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Judiciales ⚖️

Descarte de embriones: legisladoras y especialistas consideran» innecesario» reabrir el debate

La inclusión del tema en las audiencias públicas previstas por el máximo tribunal surgió a partir del caso de una pareja que, años atrás, congeló embriones para su tratamiento, algunos de los cuales quedaron criopreservados luego de un intento con resultado positivo.

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Legisladoras de distintos partidos políticos y especialistas consideraron «innecesario» el debate que propone la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad o no de descartar embriones congelados y aseguraron que «abre las puertas a más incumplimientos» de derechos ya consagrados, al tiempo que coincidieron en la necesidad de avanzar en el tratamiento del proyecto para una ley específica que regule su protección y destino.

La inclusión del tema en las audiencias públicas previstas por el máximo tribunal surgió a partir del caso de una pareja que, años atrás, congeló embriones para su tratamiento, algunos de los cuales quedaron criopreservados luego de un intento con resultado positivo.

Tras separarse años después, la pareja solicitó a la clínica el cese de la conservación de los embriones restantes, pero la institución se negó a descartarlos sin una autorización judicial, por «no contar con un marco legal» que así lo respalde.

«El descarte de embriones cuando ambos integrantes de la pareja están de acuerdo ya está saldado por el avance legislativo de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), no podemos volver a debatir si un embrión es persona humana o cuáles son sus derechos», aseguró la diputada nacional por el Frente de Todos Mara Brawer.

Si bien reconoció que hay temas «que aún no están amparados por falta de una ley» específica de embriones congelados, sostuvo que «la Corte se metió con el único tema que sí está saldado, que es la voluntad de disponer de su material genético por parte de las personas que lo generaron».

«Claramente hay una provocación de la Corte a una sociedad que ya discutió muchísimo este tema y que logró un consenso mayoritario, en una decisión alineada con los sectores de extrema derecha», apuntó la legisladora.

Por su parte, la diputada nacional del Bloque Evolución Radical Carla Carrizo aseguró a que «sorprendió» la decisión de la Corte ya que si bien consideró «correcto» que el máximo tribunal se expida y resuelva ciertos temas, en este caso «el error es reabrir un debate que ya está zanjado en Argentina».

Esto es así por varias razones: en primer lugar, la cuestión fue atendida ya en 2012 en el fallo «Artavia Murillo c/ Costa Rica», donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó que el embrión no implantado «no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida».

Asimismo, en Argentina al menos tres fallos -uno en Mendoza en 2018 y dos en La Plata en 2019- autorizaron a los titulares de embriones a proceder a su descarte ante la ausencia de un destino reproductivo, el único fin previsto por la Ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sancionada en 2013, que no aborda sin embargo el destino de los embriones que no son utilizados.

Con todo, la sanción de la legalización del aborto en 2020 estableció un paradigma de protección de la autonomía reproductiva de las personas gestantes hasta las 14 semanas de embarazo inclusive.

«Es claro que un estadio de desarrollo menor como es un embrión in vitro no podría tener un estatus superior. Si el aborto es legal, ¿por qué no se podría disponer con libertad de sus embriones in vitro?», enfatizó Carrizo.

En esa línea se expresó la abogada especialista en Derecho de familia Marisa Herrera, quien consideró «innecesario» el nuevo debate y apuntó que, con los marcos normativos vigentes, los integrantes de la Corte «deberían estar perfectamente capacitados para dictar sentencia sin tener que abrir a audiencia pública».

«Cuál es la razón real (de la Corte) es un interrogante abierto que debería ser analizado en el contexto complejo y de fuerte revisión crítica a la cual se encuentra sometida la máxima instancia judicial del país», expresó Herrera.

Lo cierto es que la decisión supone un retroceso en términos de debate público, que puede conllevar «consecuencias indeseadas», en tanto envía «un mensaje de ambigüedad y abre las puertas a más incumplimientos», destacó.

«Existen muchas provincias donde todavía se resiste la aplicación de la ley de IVE. Desde su sanción, se iniciaron 37 causas para no aplicarla y 7 aún están abiertas. No es un escenario idóneo para poner en debate un tema que incentive al cuestionamiento de derechos adquiridos», apuntó Carrizo.

En este marco, las entrevistadas resaltaron que es «impostergable» el tratamiento de una ley específica sobre la protección de embriones no implantados, no para definir su estatus jurídico, sino para establecer un marco legal sobre el acceso a esta práctica, los derechos de las partes y el uso y destino de los embriones, tal como ya lo hicieron Brasil, México, Alemania, Suiza, Holanda e Italia, entre otros países.

A nivel nacional, el primer proyecto presentado en este sentido fue en 2019 por el entonces diputado Daniel Filmus y reelaborado en 2021 por Brawer con firmas de diputadas de distintos bloques, entre ellas Carrizo, para cuyo tratamiento ya se está trabajando «con las autoras del proyecto, que incluyen a la oposición, en una jornada informativa para la semana que viene», anticipó Brawer.

El proyecto consta de 42 artículos en los que se regula, entre otras cuestiones, los cuatro posibles destinos de los embriones congelados: ser utilizados por sus titulares para posteriores tratamientos; ser donados con fines reproductivos; ser donados con fines de investigación; o cesar su criopreservación.

Cualquiera de las opciones requiere del «correspondiente consentimiento informado, libre y formal de sus titulares», que deben llegar a un acuerdo sobre el destino de los embriones previo a su generación, lo que «permite evitar conflictos en la posterioridad», sostuvo Herrera.

En el proyecto de ley se establece también la prohibición de comercializar embriones y su generación con otro fin que no sea terapéutico reproductivo.

Según los datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en 2020 los embriones crioconservados en el país llegaban a casi 92.000, de los cuales un cuarto de ellos estaban congelados hace más de 10 años.

«Hasta tanto no se trate la ley, tendremos mayor judicialización de casos y un vacío regulatorio que puede dar lugar a arbitrariedades y abusos», aseveró Carrizo.

DDHH

Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos

La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».

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Columna de la AGD UBA en la Marcha Federal Universitaria rumbo al Congreso

La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.

Cómo empezó la represión

La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.

Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.

La denuncia de infiltrados

Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.

Heridos y detenidos

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.

Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

«La violencia es estatal»

La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.

«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».

«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.

La respuesta oficial

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».

Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».

El documento: «la universidad pública no es el problema»

En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.

También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.

La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.

Lo que tenés que saber:

  • La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
  • Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
  • Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
  • La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
  • La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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