El Gobierno Nacional publicó el decreto 1112/2024, que redefine el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional y permite la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas de seguridad interior. Esta decisión marca un cambio de paradigma respecto al marco legal vigente desde la recuperación democrática, que impedía su participación en asuntos internos tras las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar.

La normativa amplía las competencias de las fuerzas castrenses para abordar amenazas contemporáneas como el ciberespacio, el terrorismo transnacional y el narcotráfico, pero genera preocupación por su posible impacto en los derechos y libertades civiles.

Ampliación de competencias y nuevas amenazas

El decreto deroga el marco regulatorio establecido en 2006, que limitaba la acción militar exclusivamente a agresiones externas provenientes de otros Estados. Ahora, la definición de «agresión externa» incluye ataques de organizaciones no estatales, como grupos terroristas o paramilitares, y amenazas indirectas que puedan poner en peligro los intereses vitales de la Nación. Además, se incorporan escenarios como el espacio exterior, el espectro electromagnético y los ciberataques.

Según el artículo 17 del decreto, las Fuerzas Armadas podrán complementar el accionar de las fuerzas de seguridad en zonas de frontera, realizando actividades como adiestramiento operacional, apoyo logístico y asistencia ante emergencias. Este nuevo enfoque busca «modernizar» las capacidades militares mediante el uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, robótica y sistemas no tripulados.

Una línea difusa entre defensa y seguridad interior

La nueva normativa elimina la separación estricta entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, promoviendo una coordinación estratégica en áreas clave como las fronteras. Esto permitirá a las Fuerzas Armadas actuar en tareas de vigilancia y control, especialmente en regiones críticas o de difícil acceso, donde se detecten actividades ilícitas como narcotráfico o terrorismo. Sin embargo, esta integración plantea interrogantes sobre los límites de su accionar y las garantías democráticas que lo regulen.

Zonas de seguridad interior: una expansión preocupante

El decreto habilita la definición de «zonas interiores de seguridad» según criterios estratégicos que incluyen infraestructura crítica como represas hidroeléctricas, centrales nucleares o hubs de telecomunicaciones. Aunque no se publicó una lista detallada por razones de seguridad, esta disposición amplía significativamente el alcance de la presencia militar en territorio nacional, despertando temores sobre su uso discrecional.

Críticas desde organismos de derechos humanos

Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron duramente la medida. Advirtieron que esta normativa podría ser utilizada para criminalizar la protesta social o perseguir a sectores vulnerables bajo el pretexto de «amenazas a la seguridad nacional». «La militarización del interior representa un retroceso peligroso en materia de derechos humanos y un retorno a prácticas que creíamos superadas», señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El decreto 1112/2024 marca un antes y un después en la concepción de la Defensa Nacional, con implicancias profundas para la democracia argentina. Aunque busca adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas y tecnológicas, su implementación deberá ser observada con cautela para evitar abusos y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Puntos clave del polémico decreto del Gobierno de Javier Milei:

• El decreto 1112/2024 redefine el Sistema de Defensa Nacional y permite la intervención de las Fuerzas Armadas a nivel interno.

• Se eliminan las restricciones que limitaban el accionar militar a agresiones externas de otros Estados.

• Las nuevas competencias incluyen la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y amenazas en el ciberespacio.

• Críticas de organismos de derechos humanos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social y violaciones de derechos.

• La medida genera preocupaciones por el impacto en la democracia y los derechos civiles.