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Alberto dijo que su Gobierno no va a «acotar gastos en el tema social»
El FMI y el Gobierno argentino llegaron esta semana a un acuerdo a nivel técnico al cumplirse «todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre» de 2022 y, una vez que la revisión pase por el directorio del organismo, la Argentina recibirá unos US$ 4.100 millones.
El Gobierno nacional rechaza la posibilidad de «acotar gastos en el tema social», aseguró hoy el presidente Alberto Fernández tras la primera revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda por US$ 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri.
«No estamos pensando en acotar gastos en el tema social», dijo Fernández en una conferencia de prensa de ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren la IX Cumbre de las Américas, y donde se aloja la comitiva nacional.
El FMI y el Gobierno argentino llegaron esta semana a un acuerdo a nivel técnico al cumplirse «todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre» de 2022 y, una vez que la revisión pase por el directorio del organismo, la Argentina recibirá unos US$ 4.100 millones.
Ambas partes acordaron que los objetivos anuales se mantendrán, específicamente los relacionados con el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales netas. En ese sentido, Fernández manifestó que Argentina tiene un crecimiento «realmente muy importante» y, por lo tanto, no quiere «que ese ritmo se frene o se desacelere».
«La Argentina crece y ese crecimiento demanda dólares para los insumos y, a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelven insuficientes para la cantidad de dólares que reclaman o se necesitan en la industria», explicó el mandatario, y añadió: «Es algo que vamos a ir corrigiendo poco a poco».
Fernández contó que el FMI dijo que es necesario «recalibrar todo por la inflación que se ha dado en los alimentos en todo el mundo». «La inflación de alimentos es un tema que preocupa a todos, hablé de esto con (el primer ministro de Canadá, Justin) Trudeau y con (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro», remarcó.
En ese marco, completó que se trata de un «tema de preocupación en el mundo, por lo tanto cualquier acción de recalibración que tengamos que hacer sobre lo que hemos programado tiene más que ver con una iniciativa del Fondo y que por supuesto compartimos».
En otro orden, con referencia a la baja en la cotización de los bonos argentinos y la suba del riesgo país, Fernández lo atribuyó a que «por esta época esto podía pasar porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones».
En los últimos días los bonos en dólares, tanto la legislación local como extranjera, registraron bajas generalizadas y el riesgo país superó los 2.000 puntos. «Hablé ayer con los dos», afirmó en referencia al ministro de Economía, Martín Guzmán; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce «y otra vez esta mañana» sobre ese tema.
«Nosotros esperábamos que por esta época esto podía pasar porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones», señaló. «Creo que la cosa se va a ir ordenando paulatinamente y obviamente seguiremos de cerca el tema para monitorearlo y para intervenir si es necesario», advirtió.
En otro orden, Fernández afirmó que el proyecto de ley de la renta inesperada se resolverá en el Congreso, que «lo analizará y verá cómo lo trata». El proyecto de ley para gravar la renta inesperada de las empresas, que prevé el pago adicional de una alícuota del 15% por única vez, ya tiene estado parlamentario y comenzará a debatirse la semana que viene en comisión.
«Ese es un proyecto que teníamos preparado con (el ministro de Economía) Martín (Guzmán) desde el día que anunciamos los bonos para los sectores más postergados y los bonos para los jubilados», dijo el Presidente. En ese marco, Fernández reforzó que la idea de aplicar una renta inesperada en la Argentina «está en sintonía con lo que está pasando en otros lugares del mundo».
De hecho, lo propuso ayer en su discurso en la Cumbre, cuando subrayó: «Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática».
En su discurso de ayer, Fernández había señalado también que la renta inesperada «que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso».
Buenos Aires
Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021
La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.
Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.
La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares
Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.
El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.
El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.
Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado
Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».
En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.
El 2% que no entró: un precedente peligroso
Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».
El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.
La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación
El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.
El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.
Puntos clave
- Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
- Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
- El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
- El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
- La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.
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