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Paulón denunció una campaña de odio del Gobierno contra el colectivo LGTBQ+

“Nos atacan porque representamos libertad”: dijo sobre la ofensiva del oficialismo.

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El diputado nacional Esteban Paulón advirtió sobre una “campaña coordinada y global” contra el colectivo LGTBQ+, que atribuyó directamente al Gobierno de Javier Milei. En declaraciones radiales, el legislador socialista afirmó que los recientes ataques desde sectores oficialistas no son hechos aislados, sino parte de una ofensiva ideológica orientada a criminalizar a las minorías mediante discursos de odio.

“El presidente dio la bandera de largada de esta avanzada”, afirmó Paulón, al referirse a las declaraciones de Milei en el Foro de Davos y al reciente accionar mediático de Viviana Canosa. “Retoman una falsa asociación histórica entre homosexualidad y pedofilia”, denunció. Para el legislador, el hecho de que esta narrativa surja desde el Ejecutivo nacional “la vuelve aún más peligrosa y nos retrotrae a épocas de persecución y violencia”.

Acusaciones a referentes del oficialismo y vínculos internacionales

Paulón vinculó esta ofensiva discursiva con la ultraderecha internacional. Señaló especialmente al exlíder de una ONG estadounidense contra la trata de personas, Tim Ballard, denunciado por abuso sexual y promovido en Argentina como referente por Agustín Laje, intelectual cercano a Milei y director de la Fundación Faro.

“Ballard firmó convenios con dependencias estatales, y queremos saber cuántos y cuáles están vigentes”, exigió. Además, denunció que la Fundación Faro recibió fondos millonarios de empresarios, presuntamente destinados a causas solidarias, pero que —según afirmó— replican el mecanismo de desvío de fondos que se investigó en el escándalo de Libra.

El legislador anticipó que estos temas serán parte del temario en la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prevista para el martes próximo. “Debe dar explicaciones concretas. El oficialismo intenta evitarlo, pero el Congreso ya votó su comparecencia”, advirtió.

Críticas por el caso del diputado libertario Barreto

Paulón también apuntó contra el silencio oficial en torno al caso del diputado misionero libertario Julio “Kiska” Barreto, recientemente condenado por posesión y distribución de pornografía infantil. “Mientras se montan shows mediáticos para ensuciar al colectivo LGTBQ+, no dicen nada sobre delitos gravísimos comprobados en la Justicia”, señaló. Y añadió: “Esto es una estrategia clásica del fascismo: construir un enemigo interno para distraer y acumular poder”.

“Nos atacan porque representamos libertad”

En tono más esperanzado, el diputado destacó la rápida respuesta del movimiento LGTBQ+ frente a la avanzada oficialista: “El colectivo está más organizado y respaldado que nunca. No hay lugar para este tipo de odio”.

Finalmente, explicó que los ataques no se deben a razones morales o religiosas, sino políticas:
“El movimiento LGTBQ+ fue uno de los más transformadores del siglo XXI. Ha cuestionado estructuras de poder, modelos familiares tradicionales, y ha reivindicado la libertad individual. Por eso nos atacan: porque representamos un peligro para el control social y político que algunos quieren restaurar”.

Buenos Aires

Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J

Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.

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Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.

Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.

El anuncio oficial y la promesa de extradición

La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».

El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.

Un clan familiar en la cima de la estructura

Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.

En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.

Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.

La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara

El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.

Una causa que avanza a cuentagotas

La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.

Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.

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