DDHH
Diputados de La Libertad Avanza enfrentan pedido de expulsión por visitar a represores
El pedido se fundamenta en que las acciones de estos legisladores van en contra del orden constitucional y los derechos humanos.
La visita de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Alfredo Astiz y otros represores en el penal de Ezeiza no se incluyó formalmente en el temario de la sesión de mañana de la Cámara baja. Sin embargo, se espera que ocupe un lugar central en el debate.
La oposición aprovechará la presencia de todos los legisladores y las cámaras en el recinto para que el oficialismo rinda cuentas sobre el encuentro con los genocidas. En este contexto, la diputada Gisela Marziotta pedirá que se trate el proyecto que presentó tras trascender el hecho, solicitando la expulsión de los seis diputados que estuvieron con los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Solicitud de exclusión
El pedido de exclusión de los legisladores de LLA se fundamenta en que incurrieron en “actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos”. La solicitud va en línea con lo que reclamaron los organismos de derechos humanos en la audiencia que tuvo lugar en el anexo de Diputados, en la que brillaron por su ausencia los representantes de la oposición amigable y del oficialismo.
El proyecto de Marziotta fue acompañado por otros 27 legisladores y va en paralelo a la formación de una comisión que pidió la mayoría del bloque de Unión por la Patria. Como no se incluyó en el temario de este miércoles, la diputada presentará al comienzo de la sesión un pedido de apartamiento del reglamento para tratar directamente la expulsión. Para habilitar su tratamiento, se requiere el voto de dos tercios de los diputados.
Fundamentos del proyecto
En sus fundamentos, los diputados y diputadas que impulsan el proyecto advierten que la visita a los genocidas “resulta de suma gravedad” y subrayan: “Representantes elegidos por elección popular e integrantes de un cuerpo legislativo de la democracia, acuden a la atención y promoción de represores que atentaron contra la democracia y fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones de compatriotas”.
Los diputados y diputadas señalados son el organizador de la visita, Beltrán Benedit, y sus compañeros de bloque Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.
Contexto constitucional
Se solicita la exclusión de estos diputados conforme lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 66. “La doctrina indica al respecto que la expulsión es la medida más grave que puede tomar la Cámara sobre uno de sus miembros. Que los motivos que dan lugar a esta medida pueden ser la comisión de delitos, pero también, según los precedentes de esta misma Casa, las declaraciones públicas, participación en escándalos públicos o privados de trascendencia pública o por desorden de conducta pueden motivar la expulsión”.
El proyecto señala que “los hechos descriptos al inicio encuadran en esos supuestos que la Cámara supo utilizar para decidir expulsión de sus miembros” y que también “importa recordar medidas similares que tomaron sobre diputados electos que tuvieron responsabilidades en delitos de lesa humanidad. Fueron los casos de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti, a quienes se les impugnó su diploma por sus antecedentes criminales y no pudieron asumir la banca”.
Las claves del escándalo genocida en Diputados
- La visita de los diputados de La Libertad Avanza a represores no se incluyó en el temario de la sesión de la Cámara baja, pero se discutirá.
- La diputada Gisela Marziotta pedirá la expulsión de los seis diputados involucrados.
- Se fundamenta en que las acciones de estos legisladores van en contra del orden constitucional y los derechos humanos.
- La exclusión requiere el voto de dos tercios de los diputados.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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