Lo que tenés que saber

• Horacio Rosatti advirtió sobre posibles frenos judiciales a la reforma laboral.
• Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley.
• La aplicación podría quedar suspendida durante meses o años.
• El antecedente de la Ley Bases sigue sin resolución definitiva.
• La Corte solo unifica criterios cuando interviene en última instancia.

Advertencia directa desde la Corte Suprema

La posible aprobación de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei en sesiones extraordinarias abrió un frente de tensión institucional. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, señaló que los cambios en la legislación laboral podrían quedar bajo revisión judicial durante un período prolongado.

El magistrado recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad permite que cualquier juez declare la invalidez de una norma, lo que podría trabar su aplicación efectiva hasta que el máximo tribunal fije una posición común.

Cómo funciona el control de constitucionalidad

Rosatti explicó el alcance del esquema vigente: “El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”. Luego agregó: “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”.

Bajo este sistema, una reforma laboral podría enfrentar:

• Suspensiones en juzgados de distintas jurisdicciones.
• Fallos contradictorios en primera y segunda instancia.
• Un recorrido judicial extenso hasta llegar a la Corte Suprema.

El antecedente de la Ley Bases

En una entrevista concedida a Perfil, Rosatti recordó que una situación similar ocurrió con parte del régimen laboral incluido en la Ley Bases. Ese capítulo fue declarado inconstitucional por un juez laboral y todavía no cuenta con una definición final del máximo tribunal.

En ese contexto, el presidente de la Corte remarcó: “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”.

¿Puede el Congreso imponer obediencia a la Corte?

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula que obligue a todos los tribunales a acatar los fallos del máximo tribunal, Rosatti mostró cautela. “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó.

Según el magistrado, solo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional”, ese mecanismo podría evitar la repetición constante de litigios similares.

Impacto en el funcionamiento judicial

Rosatti también expuso las consecuencias prácticas del esquema actual. “El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, afirmó. Luego agregó: “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”.

El planteo puso en foco el efecto que el sistema de control difuso genera sobre reformas estructurales, como la laboral, que podrían quedar atrapadas en un proceso judicial prolongado.