Una propuesta en clave punitiva

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para modificar el artículo 33 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal y elevar de 70 a 75 años la edad mínima a partir de la cual una persona condenada puede acceder al régimen de prisión domiciliaria. La propuesta lleva también la firma de la legisladora Marilú Quiros.

La iniciativa surgió en el marco de dos casos resonantes: el del ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, y el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos cumplen condenas bajo el régimen domiciliario, aunque por caminos judiciales distintos.

Alperovich fue condenado en 2023 a 16 años de prisión por abuso sexual y, tras cumplir 70 años en abril pasado, el juez Juan Ramos Padilla resolvió que continuara su pena en su domicilio. El ex mandatario provincial reside en una torre de lujo en Puerto Madero. Por su parte, CFK cumple su condena en su domicilio del barrio porteño de Constitución, en medio de una causa que organismos internacionales han calificado como lawfare.

Fundamentos del proyecto

Milman justificó la modificación en “la evolución de la esperanza de vida en Argentina”, que —según datos del INDEC y del Ministerio de Salud citados en el proyecto— alcanza los 76,6 años en promedio, superando los 80 en sectores urbanos de mayores ingresos.

El legislador argumentó que elevar el umbral de edad busca “preservar el carácter excepcional del beneficio de prisión domiciliaria, evitando que sea utilizado para eludir el cumplimiento efectivo de las penas”.

Además, citó un informe del Ministerio Público Fiscal de 2021 según el cual el 58% de las personas mayores de 70 años accedieron a prisión domiciliaria “sin un examen médico independiente”, lo que, según sostuvo, “da lugar a percepciones de impunidad, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad y corrupción”.

Un tiro por elevación

Aunque el texto legal no menciona nombres propios, el proyecto llega en un contexto político cargado. En el caso de Alperovich, Milman cuestionó públicamente que la decisión del juez Ramos Padilla “careció de una real evaluación de la necesidad del beneficio”, y sostuvo que “se le otorgó el arresto domiciliario a un condenado que hacía uso del régimen de visitas higiénicas y/o íntimas, según se informó en diversos medios”.

Respecto a la ex presidenta, Milman es uno de los dirigentes del PRO más señalados por su presunto involucramiento en el intento de asesinato del 1° de septiembre de 2022. Según investigaciones judiciales en curso, habría tenido contacto con uno de los principales acusados en las semanas previas al ataque.

Pese a esto, la posibilidad de que el nuevo proyecto de ley tenga efectos retroactivos sobre los casos de Alperovich o Cristina Kirchner es remota. De aprobarse, solo podría aplicarse hacia adelante, sin invalidar decisiones judiciales previas.

Resistencia anticipada

Sectores del oficialismo ya adelantaron su rechazo al proyecto. «Lo que se busca es restringir garantías procesales con una excusa técnica», advirtieron desde el bloque de Unión por la Patria. También desde organismos de derechos humanos hubo críticas: “Endurecer el acceso a la prisión domiciliaria puede poner en riesgo la vida de personas mayores, incluso en contextos de salud comprometida”, señaló un dirigente de la APDH consultado por este medio.

Desde el entorno de Milman descartaron que el proyecto busque “restringir derechos humanos”, y sostuvieron que el objetivo es “actualizar la legislación penal en función de los parámetros demográficos actuales”.

Puntos clave:

• Milman propuso subir de 70 a 75 años la edad mínima para acceder a prisión domiciliaria.
• El proyecto fue presentado tras las condenas a Alperovich y CFK.
• Cita datos oficiales sobre la esperanza de vida como sustento.
• El 58% de los presos mayores de 70 accedieron al beneficio sin examen médico independiente.
• El oficialismo y organismos de derechos humanos anticiparon su rechazo.