Judiciales ⚖️

Descarte de embriones: legisladoras y especialistas consideran» innecesario» reabrir el debate

La inclusión del tema en las audiencias públicas previstas por el máximo tribunal surgió a partir del caso de una pareja que, años atrás, congeló embriones para su tratamiento, algunos de los cuales quedaron criopreservados luego de un intento con resultado positivo.

Publicado hace

3 años

15.02.2023

ElArgentino.ar

Legisladoras de distintos partidos políticos y especialistas consideraron «innecesario» el debate que propone la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad o no de descartar embriones congelados y aseguraron que «abre las puertas a más incumplimientos» de derechos ya consagrados, al tiempo que coincidieron en la necesidad de avanzar en el tratamiento del proyecto para una ley específica que regule su protección y destino.

Tras separarse años después, la pareja solicitó a la clínica el cese de la conservación de los embriones restantes, pero la institución se negó a descartarlos sin una autorización judicial, por «no contar con un marco legal» que así lo respalde.

«El descarte de embriones cuando ambos integrantes de la pareja están de acuerdo ya está saldado por el avance legislativo de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), no podemos volver a debatir si un embrión es persona humana o cuáles son sus derechos», aseguró la diputada nacional por el Frente de Todos Mara Brawer.

Si bien reconoció que hay temas «que aún no están amparados por falta de una ley» específica de embriones congelados, sostuvo que «la Corte se metió con el único tema que sí está saldado, que es la voluntad de disponer de su material genético por parte de las personas que lo generaron».

«Claramente hay una provocación de la Corte a una sociedad que ya discutió muchísimo este tema y que logró un consenso mayoritario, en una decisión alineada con los sectores de extrema derecha», apuntó la legisladora.

Por su parte, la diputada nacional del Bloque Evolución Radical Carla Carrizo aseguró a que «sorprendió» la decisión de la Corte ya que si bien consideró «correcto» que el máximo tribunal se expida y resuelva ciertos temas, en este caso «el error es reabrir un debate que ya está zanjado en Argentina».

Esto es así por varias razones: en primer lugar, la cuestión fue atendida ya en 2012 en el fallo «Artavia Murillo c/ Costa Rica», donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó que el embrión no implantado «no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida».

Asimismo, en Argentina al menos tres fallos -uno en Mendoza en 2018 y dos en La Plata en 2019- autorizaron a los titulares de embriones a proceder a su descarte ante la ausencia de un destino reproductivo, el único fin previsto por la Ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sancionada en 2013, que no aborda sin embargo el destino de los embriones que no son utilizados.

Con todo, la sanción de la legalización del aborto en 2020 estableció un paradigma de protección de la autonomía reproductiva de las personas gestantes hasta las 14 semanas de embarazo inclusive.

«Es claro que un estadio de desarrollo menor como es un embrión in vitro no podría tener un estatus superior. Si el aborto es legal, ¿por qué no se podría disponer con libertad de sus embriones in vitro?», enfatizó Carrizo.

En esa línea se expresó la abogada especialista en Derecho de familia Marisa Herrera, quien consideró «innecesario» el nuevo debate y apuntó que, con los marcos normativos vigentes, los integrantes de la Corte «deberían estar perfectamente capacitados para dictar sentencia sin tener que abrir a audiencia pública».

«Cuál es la razón real (de la Corte) es un interrogante abierto que debería ser analizado en el contexto complejo y de fuerte revisión crítica a la cual se encuentra sometida la máxima instancia judicial del país», expresó Herrera.

Lo cierto es que la decisión supone un retroceso en términos de debate público, que puede conllevar «consecuencias indeseadas», en tanto envía «un mensaje de ambigüedad y abre las puertas a más incumplimientos», destacó.

«Existen muchas provincias donde todavía se resiste la aplicación de la ley de IVE. Desde su sanción, se iniciaron 37 causas para no aplicarla y 7 aún están abiertas. No es un escenario idóneo para poner en debate un tema que incentive al cuestionamiento de derechos adquiridos», apuntó Carrizo.

En este marco, las entrevistadas resaltaron que es «impostergable» el tratamiento de una ley específica sobre la protección de embriones no implantados, no para definir su estatus jurídico, sino para establecer un marco legal sobre el acceso a esta práctica, los derechos de las partes y el uso y destino de los embriones, tal como ya lo hicieron Brasil, México, Alemania, Suiza, Holanda e Italia, entre otros países.

A nivel nacional, el primer proyecto presentado en este sentido fue en 2019 por el entonces diputado Daniel Filmus y reelaborado en 2021 por Brawer con firmas de diputadas de distintos bloques, entre ellas Carrizo, para cuyo tratamiento ya se está trabajando «con las autoras del proyecto, que incluyen a la oposición, en una jornada informativa para la semana que viene», anticipó Brawer.

El proyecto consta de 42 artículos en los que se regula, entre otras cuestiones, los cuatro posibles destinos de los embriones congelados: ser utilizados por sus titulares para posteriores tratamientos; ser donados con fines reproductivos; ser donados con fines de investigación; o cesar su criopreservación.

Cualquiera de las opciones requiere del «correspondiente consentimiento informado, libre y formal de sus titulares», que deben llegar a un acuerdo sobre el destino de los embriones previo a su generación, lo que «permite evitar conflictos en la posterioridad», sostuvo Herrera.

En el proyecto de ley se establece también la prohibición de comercializar embriones y su generación con otro fin que no sea terapéutico reproductivo.

Según los datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en 2020 los embriones crioconservados en el país llegaban a casi 92.000, de los cuales un cuarto de ellos estaban congelados hace más de 10 años.

«Hasta tanto no se trate la ley, tendremos mayor judicialización de casos y un vacío regulatorio que puede dar lugar a arbitrariedades y abusos», aseveró Carrizo.

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Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

Publicado hace

14 horas

17.05.2026

ElArgentino.ar

Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.