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Gremiales

Los 920 trabajadores de Fate cortaron Panamericana en la jornada del debate de la reforma laboral

Los trabajadores de la fábrica de neumáticos cerrada el 18 de febrero cortaron este viernes la Autopista Panamericana a la altura de San Fernando, en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. La protesta coincidió con la sesión del Senado en la que se trató la reforma laboral. Gendarmería estuvo presente en el lugar y tras más de una hora se liberó un carril.

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★ Los trabajadores de Fate cortaron este viernes 26 de febrero de 2026 la Autopista Panamericana a la altura de la Avenida Uruguay, en la localidad bonaerense de San Fernando, en la mano con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza se extendió por al menos una hora, con presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional en el lugar. Pasado ese tiempo, los manifestantes liberaron uno de los carriles.

La protesta no eligió el día al azar. Este viernes el Senado de la Nación trató la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una coincidencia de agenda que cargó de significado político la movilización de los 920 trabajadores que desde el 18 de febrero esperan una solución para el cierre definitivo de la planta de Virreyes, anunciado de manera sorpresiva por la empresa sin aviso previo ni negociación.

Una protesta con historia y con urgencia

El corte de la Panamericana es la expresión más visible hasta ahora de una resistencia que lleva ya ocho días. Desde el anuncio del cierre, los trabajadores de Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sostuvieron que la decisión de la empresa es «totalmente ilegal» por violar una cláusula vigente que prohibía despidos hasta el 30 de junio de 2026, según declaraciones del secretario general Alejandro Crespo. Desde entonces permanecieron dentro de la planta y protagonizaron protestas que incluyeron, desde el primer día, la denuncia de represión con balas de goma por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según confirmó el delegado gremial Sebastián Tesoro.

La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo este lunes 23 de febrero terminó sin acuerdo. El organismo citó a las partes para una nueva reunión el 4 de marzo, pero fuentes cercanas a la empresa**, ratificaron que «el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales.» La empresa no cedió en la audiencia. El SUTNA tampoco. Y el Gobierno no anunció ninguna medida concreta de asistencia a los trabajadores.

La reforma laboral como telón de fondo

Que el corte de la Panamericana se produjera el mismo día en que el Senado debatió la reforma laboral del Gobierno libertario no es un detalle menor. La coincidencia expone con claridad la doble presión que enfrentan los trabajadores industriales en este momento: por un lado, el cierre de fuentes de trabajo concretas sin ninguna red de contención estatal; por el otro, una reforma que el movimiento sindical rechazó de manera contundente y que se debatió en simultáneo con una de las protestas más visibles de las últimas semanas.

El SUTNA ya había recibido en los días previos el respaldo de Pablo Moyano, titular de Camioneros, quien advirtió que la importación masiva de neumáticos sin controles no solo destruye empleo industrial sino que también pone en riesgo la seguridad en el transporte de cargas.

Un conflicto que crece en un sector que se derrumba

El corte de este viernes se produce en el marco de un proceso de desindustrialización que la Unión Industrial Argentina (UIA) documentó con precisión: 65.000 empleos industriales perdidos en dos años, con corte a noviembre de 2025, un número que no incluye los 920 despidos de Fate ni los 400 de ARSA, la empresa que producía Yogs, Shimmy y Sancorito, cuya quiebra fue decretada también en febrero de 2026 por el Juzgado Comercial N° 29.

Detrás de esos números hay trabajadores que cortaron una autopista porque no tienen otra manera de hacerse escuchar. El Gobierno los convocó a una audiencia que no resolvió nada, fijó una nueva fecha para el 4 de marzo y mientras tanto debatió en el Senado una reforma laboral que, para los 920 de Fate, llegó cuando ya no tenían trabajo que perder.

Puntos clave

  • Los trabajadores de Fate cortaron este viernes 26 de febrero de 2026 la Autopista Panamericana a la altura de la Avenida Uruguay en San Fernando, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, con presencia de Gendarmería Nacional; tras más de una hora liberaron un carril.
  • La protesta coincidió con el debate en el Senado de la Nación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei.
  • La audiencia del 23 de febrero en la Secretaría de Trabajo terminó sin acuerdo; una nueva reunión fue convocada para el 4 de marzo, según comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano.
  • El SUTNA sostiene que el cierre viola una cláusula de no despido vigente hasta el 30 de junio de 2026 y que hubo represión con balas de goma desde el primer día del conflicto.
  • La UIA documentó 65.000 empleos industriales perdidos en dos años (corte noviembre 2025); los 920 despidos de Fate y los 400 de ARSA no están incluidos en ese registro. ★

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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