DDHH
Diputados de La Libertad Avanza enfrentan pedido de expulsión por visitar a represores
El pedido se fundamenta en que las acciones de estos legisladores van en contra del orden constitucional y los derechos humanos.
La visita de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Alfredo Astiz y otros represores en el penal de Ezeiza no se incluyó formalmente en el temario de la sesión de mañana de la Cámara baja. Sin embargo, se espera que ocupe un lugar central en el debate.
La oposición aprovechará la presencia de todos los legisladores y las cámaras en el recinto para que el oficialismo rinda cuentas sobre el encuentro con los genocidas. En este contexto, la diputada Gisela Marziotta pedirá que se trate el proyecto que presentó tras trascender el hecho, solicitando la expulsión de los seis diputados que estuvieron con los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Solicitud de exclusión
El pedido de exclusión de los legisladores de LLA se fundamenta en que incurrieron en “actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos”. La solicitud va en línea con lo que reclamaron los organismos de derechos humanos en la audiencia que tuvo lugar en el anexo de Diputados, en la que brillaron por su ausencia los representantes de la oposición amigable y del oficialismo.
El proyecto de Marziotta fue acompañado por otros 27 legisladores y va en paralelo a la formación de una comisión que pidió la mayoría del bloque de Unión por la Patria. Como no se incluyó en el temario de este miércoles, la diputada presentará al comienzo de la sesión un pedido de apartamiento del reglamento para tratar directamente la expulsión. Para habilitar su tratamiento, se requiere el voto de dos tercios de los diputados.
Fundamentos del proyecto
En sus fundamentos, los diputados y diputadas que impulsan el proyecto advierten que la visita a los genocidas “resulta de suma gravedad” y subrayan: “Representantes elegidos por elección popular e integrantes de un cuerpo legislativo de la democracia, acuden a la atención y promoción de represores que atentaron contra la democracia y fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones de compatriotas”.
Los diputados y diputadas señalados son el organizador de la visita, Beltrán Benedit, y sus compañeros de bloque Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.
Contexto constitucional
Se solicita la exclusión de estos diputados conforme lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 66. “La doctrina indica al respecto que la expulsión es la medida más grave que puede tomar la Cámara sobre uno de sus miembros. Que los motivos que dan lugar a esta medida pueden ser la comisión de delitos, pero también, según los precedentes de esta misma Casa, las declaraciones públicas, participación en escándalos públicos o privados de trascendencia pública o por desorden de conducta pueden motivar la expulsión”.
El proyecto señala que “los hechos descriptos al inicio encuadran en esos supuestos que la Cámara supo utilizar para decidir expulsión de sus miembros” y que también “importa recordar medidas similares que tomaron sobre diputados electos que tuvieron responsabilidades en delitos de lesa humanidad. Fueron los casos de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti, a quienes se les impugnó su diploma por sus antecedentes criminales y no pudieron asumir la banca”.
Las claves del escándalo genocida en Diputados
- La visita de los diputados de La Libertad Avanza a represores no se incluyó en el temario de la sesión de la Cámara baja, pero se discutirá.
- La diputada Gisela Marziotta pedirá la expulsión de los seis diputados involucrados.
- Se fundamenta en que las acciones de estos legisladores van en contra del orden constitucional y los derechos humanos.
- La exclusión requiere el voto de dos tercios de los diputados.
DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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