El agua como moneda de cambio: Milei y Caputo privatizan AySA para pagar la deuda externa

★ El Gobierno libertario acelera la entrega de Agua y Saneamientos Argentinos al sector privado con el objetivo declarado de recaudar hasta 500 millones de dólares, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, teje una red de financiamiento para cubrir vencimientos que este año superan los 9.000 millones de dólares.

La privatización que no arranca

Según fuentes con conocimiento directo del proceso, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas trabaja en los últimos detalles del contrato de concesión de AySA para publicarlo antes de fin de mes y llamar a licitación. La operación busca recaudar unos 500 millones de dólares, aunque el proceso lleva meses de demoras: originalmente estaba previsto para antes de fin de 2025, luego se postergó para el primer trimestre de 2026 y ahora se promete para los próximos días.

Una vez publicada la licitación, la adjudicación definitiva no será inmediata. La evaluación de ofertas, el análisis de capacidades técnicas y la solvencia económica de las empresas participantes insumiría al menos tres meses adicionales. Entre los grupos empresariales que el Ejecutivo mencionó como interesados figuran la brasileña Sabesp, la francesa Veolia, el grupo Roggio y un holding con operaciones en Argentina y el exterior.

Una ley para entregar el agua

La privatización de AySA fue habilitada por la Ley Bases, que permite transferir al sector privado el 90% de las acciones que el Estado tiene en la empresa; el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores. En una primera etapa se concesionaría el 51% de las acciones estatales; en una segunda, el 39% restante se colocaría en la Bolsa mediante una oferta pública inicial.

La misma ley habilitó la privatización de otras empresas estratégicas: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El marco regulatorio aprobado por el Gobierno para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires incluye una cláusula que permite a la empresa privada que se quede las acciones de AySA cortar el suministro en caso de mora en el pago. Una disposición que, en el contexto de la caída del poder adquisitivo de los sectores populares, representa una amenaza directa sobre el acceso al agua de millones de personas.

El agua como variable de ajuste

La decisión de apurar la privatización de AySA no responde a una lógica de mejora del servicio sino a una urgencia financiera concreta. Durante su participación en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, Caputo reconoció que espera recaudar 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones, una cifra que contempla el conjunto de las empresas habilitadas por la Ley Bases.

El compromiso más exigente es el de julio próximo, cuando el Gobierno debe pagar 4.200 millones de dólares a los bonistas. En total, hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares, según un informe de la consultora GMA Capital.

Para cubrir ese agujero, el equipo económico negoció garantías de 2.000 millones de dólares con el Banco Mundial y 550 millones con el BID, más aportes esperados de la CAF y emisiones de deuda en dólares en el mercado local. El objetivo de Caputo es reunir unos 10.000 millones de dólares por fuera del mercado internacional, al que califica como todavía «oneroso».

La soberanía del agua en juego

Esta entrega avanza en un contexto geopolítico que este medio analizó en profundidad en enero de 2026, cuando investigadores del Conicet publicaron el estudio más completo sobre las reservas de agua subterránea argentina, con acuíferos que almacenan agua de hasta un millón de años de antigüedad, las más antiguas de Latinoamérica. Aquellas aguas no se renovarán jamás a escala humana.

Ahora, mientras los científicos advierten sobre la necesidad de proteger ese patrimonio irreemplazable y proponen un programa nacional de monitoreo, el Gobierno avanza en la dirección opuesta: privatiza la empresa que gestiona el agua y las cloacas del AMBA, desregula la actividad extractiva y recorta el presupuesto de los organismos científicos que estudian y alertan sobre esos recursos estratégicos.

La lógica del ajuste se aplica con coherencia brutal: lo que el Estado construyó durante décadas para garantizar el acceso al agua como derecho, el Gobierno lo ofrece como activo financiero para cubrir las facturas de una deuda que él mismo generó.

Puntos clave

• El Gobierno planea publicar el llamado a licitación de AySA antes de fin de abril de 2026 para recaudar unos 500 millones de dólares.
• El proceso acumula meses de demoras; estaba previsto para antes de fin de 2025 y luego para el primer trimestre de 2026.
• La Ley Bases habilitó la privatización del 90% de las acciones estatales en AySA; el marco regulatorio permite cortar el suministro por mora en el pago.
• Caputo busca reunir 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones para afrontar vencimientos de deuda que superan los 9.000 millones hasta fin de 2026.
• El avance sobre AySA contrasta con las advertencias científicas del Conicet sobre la necesidad de proteger las reservas hídricas estratégicas del país.