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Defensa

Militarización en democracia: el Gobierno de Milei habilitó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior

El decreto 1112/2024 elimina las restricciones, redefine el Sistema de Defensa Nacional y permite la intervención de las FFAA a nivel interno.

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El Gobierno Nacional publicó el decreto 1112/2024, que redefine el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional y permite la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas de seguridad interior. Esta decisión marca un cambio de paradigma respecto al marco legal vigente desde la recuperación democrática, que impedía su participación en asuntos internos tras las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar.

La normativa amplía las competencias de las fuerzas castrenses para abordar amenazas contemporáneas como el ciberespacio, el terrorismo transnacional y el narcotráfico, pero genera preocupación por su posible impacto en los derechos y libertades civiles.

Ampliación de competencias y nuevas amenazas

El decreto deroga el marco regulatorio establecido en 2006, que limitaba la acción militar exclusivamente a agresiones externas provenientes de otros Estados. Ahora, la definición de «agresión externa» incluye ataques de organizaciones no estatales, como grupos terroristas o paramilitares, y amenazas indirectas que puedan poner en peligro los intereses vitales de la Nación. Además, se incorporan escenarios como el espacio exterior, el espectro electromagnético y los ciberataques.

Según el artículo 17 del decreto, las Fuerzas Armadas podrán complementar el accionar de las fuerzas de seguridad en zonas de frontera, realizando actividades como adiestramiento operacional, apoyo logístico y asistencia ante emergencias. Este nuevo enfoque busca «modernizar» las capacidades militares mediante el uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, robótica y sistemas no tripulados.

Una línea difusa entre defensa y seguridad interior

La nueva normativa elimina la separación estricta entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, promoviendo una coordinación estratégica en áreas clave como las fronteras. Esto permitirá a las Fuerzas Armadas actuar en tareas de vigilancia y control, especialmente en regiones críticas o de difícil acceso, donde se detecten actividades ilícitas como narcotráfico o terrorismo. Sin embargo, esta integración plantea interrogantes sobre los límites de su accionar y las garantías democráticas que lo regulen.

Zonas de seguridad interior: una expansión preocupante

El decreto habilita la definición de «zonas interiores de seguridad» según criterios estratégicos que incluyen infraestructura crítica como represas hidroeléctricas, centrales nucleares o hubs de telecomunicaciones. Aunque no se publicó una lista detallada por razones de seguridad, esta disposición amplía significativamente el alcance de la presencia militar en territorio nacional, despertando temores sobre su uso discrecional.

Críticas desde organismos de derechos humanos

Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron duramente la medida. Advirtieron que esta normativa podría ser utilizada para criminalizar la protesta social o perseguir a sectores vulnerables bajo el pretexto de «amenazas a la seguridad nacional». «La militarización del interior representa un retroceso peligroso en materia de derechos humanos y un retorno a prácticas que creíamos superadas», señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El decreto 1112/2024 marca un antes y un después en la concepción de la Defensa Nacional, con implicancias profundas para la democracia argentina. Aunque busca adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas y tecnológicas, su implementación deberá ser observada con cautela para evitar abusos y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Puntos clave del polémico decreto del Gobierno de Javier Milei:

  • El decreto 1112/2024 redefine el Sistema de Defensa Nacional y permite la intervención de las Fuerzas Armadas a nivel interno.
  • Se eliminan las restricciones que limitaban el accionar militar a agresiones externas de otros Estados.
  • Las nuevas competencias incluyen la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y amenazas en el ciberespacio.
  • Críticas de organismos de derechos humanos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social y violaciones de derechos.
  • La medida genera preocupaciones por el impacto en la democracia y los derechos civiles.

Defensa

“Son pobres y están endeudados”: ATE paró y marchó al corazón de la crisis salarial de Defensa

El gremio que agrupa al personal civil de las Fuerzas Armadas declaró un paro total de actividades y convocó a una movilización para exigir reapertura de paritarias, financiamiento de la OSFA y la reversión del cierre de la Base Aeronaval Punta Indio. La medida llega un día después de que ATE rechazara la oferta del Gobierno que UPCN aceptó.

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ATE realizó un paro y marchó al Ministerio de Defensa por salarios del personal de las Fuerzas Armadas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves un paro total de actividades del personal civil de las Fuerzas Armadas y encabezó una movilización al Ministerio de Defensa para exigir una recomposición salarial urgente. La medida de fuerza comenzó a las 11 y alcanzó a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), según informó el propio sindicato.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sintetizó sin eufemismos la situación del sector: «El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema». El dirigente advirtió que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar los gastos de alimentos, alquileres y servicios de las familias del sector.

Básicos que no llegan a los $403.000 y deudas que crecen

ATE precisó que el salario del personal civil se determina por nivel y antigüedad mediante una Unidad Retributiva actualizada en paritarias, y señaló que existen categorías con básicos cercanos a los $402.396. Esa cifra, medida contra la inflación acumulada desde diciembre de 2023, representa una pérdida real de poder adquisitivo que el gremio califica como insostenible.

Las consecuencias, según el sindicato, ya son visibles en la salud de los propios trabajadores: la organización alertó sobre un crecimiento de las licencias por depresión, angustia y agotamiento directamente ligado al deterioro económico del sector. El endeudamiento creciente de los trabajadores es el otro síntoma que el gremio puso sobre la mesa como evidencia del colapso salarial.

La OSFA, desfinanciada y con deuda millonaria

El reclamo gremial no se limita a los salarios. ATE denunció el desfinanciamiento de la OSFA y exigió una investigación sobre una deuda que, según sostuvo, supera los $223.000 millones. El gremio también alertó sobre la salida de profesionales de los hospitales militares y las crecientes dificultades para cubrir vacantes en la planta docente civil, ambas consecuencias directas de los niveles salariales vigentes.

La conducción nacional de ATE subrayó además que el reclamo no apunta solo al personal civil. El sindicato aseguró actuar en respaldo de las demandas del personal militar, que por su condición institucional carece de representación gremial propia y no puede expresar públicamente su malestar a través de los canales habituales de protesta.

El cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, otra línea de fuego

La protesta incorporó también el rechazo explícito al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno en el marco de un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas. ATE advirtió que esa decisión pondría en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares, con un impacto directo sobre la actividad económica de los municipios de Punta Indio y Verónica.

El cierre de una base operativa de esas características no solo implica la destrucción de empleos, sino también la pérdida de capacidades estratégicas que el propio Ministerio de Defensa tardó décadas en construir. La decisión contrasta con el discurso oficial sobre la modernización de las Fuerzas Armadas y fue interpretada por ATE como parte de un ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables de la estructura de defensa.

El rechazo a la oferta oficial y la fractura con UPCN

La movilización se realizó un día después de que ATE rechazara la última oferta salarial presentada por el Gobierno para los empleados estatales, en una instancia en la que UPCN aceptó la propuesta oficial. La fractura entre los dos gremios más representativos del sector público volvió a quedar en evidencia, profundizando una grieta que se repite en cada instancia paritaria desde el inicio de la gestión libertaria.

Para ATE, los aumentos del 1,7% mensual entre septiembre y diciembre, más sumas extraordinarias incluidas en la oferta, no alcanzan para compensar la inflación ni para revertir la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El gremio exigió la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias y cuestionó las condiciones laborales generales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El escenario no es nuevo. Desde diciembre de 2023, el personal civil de las Fuerzas Armadas acumula una caída real de ingresos que ninguna actualización trimestral logró revertir. El ajuste fiscal que el Gobierno presenta como logro macroeconómico tiene nombre y apellido en cada cuartel, hospital militar y base aeronaval del país.

Puntos clave

  • ATE declaró paro total del personal civil de las Fuerzas Armadas y movilizó al Ministerio de Defensa el 27 de agosto de 2026.
  • El secretario general Rodolfo Aguiar afirmó que el 99% de los trabajadores del sector son pobres y están endeudados.
  • ATE denunció una deuda de la OSFA que supera los $223.000 millones y exigió su investigación.
  • El gremio rechazó el cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, que afectaría a más de 430 puestos entre civiles y militares.
  • ATE rechazó la oferta del 1,7% mensual que UPCN aceptó y exigió la reapertura de las paritarias estatales.
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