Legisladoras de distintos partidos políticos y especialistas consideraron «innecesario» el debate que propone la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad o no de descartar embriones congelados y aseguraron que «abre las puertas a más incumplimientos» de derechos ya consagrados, al tiempo que coincidieron en la necesidad de avanzar en el tratamiento del proyecto para una ley específica que regule su protección y destino.

La inclusión del tema en las audiencias públicas previstas por el máximo tribunal surgió a partir del caso de una pareja que, años atrás, congeló embriones para su tratamiento, algunos de los cuales quedaron criopreservados luego de un intento con resultado positivo.

Tras separarse años después, la pareja solicitó a la clínica el cese de la conservación de los embriones restantes, pero la institución se negó a descartarlos sin una autorización judicial, por «no contar con un marco legal» que así lo respalde.

«El descarte de embriones cuando ambos integrantes de la pareja están de acuerdo ya está saldado por el avance legislativo de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), no podemos volver a debatir si un embrión es persona humana o cuáles son sus derechos», aseguró la diputada nacional por el Frente de Todos Mara Brawer.

Si bien reconoció que hay temas «que aún no están amparados por falta de una ley» específica de embriones congelados, sostuvo que «la Corte se metió con el único tema que sí está saldado, que es la voluntad de disponer de su material genético por parte de las personas que lo generaron».

«Claramente hay una provocación de la Corte a una sociedad que ya discutió muchísimo este tema y que logró un consenso mayoritario, en una decisión alineada con los sectores de extrema derecha», apuntó la legisladora.

Por su parte, la diputada nacional del Bloque Evolución Radical Carla Carrizo aseguró a que «sorprendió» la decisión de la Corte ya que si bien consideró «correcto» que el máximo tribunal se expida y resuelva ciertos temas, en este caso «el error es reabrir un debate que ya está zanjado en Argentina».

Esto es así por varias razones: en primer lugar, la cuestión fue atendida ya en 2012 en el fallo «Artavia Murillo c/ Costa Rica», donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó que el embrión no implantado «no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida».

Asimismo, en Argentina al menos tres fallos -uno en Mendoza en 2018 y dos en La Plata en 2019- autorizaron a los titulares de embriones a proceder a su descarte ante la ausencia de un destino reproductivo, el único fin previsto por la Ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sancionada en 2013, que no aborda sin embargo el destino de los embriones que no son utilizados.

Con todo, la sanción de la legalización del aborto en 2020 estableció un paradigma de protección de la autonomía reproductiva de las personas gestantes hasta las 14 semanas de embarazo inclusive.

«Es claro que un estadio de desarrollo menor como es un embrión in vitro no podría tener un estatus superior. Si el aborto es legal, ¿por qué no se podría disponer con libertad de sus embriones in vitro?», enfatizó Carrizo.

En esa línea se expresó la abogada especialista en Derecho de familia Marisa Herrera, quien consideró «innecesario» el nuevo debate y apuntó que, con los marcos normativos vigentes, los integrantes de la Corte «deberían estar perfectamente capacitados para dictar sentencia sin tener que abrir a audiencia pública».

«Cuál es la razón real (de la Corte) es un interrogante abierto que debería ser analizado en el contexto complejo y de fuerte revisión crítica a la cual se encuentra sometida la máxima instancia judicial del país», expresó Herrera.

Lo cierto es que la decisión supone un retroceso en términos de debate público, que puede conllevar «consecuencias indeseadas», en tanto envía «un mensaje de ambigüedad y abre las puertas a más incumplimientos», destacó.

«Existen muchas provincias donde todavía se resiste la aplicación de la ley de IVE. Desde su sanción, se iniciaron 37 causas para no aplicarla y 7 aún están abiertas. No es un escenario idóneo para poner en debate un tema que incentive al cuestionamiento de derechos adquiridos», apuntó Carrizo.

En este marco, las entrevistadas resaltaron que es «impostergable» el tratamiento de una ley específica sobre la protección de embriones no implantados, no para definir su estatus jurídico, sino para establecer un marco legal sobre el acceso a esta práctica, los derechos de las partes y el uso y destino de los embriones, tal como ya lo hicieron Brasil, México, Alemania, Suiza, Holanda e Italia, entre otros países.

A nivel nacional, el primer proyecto presentado en este sentido fue en 2019 por el entonces diputado Daniel Filmus y reelaborado en 2021 por Brawer con firmas de diputadas de distintos bloques, entre ellas Carrizo, para cuyo tratamiento ya se está trabajando «con las autoras del proyecto, que incluyen a la oposición, en una jornada informativa para la semana que viene», anticipó Brawer.

El proyecto consta de 42 artículos en los que se regula, entre otras cuestiones, los cuatro posibles destinos de los embriones congelados: ser utilizados por sus titulares para posteriores tratamientos; ser donados con fines reproductivos; ser donados con fines de investigación; o cesar su criopreservación.

Cualquiera de las opciones requiere del «correspondiente consentimiento informado, libre y formal de sus titulares», que deben llegar a un acuerdo sobre el destino de los embriones previo a su generación, lo que «permite evitar conflictos en la posterioridad», sostuvo Herrera.

En el proyecto de ley se establece también la prohibición de comercializar embriones y su generación con otro fin que no sea terapéutico reproductivo.

Según los datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en 2020 los embriones crioconservados en el país llegaban a casi 92.000, de los cuales un cuarto de ellos estaban congelados hace más de 10 años.

«Hasta tanto no se trate la ley, tendremos mayor judicialización de casos y un vacío regulatorio que puede dar lugar a arbitrariedades y abusos», aseveró Carrizo.