Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos aprobar el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres, que apunta a que el plazo de duración de los contratos vuelva a ser de dos años y que la actualización de los precios sea cada cuatro meses.

Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, la principal coalición opositora consiguió la esperada media sanción con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER.

El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei se debió a que está decididamente en contra de cualquier tipo de regulación del mercado de alquileres inmobiliarios.

El interbloque Federal se dividió: mientras que Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron afirmativamente, Natalia de la Sota y Alejandro «Topo» Rodríguez lo hicieron en contra, en tanto que los socialistas santafesinos Enrique Estévez y Mónica Fein se abstuvieron.

La iniciativa que rige actualmente -sancionada en 2020, con contratos de tres años e indexación anual en base a indicadores fijos que combinan IPC y RIPTE- no dio los resultados esperados al calor de la inflación descontrolada y los cambios en el mercado inmobiliario, con un retiro incesante de unidades en alquiler tradicional producto del auge de los alquileres temporarios en plataformas extranjera y la retracción de la oferta a razón de otras formas de especulación inmobiliaria.

La reforma de la Ley de Alquileres era un asunto largamente postergado a raíz de las posiciones irreconciliables entre el Frente de Todos y la oposición: las reuniones informativas de la comisión de Legislación General habían comenzado en abril del 2022 y los dictámenes estaban listos desde julio del mismo año.

El escenario para Juntos por el Cambio en la antesala era desafiante y complejo, dado que el quórum estuvo en duda hasta último momento. Sin embargo, logró superar ese primer escollo con lo justo, al conseguir que 129 diputados de distintos bloques opositores se sentaran en sus bancas.

Pese a tener un dictamen propio desde el año pasado, la apuesta inicial que acordó Juntos por el Cambio era ir por la derogación de la mal llamada «Ley Lipovetzky», pero se trataba de una misión imposible dado que al no tener dictamen para dicha iniciativa, se requerían las dos terceras partes de las voluntades para habilitar sobre tablas el tratamiento: fueron 124 votos a favor y 110 votaron en contra.

Luego de este paso el falso, se pasó a votar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, que fue previsiblemente rechazado.

El oficialismo proponía sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE.

La única novedad es que incorporaba una serie de incentivos fiscales para los propietarios, de modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.

El dictamen de minoría impulsado por Juntos por el Cambio que terminó con la media sanción es bastante más laxo en las condiciones contractuales, fijando dos años de plazo e indexación en base a indicadores que acuerden libremente las partes.

«Legislar es proteger al más débil y eso es lo que tenemos que hacer», expresó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, criticando el dictamen de minoría por dejar el precio del alquiler al libre arbitrio de las partes, donde habitualmente se impone el más fuerte en la relación contractual.

El proyecto opositor también incorpora una serie de estímulos fiscales para locadores, tal cual explica uno de sus autores, Alejandro Cacace (Evolución Radical): «Como todos reconocen que hay una retracción de la oferta de propiedades en alquiler, damos incentivos fiscales, ventajas impositivas en el monotributo, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y distintos mecanismo para que se pongan más propiedades en alquiler».

“En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”, indica el dictamen de minoría, donde se suprimió la parte donde se fijaba una periodicidad de «entre tres (por intervalos de 3) y doce (12) meses».

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño advirtió que «una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado».

Por su parte, Pablo Tonelli (PRO) aseguró que lo necesario para «recuperar la normalidad en el mercado inmobiliario es reestablecer el equilibrio» y consideró que eso existía antes de esta ley cuando los contratos se basaban en el Código Civil y Comercial.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que «el problema es que los cambios que aquí se proponen, ya sea la derogación o lo que está en el dictamen de minoría, son perjudiciales a quienes alquilan».

«El lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo. Nosotros resistimos, no nos van a convencer los lobbys de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre se llevan una tajada de este negocio», protestó la candidata presidencial y referente del PTS.