DDHH
Denuncian a Baños y Cúneo Libarona por poner en riesgo los sitios de memoria
Se registran 252 despidos en la SDH, con la posibilidad de que el número llegue a 300 más.
Lo que tenés que saber:
- La legisladora Victoria Montenegro presentó una denuncia contra Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona por los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos.
- Según Montenegro, las medidas desfinancian y desmantelan los sitios de memoria en Argentina.
- Se registran 252 despidos en la SDH, con la posibilidad de que el número llegue a 300 más.
- Axel Kicillof criticó el «ajuste brutal» del gobierno de Milei en políticas de derechos humanos.
- El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti sigue cerrado debido a las decisiones de Baños.
Desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos
El desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) se ha convertido en un foco de controversia y ha desembocado en una denuncia formal ante la justicia. La legisladora porteña Victoria Montenegro, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó una denuncia contra el secretario Alberto Baños y el ministro Mariano Cúneo Libarona por los despidos masivos y el desfinanciamiento de los sitios de memoria del país. Montenegro argumenta que estas decisiones ponen en grave riesgo la preservación de lugares clave para la memoria histórica, como la exESMA, ahora conocida como Espacio Memoria y Derechos Humanos.
Despidos y desfinanciamiento en los sitios de memoria
En la denuncia, Montenegro sostiene que Baños y Cúneo Libarona han tomado medidas que afectan directamente el funcionamiento y la preservación de los sitios de memoria, especialmente con los despidos de trabajadores y la reducción de fondos destinados a obras públicas. Estos despidos no solo afectan a los trabajadores de la Secretaría, sino que también comprometen el funcionamiento de espacios emblemáticos como la exESMA, donde se cuenta con 252 despidos hasta el momento, y se espera que la cifra llegue a 300 más. En particular, los sitios de memoria como el de la Fuerza Aérea en la calle Virrey Cevallos podrían quedarse sin personal para su mantenimiento.
Montenegro agregó que el Ministerio de Justicia, bajo el mando de Cúneo Libarona, está incumpliendo con la ley 26.691, que protege estos lugares históricos y los establece como sitios de memoria para la investigación judicial y el reconocimiento de las víctimas. En este contexto, la legisladora remarcó que la situación pone en peligro los acervos documentales y la correcta transmisión de lo ocurrido en estos centros clandestinos de detención.
Reacciones de figuras políticas y sociales
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se unió a las críticas, calificando el proceso de ajuste como un «atropello» a los derechos humanos. Kicillof destacó que, mientras el gobierno nacional implementa medidas de ajuste, la provincia sigue comprometida con la preservación de la memoria histórica, incluso creando una unidad especial para la búsqueda de los bebés nacidos durante la dictadura.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también condenó los despidos masivos en la SDH. En sus declaraciones, señaló que las medidas del gobierno de Javier Milei buscan «cerrar la exESMA para destruir todo aquello que no quieren que exista». La situación generó gran preocupación entre diversos sectores de la sociedad que defienden los derechos humanos.
El cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Uno de los puntos más sensibles ha sido el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un espacio de arte y reflexión en la exESMA. Baños, al frente de la SDH, ha afirmado que no tiene planes de clausurar el lugar de manera definitiva, aunque su cierre temporal sigue siendo una realidad. Este Centro Cultural ha sido un punto de encuentro para la memoria histórica desde 2008, y su futuro continúa siendo incierto debido a las políticas adoptadas por el gobierno actual.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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