Lo que tenés que saber

• El Gobierno impone un nuevo acuerdo con el FMI sin debate legislativo y con apoyo de gobernadores afines.
• El pacto incrementará la deuda externa y comprometerá el desarrollo económico por generaciones.
• Los gobernadores “dialoguistas” actúan como cómplices del ajuste y garantizan la aprobación en Diputados.
• El DNU evita la discusión en el Congreso, permitiendo que se apruebe con menor resistencia política.
• La Casa Rosada incumplió promesas previas a los gobernadores, pero estos continúan alineados con su estrategia.

Un acuerdo que hipotecará el futuro del país

El Gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo pacto de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una jugada que comprometerá la soberanía económica del país por décadas. Para asegurarse su aprobación, la Casa Rosada se apoya en un grupo de gobernadores “dialoguistas” que, lejos de oponerse al ajuste, se han convertido en cómplices de la entrega.

La decisión de implementar el acuerdo por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) busca evitar una discusión parlamentaria real. A pesar de que muchos esperaban que el tema pasara por el Congreso, el oficialismo optó por la vía más rápida y menos democrática.

Los gobernadores que garantizan el ajuste

El Ejecutivo ya negoció con varios gobernadores para garantizar que el pacto con el FMI no enfrente obstáculos en Diputados. Entre ellos, se destacan los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Su alineamiento con el Gobierno les permite acceder a favores políticos y a promesas de recursos que nunca terminan de concretarse.

Uno de ellos admite en privado: «Hay que ver qué dice el texto, pero es una necesidad que las negociaciones se cierren». La frase es un reflejo del sometimiento total a los dictados del FMI.

El Pro y su incomodidad histórica

Los gobernadores del Pro, por su parte, enfrentan una paradoja: durante la gestión de Mauricio Macri, el acuerdo con el FMI fue duramente criticado por no haber pasado por el Congreso. Ahora, con Milei en el poder, respaldan sin titubeos un nuevo endeudamiento bajo las mismas condiciones.

Una estrategia de sumisión disfrazada de “seguridad jurídica”

En las últimas semanas, ocho gobernadores viajaron al exterior para promocionar sectores estratégicos como minería, petróleo y energías renovables. En esos encuentros, evitaron referirse a los efectos negativos del ajuste y del endeudamiento, presentándose como aliados confiables para inversores extranjeros.

El mendocino Alfredo Cornejo incluso afirmó que «La Libertad Avanza va a ganar las elecciones de medio término», dejando en claro que su objetivo es sostener políticamente al oficialismo, sin importar el costo para la población.

Mientras tanto, en Londres, los mandatarios Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) defendieron las políticas económicas del Gobierno, resaltando la baja de la inflación y el superávit fiscal. Nada dijeron sobre la paralización de la economía ni sobre la crisis social que golpea al país.

El silencio ante el saqueo financiero

La gran pregunta es por qué estos gobernadores siguen respaldando un modelo que solo beneficia a los acreedores externos. Incluso los más críticos al comienzo, como el chubutense Ignacio Torres y el cordobés Martín Llaryora, han moderado sus discursos y ahora se muestran en línea con la Casa Rosada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró su reunión con Llaryora como un «avance» en la negociación de la deuda provincial. En otras palabras, el pacto con el FMI no solo atará el destino del país, sino que servirá como herramienta de disciplinamiento político para las provincias.

El acuerdo con el FMI se presenta como una «solución», pero en realidad es la profundización de una crisis estructural. Y los responsables de su aprobación deben ser señalados: gobernadores que priorizan su relación con el poder antes que el bienestar de sus ciudadanos.