ATE llamó a paro nacional para primera quincena de junio, con marchas, en rechazo de la paritaria
La medida de fuerza fue resuelta en el contexto de los 66° Congreso Ordinario y 55° Extraordinario de ATE realizados en la ciudad bonaerense de Ensenada.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Hugo Godoy, anunció hoy “un paro nacional activo” para la primera quincena de junio en rechazo al acuerdo paritario firmado para los trabajadores del sector entre el Gobierno nacional y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que contempla un 33% de aumento salarial para junio-agosto.
La medida de fuerza fue resuelta en el contexto de los 66° Congreso Ordinario y 55° Extraordinario de ATE realizados en la ciudad bonaerense de Ensenada.
La huelga nacional, que incluirá movilizaciones y cortes de ruta en todo el país y cuya fecha para la primera quincena de junio será decidida en algunos días, se realizará junto con organizaciones sociales populares y los gremios adheridos a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lideran Godoy y Ricardo Peidro.
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Godoy sostuvo en un comunicado que la medida de fuerza también fue convocada “en defensa de la soberanía y por la justicia social, por un aumento de emergencia, un salario universal y el cese de la precarización laboral y de la criminalización de la protesta social” y en rechazo del “ajuste” y de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El dirigente estatal informó que la fecha del paro nacional será decidida en los próximos días, aunque confirmó que la protesta se realizará en “la primera quincena de junio”.
“El sindicato es un actor fundamental en la vida de los trabajadores para construir la unidad del movimiento popular, por lo que lucha contra las imposiciones del FMI, el cese del ajuste, la mejora de los salarios y un aumento de emergencia. Es preciso defender a ultranza los derechos de aquellos que menos tienen”, concluyó el gremialista.
Para el secretario adjunto nacional del gremio, el rionegrino Rodolfo Aguiar, “el Gobierno aplicó con la paritaria un nuevo ajuste y está terminando su gestión de la peor manera”; sostuvo que adoptó la decisión de reemplazar las negociaciones convencionales “por decreto” y rechazó el acuerdo firmado ayer en el Ministerio de Trabajo con UPCN.
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UPCN, que lidera el adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, convino en la cartera laboral para el primer trimestre de la paritaria 2023-24 (junio a agosto) una mejora de los ingresos del 33% acumulado: 7% en junio, 11% en julio y otro 12% en agosto, con revisión en septiembre.
“El aumento decidido en Gobierno el día anterior a espaldas de los trabajadores se ubicó muy por debajo de la estimación inflacionaria y ni siquiera recuperó los 3 puntos perdidos en el período anterior. El tramo de junio es el más bajo para evitar un impacto mayor en el aguinaldo. Así no habrá ingresos dignos y cese de la precarización”, afirmó Aguiar.
Añadió que “se priorizan los kioscos con algunos gremialistas y, por eso, no se otorga una suma fija que recomponga las condiciones de vida de quienes menos ganan”.
El dirigente reseñó que la paritaria 2022, cuyo período finalizó hoy, también “se resolvió por fuera del ámbito formal y, el balance final, fueron 3 puntos por debajo de la inflación”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró hoy que la reducción de la jornada laboral, cuyo debate retomará mañana la Cámara de Diputados, también debe aplicarse en el Estado, y sostuvo que “es posible hacerlo o hasta concentrar toda la actividad en cuatro días de la semana, aumentando a la vez la eficiencia de las prestaciones”.
Así señaló hoy el secretario nacional adjunto del gremio y electo nuevo titular de la ATE a partir de noviembre próximo, Rodolfo Aguiar, quien aseveró que en el sector público “es posible reducir la jornada laboral o concentrar la actividad en cuatro días de la semana”.
“El debate en Diputados sobre la reducción de la jornada laboral en el ámbito privado es oportuno. La Argentina es uno de los países de la región con más horas y una tradición oxidada de 110 años. Ese cambio debe discutirse también en el Estado”, argumentó.
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Aguiar afirmó que esa decisión permitirá comenzar a enfrentar “uno de los mayores males existentes en todos los niveles del Estado, la precarización laboral”, y añadió que “si se trabaja menos horas sin reducir salarios o en cambio incrementándolos ello repercutirá de forma positiva en áreas con elevados niveles de autoexplotación”.
El sindicalista enumeró entre esas áreas a las de salud, educación y centros de contención a franjas sociales vulnerables y a dependencias municipales, en las que para garantizar ingresos dignos hay que “duplicar o triplicar la jornada con guardias o extras”.
Aguiar reseñó que en los últimos años “se verificó en el sector público un considerable aumento de las licencias por enfermedad, y se destacaron los tratamientos psicológicos”.
“Jornadas laborales más cortas permitirán mejorar la salud física y mental de los trabajadores y construir ambientes sanos y libres de violencia. También aumentar la cantidad y calidad de las prestaciones o servicios estatales”, aseguró el gremialista.
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Muchos países ya decidieron jornadas laborales menores y, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los de mayor índice de productividad a partir de esa medida son Holanda, Australia, Noruega, Dinamarca y México, dijo Aguiar, quien aseveró que ello también impactará de manera positiva en los hogares por las tareas de cuidado.
Islandia fue uno de los primeros países en reducir horas laborales en el sector público, en 2015, y “los resultados fueron muy favorables a nivel de productividad”, concluyó Aguiar.
La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja retomará desde mañana el debate sobre los proyectos de reducción de la jornada laboral.