Judiciales ⚖️
Consejo de la Magistratura: La Cámara de Diputados apelará el fallo del juez Cormick
«La presidenta de la Cámara va a hacer valer la autonomía de la misma para designar a sus representantes en la Magistratura, cumpliendo con el reglamento de Diputados y respetando la decisión de los bloques, motivos por los cuales mañana va a apelar el fallo», señalaron fuentes cercanas a la titular del cuerpo, Cecilia Moreau.
La Cámara de Diputados apelará mañana el fallo del juez Diego Martín Cormick sobre la imposibilidad de que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) puedan tener un diputado representante cada uno en el Consejo de la Magistratura de la Nación, según anticiparon fuentes de la Presidencia del cuerpo parlamentario.
«La presidenta de la Cámara va a hacer valer la autonomía de la misma para designar a sus representantes en la Magistratura, cumpliendo con el reglamento de Diputados y respetando la decisión de los bloques, motivos por los cuales mañana va a apelar el fallo», señalaron fuentes cercanas a la titular del cuerpo, Cecilia Moreau.
El anticipo de los pasos a seguir se dio en simultáneo con el pedido del bloque de diputados nacionales de la UCR, que solicitó que la Cámara apele el fallo que anuló la designación de la diputada Roxana Reyes, de ese partido, como representante al Consejo de la Magistratura.
La petición fue hecha en una nota firmada por el presidente de la bancada radical, Mario Negri, y por la propia Reyes, diputada propuesta por el bloque de la UCR y nominada por resolución de la Presidencia de la Cámara para integrar el Consejo en representación de la segunda minoría.
«Resulta un deber inexcusable e ineludible interponer recurso de apelación contra la sentencia en cuestión, ya que más allá de su inoficiosidad en lo que respecta a su componente anulatorio de un acto administrativo de objeto cumplido, corresponde refutar el señalamiento de ilegalidad en lo obrado por el entonces presidente de este Cuerpo que dictó la Resolución 689/22», planteó el bloque UCR a Moreau.
Además, los diputados radicales pidieron que la Presidencia del cuerpo «también rechace la improcedente intimación contenida en el punto 2° (del fallo de Cormick) por haber sido dictada sin jurisdicción y, lo más grave, por pretender imponer a esta Cámara una actuación en desconocimiento del claro mandato de la ley 24.937 en lo que respecta a la potestad de propuesta de los legisladores representantes en el Consejo de la Magistratura en cabeza de los bloques legislativos de mayor representación y de primera y segunda minoría, respectivamente».
«Al ser esta Cámara de Diputados el sujeto pasivo de la sentencia en cuestión confiamos en que en su condición de Presidenta del Cuerpo y, especialmente, en el rol que le atribuye el art. 42 del Reglamento, interponga el correspondiente recurso de apelación a los fines de no consentir tan grave e ilegal determinación judicial por el gravamen que ocasiona no solo a este bloque y a la diputada Roxana Reyes, sino a la Cámara en su conjunto».
Para los diputados radicales, «resulta también inaceptable que el juez sentenciante impute a esta Cámara y sus integrantes haber pergeñado un ardid consistente en dividir bloques ex profeso con la finalidad de obtener un espacio de representación adicional en el Consejo de la Magistratura. Dicha afirmación resulta temeraria y constituye una infamia ya que es sabido que los bloques PRO y UCR siempre estuvieron conformados como entidades independientes y separadas».
El juez sostuvo en su fallo que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».
Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara». Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».
Investigación 🔎
Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea
Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.
Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves
★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.
La licitación exprés
El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.
Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.
El precio y el avión pintado de antemano
La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.
Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.
Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.
Los nombres de la cadena de mando
La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.
Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Cuentas escrow y trazabilidad opaca
La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.
Un patrón que se repite desde 2021
El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».
Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.
Puntos clave
- La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
- El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
- Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
- Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
- El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.
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