clave.
Puntos clave
- LLA busca suspender la sesión del Senado del jueves 18 para evitar que se trate la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- Santilli negoció con gobernadores aliados; Zdero apoyó la reforma electoral pero no definió su postura sobre Adorni.
- La vicepresidenta Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles; el informe de gestión de Adorni se postergó para el 2 de julio.
- El PRO y la UCR no descartaron habilitar el debate de interpelación, lo que debilita la posición del oficialismo.
- La investigación judicial sobre Adorni abarca un patrimonio bajo sospecha superior a los US$ 840.000 y avanza con peritajes y levantamiento del secreto fiscal.
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