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Proyecto

Trabajadores de la empresa recuperada La Litoraleña piden la expropiación del edificio

La propuesta parlamentaria fue difundida en una conferencia de prensa en el salón Jauretche del Parlamento porteño, de la que participaron los legisladores del Frente de Todos Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Berenice Iáñez y Laura Velasco.

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Trabajadores de la cooperativa «La Litoraleña», recuperada en 2016, presentaron hoy en la Legislatura porteña un proyecto para la expropiación del edificio situado en el barrio de Chacarita, sobre el cual pesa una orden de desalojo judicial.

La propuesta parlamentaria fue difundida en una conferencia de prensa en el salón Jauretche del Parlamento porteño, de la que participaron los legisladores del Frente de Todos Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Berenice Iáñez y Laura Velasco.

La iniciativa contempla la declaración de «utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 331 y 345», del barrio de Chacarita.

Dispone que lo expropiado «sea destinado al funcionamiento a la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña mientras mantenga la actividad productiva y las fuentes de trabajo».

La Litoraleña lleva adelante su trabajo desde hace siete años con más de 50 asociados produciendo tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas, después de la quiebra de Deconti SA.

Luis Baini, presidente de la cooperativa, sostuvo que «no pedimos que nos regalen nada, sino trabajar. Traemos soluciones y no problemas».

Fabián Pierucci, uno de los trabajadores de la cooperativa, explicó que el proyecto presentado «es trascendental para el destino de La Litoraleña y lo traemos a este ámbito democrático para poner en el tapete el trabajo autogestionado que genera tanta resistencia desde la política»,

El proyecto surgió en medio del litigio judicial que atraviesa la cooperativa que tiene un pedido de desalojo dictaminado por la justicia en lo Comercial que, según contaron en la conferencia de prensa, salió en «tiempo exprés», lo que generó dudas respecto de los motivos que determinaron la decisión de los magistrados.

Al respecto, Barroetaveña señaló que «lo que acá estamos definiendo es si en el predio de Chacarita va a seguir estando un espacio de trabajo o si termina siendo, justicia mediante, un negocio inmobiliario», en relación a la situación que vive el barrio de Chacarita proliferaron la construcción de nuevos edificios.

Morresi, por su parte, anticipó que el bloque del FDT «hizo propio el proyecto porque hay decisiones que toma la justicia que no compartimos y ponen en grave peligro la fuente de trabajo de 50 personas y de 50 familias».

Legislativo

Interbloque peronista presentó en el Senado un proyecto para derogar el DNU 70/2023

Los senadores Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino impulsan una ley para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y reponer la Ley 26.737. La iniciativa responde al fallo de la Corte que, por falta de legitimación del CECIM, dejó sin efecto la inconstitucionalidad de la derogación. El Senado ya había rechazado el decreto en 2024; ahora la pelea se traslada a Diputados.

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Ley de Tierras: el peronismo lleva al Senado el debate que la Corte embarró.

El interbloque Popular del Senado firmó un proyecto de ley para borrar el artículo 154 del DNU 70/2023 y devolverle plena vigencia a la Ley de Tierras Rurales, un día después de que la Corte Suprema dejara en pie la derogación que dispuso Javier Milei por decreto.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino, del Bloque Justicialista, y apunta a derogar el artículo 154 del decreto firmado en diciembre de 2023, que eliminó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, vigente desde 2011.

Lo que la Corte dijo, y lo que dejó sin decir

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación. Consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, autor del amparo, carecía de legitimación para litigar en defensa de la soberanía territorial.

La Corte aclaró que su decisión «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional» del artículo 154. Sin embargo, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, en los hechos volvió a regir la derogación de la Ley de Tierras, sin que ningún tribunal haya analizado si el decreto podía hacerlo.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, los senadores sostuvieron que «el suelo no es una mera mercancía» sino un recurso natural estratégico, finito y ligado a la seguridad nacional y a la autodeterminación de los pueblos. Advirtieron que la eliminación de la ley expone al país a la especulación inmobiliaria internacional sobre sus activos más sensibles: las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas.

Desde la bancada calificaron de «bochorno» la decisión de la Corte y sostuvieron: «Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación» a quienes arriesgaron su vida por la Patria. Para los legisladores, ante esa desprotección judicial el Congreso debe asumir su responsabilidad constitucional como garante del dominio público.

Un decreto que el Senado ya rechazó

El proyecto recuerda que la Cámara alta ya rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, la primera vez desde el retorno de la democracia que el Senado tumbó un decreto de necesidad y urgencia. El decreto sobrevivió porque nunca logró el mismo rechazo en Diputados, y por eso los senadores instan a esa Cámara a ratificarlo.

En ese sentido, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anunció que pedirá una sesión especial para derogar el decreto, mientras que la diputada Cecilia Moreau planteó que la Cámara baja adopte la misma posición que el Senado. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había calificado el fallo de la Corte como «el fallo de la infamia» en su cuenta oficial de la red social X.

El oficialismo busca blindar el decreto

Del otro lado, según trascendió, el Gobierno analiza cómo sostener el artículo 154 y evalúa reflotar el debate de la Ley de Tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para negociar con los bloques aliados. Un funcionario consideró que el fallo es «correcto, favorable, pero no definitivo», justamente porque la Corte no resolvió el fondo de la cuestión.

El antecedente inmediato no ayuda al oficialismo: en agosto, el Senado aprobó la ley de propiedad privada por 37 votos a favor y 33 en contra, pero el Gobierno debió retirar el capítulo de Tierras Rurales, que eliminaba los topes de 15% por provincia y municipio y de 1.000 hectáreas por individuo en zona núcleo para compradores extranjeros, tras la movilización del 6 de agosto. Lo que no consiguió en el Congreso, el Gobierno lo conserva hoy por una definición procesal de la Corte, no por un respaldo del Poder Legislativo.

Lo que tenés que saber

  • El interbloque Popular del Senado presentó un proyecto para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y restituir la Ley 26.737.
  • La Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata por falta de legitimación del CECIM, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo.
  • El proyecto fue impulsado por Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino.
  • El Senado ya había rechazado el DNU 70/2023 en marzo de 2024, pero Diputados nunca lo trató de la misma forma.
  • Unión por la Patria anunció que pedirá una sesión especial en Diputados para derogar el decreto.
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