Milei manda al Congreso una reforma que rehabilita los manicomios y facilita las internaciones forzosas

★ El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes a través de su cuenta de X que el Gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto para reemplazar la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, no es una sorpresa: el Gobierno libertario ya había intentado modificar la misma ley al menos en dos oportunidades anteriores, con resultados negativos.

Un intento que viene de lejos

No es la primera vez que la administración de Javier Milei apunta contra la Ley 26.657. El primer round ocurrió con la Ley Bases, que en su versión original incluía modificaciones a ocho artículos de la norma vigente. Ese tramo fue retirado antes de la sanción definitiva, en 2024, luego de un intenso debate en el que organizaciones de derechos humanos, colegios de psicólogos y profesionales del sector alertaron sobre el retroceso que implicaba.

El segundo intento estaba planificado para el inicio de las sesiones ordinarias de marzo de 2026. Fuentes del Poder Ejecutivo ya habían adelantado a fines de 2025 que la reforma volvería al ruedo durante el período legislativo del año en curso. El anuncio formal de Adorni este martes confirma que el proyecto finalmente llegó al Congreso.

Qué propone el proyecto

Según informaron fuentes del Ministerio de Salud consultadas por este medio, el proyecto apunta a una «actualización» integral de la norma vigente. Entre los cambios principales se destacan:

Reemplazar el concepto de «padecimiento mental» por el de «trastornos mentales o del comportamiento», con adopción de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas). Desde la cartera argumentan que el término vigente es «ambiguo» y «demasiado amplio», aunque la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) ya rechazó este argumento y advirtió que el proyecto «pone en riesgo el principio de autonomía y las libertades individuales».

Facilitar las internaciones involuntarias. Se modifica el criterio actual por el de «situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», con el objetivo declarado de permitir «intervenciones más oportunas». Sin embargo, la AASM alertó que la nueva redacción permitiría que un juez ordene la internación involuntaria «solo teniendo en cuenta su convicción, aunque no exista riesgo para sí o para terceros, y sin que exista previamente la evaluación de un equipo interdisciplinario».

Extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial en casos de internación. Se agrega además que, si un paciente en internación voluntaria solicita el alta, se podrá evaluar su «capacidad» y, de considerarse afectada, transformar la internación en involuntaria, con simple notificación a la justicia.

Rehabilitar los hospitales neuropsiquiátricos y monovalentes. La ley vigente impulsó el cierre progresivo de los manicomios. El nuevo proyecto propone «fortalecer la red de atención en salud mental con hospitales especializados», en contradicción directa con el espíritu desmanicomializador que organizaciones internacionales como la OMS y la OPS respaldaron en su momento. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas en el país.

Ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión (OR), el cuerpo que monitorea el cumplimiento de la ley y protege los derechos de los pacientes, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental y SEDRONAR. Paradójicamente, la AASM denunció que el proyecto «no prevé la participación de familiares, usuarios de los servicios ni organizaciones de derechos humanos» en ese mismo órgano.

El escándalo del Bonaparte: el contexto que no puede ignorarse

El anuncio de Adorni llega en un contexto que la administración libertaria prefiere no recordar: en enero de 2025, el mismo Ministerio de Salud bajo la conducción de Lugones intervino el Hospital Nacional en Red «Licenciada Laura Bonaparte», el único hospital nacional especializado en salud mental y adicciones. La medida llegó apenas una semana después de que se despidiera al 40% de su plantilla, incluidos 200 trabajadores del hospital, como parte del recorte masivo de 1.400 empleados del Ministerio.

En enero de 2025, el Ministerio justificó la intervención como parte de un «plan de reestructuración» y señaló que el hospital estaba «sobredotado de personal». Los trabajadores, en cambio, denunciaron que la medida fue un intento encubierto de cierre y tomaron el edificio en resistencia, con el apoyo de pacientes, familiares y profesionales de otros hospitales públicos de la ciudad.

La situación en el Bonaparte no se normalizó. En abril de 2025, el Gobierno cerró las residencias interdisciplinarias en salud mental del hospital, incluyendo las RISAM, en contradicción con la Ley 26.657, que establece que las intervenciones deben ser interdisciplinarias. La Nación informó que el Ministerio de Salud argumentó que estos cupos se «reasignarían» a residencias específicas en psiquiatría y psicología, desmantelando el modelo de atención integrado.

Vale recordar que el Bonaparte es el centro de referencia nacional para tratamientos de salud mental y adicciones. Solo en 2024, más de 25.000 personas recibieron atención allí, incluyendo niños, niñas y adolescentes. La medida de cierre generó, en su momento, alarma inmediata entre pacientes como los que describió la publicación El Salto en noviembre de 2024: personas en situación de calle, con escasos recursos, que dependían de sus servicios para sostener tratamientos por cuadros graves.

Críticas del sector: «Un enorme retroceso en derechos humanos»

La Asociación Argentina de Salud Mental expresó su «más enérgico rechazo» al proyecto. En un documento oficial, la institución sostuvo que el texto «ignora estándares, tratados, convenciones y acuerdos internacionales asumidos por el Estado Argentino» y que, de aprobarse, «significaría un enorme retroceso en relación a la protección de los derechos humanos de las personas que transitan problemáticas de salud mental y adicciones».

La AASM señaló además que el proyecto, al reconocer nuevamente «la internación en manicomios, en neuropsiquiátricos, en comunidades terapéuticas y en hospitales monovalentes», expone a las personas al «riesgo de violación de sus derechos y sus libertades».

El texto, recordaron, fue promulgado en 2010 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, reforzado y confirmado en el Código Civil de 2015 durante su segundo mandato, y contó con el respaldo expreso de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

La contradicción de fondo

El Gobierno de Milei argumenta que la reforma busca «proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre». Sin embargo, la misma administración que ahora dice preocuparse por la salud mental fue la que desmanteló el principal dispositivo público de atención en la materia, redujo el presupuesto sectorial, echó a cientos de profesionales especializados y cerró las residencias de formación interdisciplinaria.

El proyecto llega, además, con datos que el propio Gobierno reconoce: solo 16 de las 23 jurisdicciones provinciales adhirieron formalmente a la ley vigente, y en todo el país existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental. En lugar de resolver esas falencias concretas de implementación, la reforma apunta a reescribir la norma de fondo, y a habilitar herramientas que las organizaciones de derechos humanos asocian con prácticas manicomiales ya superadas.

Puntos clave:

• El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reemplazar la Ley de Salud Mental 26.657 de 2010, según anunció el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
• El proyecto habilita la reapertura de hospitales neuropsiquiátricos y monovalentes, en contradicción con el espíritu desmanicomializador de la norma vigente y las recomendaciones de la OMS y la OPS.
• Facilita las internaciones involuntarias y extiende de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.
• La Asociación Argentina de Salud Mental rechazó el proyecto y lo calificó de «enorme retroceso en derechos humanos».
• La reforma llega después de que el mismo Ministerio de Salud interviniera, vaciara y desmantelara el Hospital Bonaparte, el único hospital nacional especializado en salud mental y adicciones.