CABA
Buscan que la Legislatura porteña declare sitios históricos a excentros clandestinos Bacacay y Pomar
La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, que preside la diputada Victoria Montenegro, presentará sendos proyectos de ley «en breve» para la protección de ambos edificios.
La Mesa de Trabajo y Consenso de Automotores Orletti impulsó un petitorio para que la Legislatura porteña declare como sitio histórico y brinde resguardo patrimonial a los inmuebles donde funcionaron los excentros clandestinos Bacacay y Pomar durante la última dictadura militar, al advertir que esos espacios deben «seguir siendo política pública».
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, que preside la diputada Victoria Montenegro, presentará sendos proyectos de ley «en breve» para la protección de ambos edificios, y que si no llegaran a ingresar en la última sesión de ese cuerpo legislativo, el próximo jueves, quedarán pendientes para ser presentados a inicios del año que viene.
Los excentros clandestinos que operaron en Bacacay y Pomar formaron parte del circuito represivo conocido como BOP (Bacacay-Orletti-Pomar), que respondía al grupo de tareas que comandó Aníbal Gordon en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y que fueron base operativa del Plan Cóndor.
El primero en comenzar a funcionar, el 16 de marzo de 1976, fue el inmueble de la calle Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires, donde se asesinó a los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otras víctimas.
Tras el impacto internacional de esos hechos, el grupo de tareas de Gordon desmanteló Bacacay en mayo de 1976 y se trasladó a Orletti, que fue también desarmado en noviembre de ese mismo año luego de que un matrimonio se fugara del lugar.
El grupo de tareas de la SIDE pasó a operar entonces en la calle Pomar 4175, ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, y allí funcionó entre mayo y junio de 1977.
En ese último lugar, fueron secuestrados siete militantes del Partido Comunista (PC), de los cuales tres sobrevivientes pudieron identificar el sitio donde habían estado secuestrados.
El juez federal Daniel Rafecas dictaminó una medida de no innovar en ambos lugares, en la causa que se encuentra en etapa de instrucción y que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito BOP.
Lo solicitó a partir de la desclasificación en 2020 de documentos del Gobierno de Estados Unidos que permitieron que se conociera la existencia de Bacacay.
Por lo demás, el mismo magistrado había determinado en diciembre de 2022 la existencia del otro centro clandestino en Pomar.
«Hoy en Bacacay la Justicia tiene identificadas alrededor de 38 personas que estuvieron secuestradas. Y de Pomar hay siete personas identificadas, de las cuales cuatro continúan desaparecidas. En base a que la Justicia ya comprobó la existencia de esos lugares como centros clandestinos, lo que nosotros pensamos es que estos inmuebles deben ser declarados sitios históricos», destacó el coordinador del sitio de memoria que funciona en el excentro clandestino de detención Automotores Orletti, Ricardo Maggio.
Maggio confió que se encuentran haciendo «una campaña de recolección de firmas» para respaldar la iniciativa, que ya cuenta con más de 1.500 adscripciones.
En ese petitorio, además de la solicitud de declaración de sitio histórico y de resguardo patrimonial de los inmuebles que usó la SIDE en Bacacay y Pomar, se pide su «expropiación» aunque no es posible que eso lo dictamine la Legislatura porteña, ya que le correspondería al Congreso sancionar una ley de ese tipo.
«Nosotros vamos con la intencionalidad de que esos lugares puedan ser reconocidos y declarados como sitio histórico, que la Legislatura porteña se haga responsable de poder reconocer esos lugares que funcionaron en el terrorismo de Estado», destacó Maggio, y consideró que una declaración en esa dirección «tiene que ver con el resguardo de la memoria popular y una reivindicación hacia los sobrevivientes con respecto a lo que ocurrió ahí por parte del Estado».
Además, advirtió que «ante el avance del discurso negacionista, es importante hacer hincapié en que estos lugares sigan siendo política pública, tiene que seguir siendo una bandera por parte de los sectores populares».
Para Maggio, que ambos sitios puedan ser declarados como históricos es el «camino» para que en el futuro sean reconocidos como «espacios de memoria», tal como se hizo con Automotores Orletti.
La Mesa de Trabajo y Consenso de Automotores Orletti se encuentra integrada por Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el Frente Amplio (FA) de la República Oriental del Uruguay (ROU) y la Comisión Derechos Humanos Chilenos en Argentina.
En tanto, el director de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Mauro Zungri, adelantó que «en breve» se presentarán dos proyectos «tanto por Bacacay como por Pomar» para que sean «declarados sitios históricos de acuerdo al artículo 4, inciso A de la Ley 1227 de Patrimonio Cultural» de la Ciudad.
Esa normativa denomina como sitios históricos a «los lugares vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado valor histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico o social».
«Entendemos que justamente necesitamos preservar estos edificios en pos de la memoria colectiva de nuestro pueblo, porque son edificios que dan cuenta de lo que sucedió allí dentro de un circuito represivo. Estamos convencidos de que la Ciudad, por una cuestión de responsabilidad concurrente, tiene que poder pronunciarse sobre esto y nos parece que preservar los edificios es un puntapié inicial a todo lo que seguramente después va a venir», evaluó.
Zungri destacó que «la Justicia va avanzando» en la investigación sobre esos centros de detención y exhortó a que «la Ciudad esté a la altura para dar un grado de resguardo a esas estructuras edilicias».
Además, anticipó que el proyecto que se presentará llevará la firma de Victoria Montenegro y que «se va a poner a disposición de todos los diputados que quieran acompañarlo».
CABA
Ciudades inteligentes sin política laboral: el vacío que dejó el congreso de intendentes en CABA
Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias se reunieron en la Usina del Arte para debatir inteligencia artificial, transformación digital y su impacto en el trabajo. Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores y reclamó que los gobiernos garanticen que la mayoría de la sociedad quede del lado de los beneficiados.
La primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, reunió este miércoles en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, a representantes de casi 300 municipios y a 82 intendentes de todo el país para discutir uno de los desafíos más urgentes de la gestión pública contemporánea: cómo incorporar la inteligencia artificial a los servicios del Estado sin que esa transformación profundice las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a la educación.
El evento fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad, encabezada por César Torres. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planteó el eje político del encuentro con una frase que sintetiza la tensión de fondo: «Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores».
La IA ya modificó el mercado laboral; la pregunta es quién paga el costo
Macri puso sobre la mesa una preocupación que los datos ya respaldan con crudeza. Un relevamiento publicado meses atrás por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, con un índice de 0,353 que supera al de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Las ocupaciones más afectadas son precisamente las más numerosas del distrito: empleados administrativos, contables, de atención al público y profesionales de TIC.
En ese contexto, el jefe de Gobierno reconoció que una parte importante de quienes integran hoy el mercado laboral se formó en un mundo analógico y debe adaptarse a herramientas que cambian a una velocidad que los sistemas educativos no pueden seguir. «La IA va a plantear ganadores y perdedores», admitió, y llamó a que los gobiernos asuman ese desafío sin naturalizarlo. El planteo, sin embargo, no vino acompañado de ninguna medida concreta de protección para los sectores laborales más vulnerables a la automatización.
La tensión entre el discurso de la oportunidad tecnológica y la ausencia de políticas activas de reconversión laboral fue la que atravesó, de manera implícita, toda la jornada. Hablar de ciudades inteligentes sin debatir quién financia la transición y quién carga con sus costos es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una decisión política.
La educación, entre el discurso y la contradicción
Macri también colocó el problema educativo en el centro del debate. «En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen», afirmó, y señaló que la formación no puede concebirse como una etapa que cierra con el egreso escolar o universitario: «Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida».
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también expuso en el congreso. Su presencia tiene una lectura política específica: el gobierno de Macri incorporó el uso de inteligencia artificial como contenido obligatorio en la escuela primaria porteña, con un anexo curricular elaborado, según trascendió, con herramientas de IA generativa. La apuesta plantea preguntas abiertas sobre cómo se garantiza la equidad en el acceso a esas herramientas en un sistema educativo con brechas tecnológicas notorias entre escuelas.
Un mapa federal con lecturas cruzadas
La convocatoria tuvo un componente político que no pasó desapercibido: reunió a intendentes de distintos partidos y provincias bajo la conducción del gobierno porteño. Entre los presentes se contaron Julio Alak, intendente de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; y varios jefes comunales de la Patagonia y Cuyo, como Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan).
La presencia de Alak, intendente del principal municipio bonaerense y figura del kirchnerismo, en un evento organizado por la administración macrista no es un dato menor. Sugiere que la agenda de las ciudades inteligentes, con todo lo que implica en términos de infraestructura digital, datos ciudadanos y relación con el sector privado tecnológico, empieza a configurar un espacio de disputa política que cruza las fronteras partidarias tradicionales.
Entre los expositores también estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, ex funcionario macrista con vínculos en el ecosistema tecnológico, y el emprendedor Mateo Salvatto. La participación de empresas tecnológicas y startups completó un cuadro en el que el sector privado tuvo un lugar central en la definición de la agenda pública.
Qué significa ciudad inteligente y para quién
Durante el encuentro también se discutió qué significa en la práctica aplicar tecnología a la gestión municipal. Macri planteó que «una ciudad inteligente no es algo que se compra» y señaló que requiere también una ciudadanía y equipos preparados. La frase es razonable, pero evade la pregunta más incómoda: qué pasa con los municipios que no tienen los recursos, la conectividad ni el capital humano técnico para implementar esas transformaciones sin asistencia del Estado nacional o provincial.
La jornada había comenzado el martes 1 de septiembre con una sesión técnica destinada a los equipos de gobiernos locales y provinciales, donde se trabajó sobre herramientas concretas de gestión de datos, seguridad, salud y movilidad. La intención declarada es que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros distritos. El desafío real es que esa replicación no reproduzca también las asimetrías de partida.
Puntos clave
- Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes participaron del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Usina del Arte.
- Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores, sin anunciar medidas concretas de protección laboral.
- El CESBA y la OIT establecieron que el 67% del empleo porteño tiene exposición a la IA generativa, con un índice superior al de EE.UU. y Europa.
- El intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alak, participó del evento organizado por la administración macrista.
- El congreso no incluyó propuestas concretas de reconversión laboral para los sectores más vulnerables a la automatización.
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