Investigación 🔎
Empresarios, medios y política: el entramado oculto de Scatturice y Hadad
Una investigación de diario Perfil revela sociedades offshore, operaciones inmobiliarias y contratos estatales ligados a Scatturice y Hadad, con respaldo mediático y político.
Lo que tenés que saber
- Scatturice y Hadad compartieron negocios ocultos por más de 20 años
- Usaron sociedades en Florida, Panamá y paraísos fiscales para operaciones millonarias
- Flybondi, Infobae y empresas tecnológicas figuran en el entramado
- Documentos vinculan a Scatturice con causas judiciales por corrupción y lavado
- Volosin presentará una denuncia ante la FINCEN de EE.UU. por maniobras financieras
Dos décadas de vínculos ocultos entre empresarios del transporte y los medios
Una investigación liderada por la abogada Natalia Volosin sacó a la luz documentos inéditos que acreditan la relación entre Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y Daniel Hadad, fundador del portal Infobae.
Según el material recopilado, ambos mantienen desde hace más de veinte años una sociedad que involucró operaciones inmobiliarias, firmas en paraísos fiscales, contratos con el Estado y protección mediática.
“La cobertura de Infobae —presentando a socios y empresas como modelos de gestión o referentes tecnológicos— acompañó y legitimó parte de estas operaciones.”
Sociedades offshore y propiedades millonarias en Miami
Entre los documentos relevados aparecen My Estates I Corp. y My Estates II Corp., dos firmas radicadas en Florida que movilizaron operaciones por más de US$ 10 millones. Una de ellas figura a nombre de un empleado de Infobae residente en Ciudadela, con ingresos mensuales de $5 millones, quien aparece como único director de la empresa propietaria del departamento principal de Hadad en el edificio Continuum de Miami, adquirido en noviembre de 2016 por US$ 15,3 millones.
Otras transacciones involucran a la cuñada de Hadad, quien realizó operaciones por US$ 10,4 millones mediante estructuras en la Florida y las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los domicilios, vendido por Hadad a Scatturice, fue clave en la obtención de préstamos a través de sociedades de Delaware.
Escándalos judiciales y vínculos con empresarios investigados
Scatturice aparece relacionado con figuras investigadas por presuntos delitos de corrupción. En el caso conocido como la “embajada paralela” en Venezuela, se confirma su sociedad con Maximiliano González Kunz, a través de una firma panameña constituida en 2019.
“González Kunz —dueño de Núcleo y Neutrón— impulsó el complejo comercial Bendú en Mar del Plata, inaugurado por Javier Milei en 2024.”
Volosin también identifica conexiones con Gabriel Znidarcic y los hermanos Tiné, señalados en causas por lavado de dinero. Según su investigación, Scatturice blanqueó US$ 6 millones mediante operaciones con estos empresarios.
Otro nombre involucrado es Aldo Javier Limardo, socio de Scatturice en tres sociedades creadas entre 2016 y 2017. Limardo fue procesado por la “mafia de las mudanzas” y fue agente residente de C3 IG LLC, firma señalada por operar inteligencia ilegal desde Florida.
Contratos millonarios con el Estado y cobertura favorable en medios
Volosin documenta un patrón: la adquisición de empresas tecnológicas con historial en licitaciones estatales, su posterior capitalización y el acceso a contrataciones con organismos públicos.
El caso más destacado es OCP TECH S.A., sucesora de SYSTEMNET S.A., adquirida a Federico Haymes Biedma. La compra final, acordada en 2022 por US$ 4 millones, derivó en una demanda por falta de pago.
“Bajo control de Scatturice y Marquevich, OCP TECH accedió a contratos con el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la UBA.”
SYSTEMNET también participó en el desarrollo de las sesiones virtuales de Diputados durante la pandemia, junto a Andrómeda Group Latam, firma sin antecedentes tecnológicos reales.
Infobae mostró a González Kunz como CEO de Andrómeda mientras la adjudicación dependía de Juan Manuel Cheppi.
En abril de 2024, OCP TECH se asoció con Gabriel Pablo De Simone para impulsar MIA ID, un sistema de identificación digital. En mayo de 2025, la empresa inició su inscripción como proveedora del Estado.
El escándalo de las valijas y los lazos con personajes polémicos
El periodista Rodis Recalt, de la revista Noticias, fue uno de los pocos que anticipó estos vínculos. En julio de 2025, publicó una tapa donde describía el lazo comercial y personal entre Hadad y Scatturice.
“De los chats también surgen conversaciones con el empresario de medios Daniel Hadad, con quien hablan de temas de actualidad e intercambian información. Con Hadad el vínculo se fortaleció con los años y hasta llegaron a hacer negocios. En 2017, Scatturice le compró un departamento en el complejo Continuum South Beach Condo.”
Recalt también detalló la conexión entre Hadad y Mario De la Fuente, ex policía vinculado a la Masacre de Avellaneda, hoy empresario textil y cercano al círculo de Hadad.
La denuncia que se presentará en Estados Unidos
Natalia Volosin confirmó que presentará una denuncia ante la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) en EE.UU. por la presunta utilización de unas 20 sociedades radicadas en Florida, manejadas por Scatturice y personas vinculadas a otras causas sensibles.
“La estructura es típica de maniobras de lavado de dinero. En ellas figuran Scatturice y personas vinculadas a otros casos resonantes, como Pamela Poveda —socia y escribana en operaciones inmobiliarias— y Laura Arrieta.”
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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