Aproximadamente siete de cada diez docentes que trabajan en las escuelas de Santa Cruz lo hacen sin cargo titular. Con esa estimación como diagnóstico, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) de la provincia instaló un reclamo urgente ante el Consejo Provincial de Educación (CPE): la apertura de concursos de titularización y la entrega de las Plantas Orgánicas Funcionales de los establecimientos educativos, documentos imprescindibles para conocer la situación real de cada cargo y avanzar en su regularización.

La advertencia fue formulada el jueves 1 de octubre por Sergio Bastidas, referente del sindicato, y apunta directamente a la administración del gobernador Claudio Vidal, que conduce el ejecutivo provincial a través del CPE, el organismo encargado de administrar el sistema educativo público de Santa Cruz.

Una deuda histórica con la docencia santacruceña

Bastidas calificó la ausencia de concursos como una deuda histórica que el Estado provincial arrastra con los trabajadores de la educación. La estimación del 70% de docentes sin titularidad no surge de un relevamiento oficial, sino del diagnóstico gremial construido a partir del conocimiento directo de la situación en los establecimientos. Ese porcentaje convierte a Santa Cruz en una provincia donde la precariedad laboral docente es la norma y no la excepción.

El pedido de las Plantas Orgánicas Funcionales es el primer paso operativo del reclamo: sin esa documentación, el sindicato no puede identificar con precisión cuántas vacantes existen ni en qué escuelas, lo que hace imposible discutir seriamente la cobertura de cargos. UDA busca así construir una base de datos propia para negociar con el gobierno provincial desde una posición informada.

El fantasma de 2027: matrícula, cierres y continuidad laboral

El reclamo adquiere una dimensión adicional por el relevamiento que el propio CPE inició sobre la matrícula prevista para el ciclo lectivo 2027. Según explicó Bastidas, las autoridades comenzaron a requerir a las escuelas sus proyecciones de inscripción para el año próximo, un proceso que el sindicato interpreta como el preludio de posibles cierres de secciones en aquellos establecimientos donde la cantidad de estudiantes disminuya.

Si las secciones se reducen, los primeros en quedar sin destino son los docentes interinos, que no cuentan con la estabilidad que otorga la titularidad. Por eso UDA planteó en las mesas técnicas que cualquier docente afectado por un cierre de sección debe ingresar a mecanismos de resguardo laboral que garanticen su continuidad en el sistema. La demanda apunta a evitar que la lógica administrativa de ajuste de matrícula se convierta en una herramienta de expulsión encubierta de trabajadores.

Representación sindical en disputa

En paralelo al reclamo educativo, Bastidas salió a defender la participación de UDA en las subcomisiones laborales provinciales. El referente del sindicato aclaró que la entidad acreditó ante la cartera de Trabajo el estatuto correspondiente, la documentación institucional y los antecedentes ministeriales que respaldan su representación. El detalle no es menor: en provincias donde la representación sindical está fragmentada o cuestionada, la presencia en las mesas técnicas define quién tiene voz y quién no en las negociaciones con el Estado.

Lo que tenés que saber:

• UDA estima que el 70% de los docentes de Santa Cruz no tiene cargo titular, lo que configura una situación estructural de precariedad laboral en el sistema educativo provincial.
• El sindicato exigió al Consejo Provincial de Educación la apertura de concursos de titularización y la entrega de las Plantas Orgánicas Funcionales de los establecimientos.
• El CPE inició un relevamiento de matrícula para 2027 que UDA vincula con un posible recorte de secciones; el gremio pide resguardo laboral para los interinos que puedan verse afectados.
• Sergio Bastidas calificó la falta de concursos como una deuda histórica del Estado provincial con los trabajadores de la educación.
• UDA también defendió su representación en las subcomisiones laborales, presentando el estatuto y documentación institucional ante la cartera de Trabajo.