Legislativo
La Reforma laboral de Gobierno busca modificar vacaciones, despidos y licencias
El borrador en debate redefine pautas para organizar descansos, recalcular indemnizaciones y actualizar criterios de cobertura por enfermedad dentro del empleo formal.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno y el sector empresario discuten un borrador sin aval sindical.
- El esquema de vacaciones redefine fechas, avisos y habilita el fraccionamiento.
- El régimen de licencias médicas introduce nuevos plazos y prestaciones del 80%.
- La indemnización se recalcula según la mejor remuneración y topes del convenio.
- El proyecto contempla la opción de un fondo de cese laboral vía convenios colectivos.
Un borrador en debate dentro del Consejo de Mayo
El Gobierno trabaja junto a representantes del sector empresario en un proyecto que busca modificar puntos centrales de la legislación laboral. La CGT expresó su rechazo y calificó el borrador como “un retroceso de derechos”, mientras que las fuentes empresarias mencionan la intención oficial de promover un marco “más flexible y homogéneo”. El plan es unificar el texto, incluirlo en el temario de extraordinarias y enviarlo al Congreso hacia fin de año.
Vacaciones: nuevos plazos, avisos y fraccionamiento
El borrador plantea una reescritura del artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto indica que “el empleador deberá otorgar las vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente”, con posibilidad de acordar entre las partes una fecha diferente. Además, la notificación del inicio del descanso deberá realizarse por escrito con un mínimo de 45 días, aunque las convenciones colectivas podrán establecer mecanismos propios.
La autoridad de aplicación podrá autorizar calendarios especiales mediante resolución fundada, cuando existan características sectoriales que lo justifiquen. El borrador también formaliza la opción de dividir las vacaciones, siempre que cada tramo contemple una duración mínima de una semana.
Otro punto destaca que “la empresa deberá organizar las vacaciones para que cada trabajador pueda tomar al menos un período durante la temporada de verano, como mínimo una vez cada tres años”. Si el período coincide con una licencia médica, el texto establece que el trabajador deberá reincorporarse al finalizar el período previsto o, si continúa bajo licencia, al concluir esa última. Los días pendientes deberán reprogramarse según los criterios generales fijados.
Licencias por enfermedad: plazos, prestaciones y requisitos
Mediante el Artículo 26, el borrador propone una modificación integral del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto indica que “cuando un trabajador quede imposibilitado de prestar servicios por un accidente o una enfermedad inculpable, recibirá una prestación dineraria a cargo del empleador, de carácter no remunerativo y no contributivo a los sistemas de la Seguridad Social”, excepto por aportes a la obra social.
El período cubierto dependerá de la antigüedad: tres meses para quienes tengan menos de cinco años y seis meses para quienes superen ese tiempo. Para trabajadores con cargas de familia, el régimen será de seis meses con menos de cinco años de antigüedad y doce meses para quienes lo superen.
El borrador aclara que la recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se presente nuevamente dos años después de la licencia paga vinculada a esa patología o accidente. La prestación será equivalente al 80% de los haberes netos, y el empleador deberá sumar una prestación extraordinaria destinada a la obra social o medicina prepaga.
Para acceder a la cobertura, el trabajador deberá presentar un certificado con diagnóstico, tratamiento, días de reposo y firma digital según la ley 27.753. La empresa conservará facultades de control previstas en el artículo 210. El texto también especifica que “una suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a cobrar la prestación”.
Indemnización por antigüedad: nueva fórmula y topes
El proyecto incorpora una redacción actualizada del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto señala que “una vez superado el período de prueba, el empleador deberá abonar al trabajador una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”. La base será la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, excluyendo aguinaldo y conceptos semestrales o anuales.
En remuneraciones variables o comisiones, el cálculo se realizará sobre el promedio de los últimos seis meses, o del último año si fuera más favorable. La base salarial no podrá superar el tope del convenio, equivalente a tres veces el salario mensual promedio. Para trabajadores fuera de convenio, se tomará el tope del convenio aplicable al establecimiento, o el más favorable si hubiera más de uno. El piso nunca podrá ubicarse por debajo del 67% de la remuneración obtenida según los criterios generales. Ninguna indemnización podrá ser inferior a un mes de sueldo.
Fondo de cese laboral
El borrador incorpora la opción de que convenios colectivos reemplazen la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral administrado dentro de cada actividad. El texto indica que dicho fondo deberá ser financiado por el empleador. El nuevo “Artículo 245 ter” detalla que, en caso de implementarse, el fondo o sistema de seguro sustituirá de manera integral la indemnización por antigüedad.
Economía 💲
El secreto que duró dos años: Bausili confirmó en el Senado que el oro argentino está en Suiza
El presidente del Banco Central confirmó ante el Senado que parte de los lingotes de oro de las reservas nacionales fueron trasladados en 2024 al Bank for International Settlements (BIS), con sede en Suiza, donde permanecen depositados. La revelación, que el gobierno había mantenido bajo reserva durante dos años, llegó a raíz de una pregunta de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El gobierno de Javier Milei guardó durante más de dos años un silencio que la oposición calificó de inexplicable: el destino de parte de las reservas de oro del Banco Central, trasladadas al exterior durante 2024. Recién el 9 de septiembre de 2026, ante las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el propio presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reveló que esos lingotes se encuentran depositados en el Bank for International Settlements (BIS), el organismo multilateral con sede en Suiza que funciona como banco de bancos centrales.
La pregunta la hizo la senadora nacional por Buenos Aires Juliana Di Tullio, integrante de Unión por la Patria, quien desde hacía dos años reclamaba respuesta a pedidos de acceso a la información pública sin que el gobierno le respondiera. «¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?», disparó Di Tullio, según consignaron medios presentes en la sesión. Fue en ese contexto que Bausili tomó la palabra y brindó la primera explicación oficial sobre el destino del metal.
Una «oportunidad de mercado» que durmió dos años en secreto
La explicación de Bausili construyó una narrativa técnica sobre la decisión: el BCRA contaba con dos tipos de tenencias de oro, una parte física depositada en sus propias bóvedas y otra que ya se encontraba en el BIS. En 2024, según el funcionario, las condiciones del mercado internacional del oro abrieron una ventana para convertir lingotes de menor aceptación comercial en otros de mayor pureza y mejor liquidez, a un costo inferior al histórico. «Se trasladó y se depositó en el BIS de Suiza, que es donde siguen estando», precisó.
«A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 de que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos de calidad más dudosa o más cuestionable o más difícil de analizar», explicó Bausili. Y añadió: «Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta».
Lo que Bausili no explicó con la misma fluidez fue por qué esa operación, presentada como una rutina de administración de activos, permaneció sin comunicación oficial durante más de dos años, hasta que la presión parlamentaria lo obligó a dar la cara.
El silencio y la «sensibilidad» de los datos
Para justificar la falta de información pública, Bausili invocó razones estratégicas: divulgar las posiciones del BCRA en el mercado podría facilitar que otros actores operen en contra de los intereses de la entidad y encarezcan las transacciones. «Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra», sostuvo, según informó El Economista.
El argumento, sin embargo, choca con una realidad política: Di Tullio había presentado pedidos formales de acceso a la información pública, un mecanismo de control parlamentario garantizado por la Ley 27.275, y el Poder Ejecutivo los ignoró durante dos años. La «sensibilidad» del dato no alcanza como justificativo legal frente a una obligación de respuesta que el gobierno incumplió sistemáticamente.
Bausili defendió además la trazabilidad de las operaciones y afirmó que los movimientos del oro fueron revisados por auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación (AGN) para los ejercicios 2023, 2024 y 2025. «2023, 2024 y 2025 están y no tienen comentarios», sostuvo. Sin embargo, Di Tullio volvió sobre el asunto tras la exposición del funcionario para señalar que la AGN indicó que no existe trazabilidad sobre lo que se hizo con el oro, en aparente contradicción con lo expuesto por el titular del BCRA.
La reforma del BCRA: el telón de fondo
La revelación sobre el oro no fue el único dato relevante de la jornada en el Senado. La exposición de Bausili y del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se encuadró en el debate por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que busca concentrar el mandato del Banco Central exclusivamente en la preservación del valor de la moneda y limitar de manera drástica los mecanismos de financiamiento al Tesoro. El proyecto avanzó con dictamen de mayoría en la Cámara.
Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el histórico financiamiento del Banco Central al Tesoro, una cifra que el oficialismo utilizó como argumento para defender la reforma. Bausili fue más explícito: «Ni siquiera se pudo cumplir el número uno, que era preservar el valor de la moneda», dijo en referencia a los cinco objetivos vigentes desde la reforma kirchnerista de 2012, que la actual gestión pretende reemplazar por un mandato único.
La combinación de ambos debates, el destino del oro y la nueva arquitectura institucional del BCRA, reveló la lógica de fondo del proyecto libertario: reducir el margen de maniobra de cualquier gobierno futuro sobre los activos externos y la política monetaria, mientras el oro ya trasladado al exterior permanece bajo custodia de un organismo multilateral sin que el Congreso haya sido informado en tiempo y forma.
Bausili intentó desactivar las sospechas con una frase que sintetizó la postura oficial frente a dos años de silencio: «Lo que pasa es que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia, pero la historia es muy simple, muy lineal y está toda documentada».
Puntos clave
- El presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó ante el Senado que parte del oro de las reservas fue trasladado en 2024 al BIS, con sede en Suiza.
- El gobierno mantuvo la operación bajo reserva durante más de dos años, ignorando pedidos formales de información parlamentaria.
- La senadora Juliana Di Tullio señaló que la Auditoría General de la Nación indica que no existe trazabilidad sobre los movimientos del oro, en contradicción con los dichos de Bausili.
- La revelación se produjo en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que avanzó con dictamen de mayoría.
- Vladimir Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el financiamiento del Banco Central al Tesoro.
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