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Multisectorial en Jujuy avanza para plantear la nulidad de la reforma constitucional

La iniciativa, presentada a una semana de la violenta represión policial, busca “un diálogo transversal de todos los sectores opositores” a la nueva Carta Magna.

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El-Argentino-Protestas en Jujuy

Organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas de Jujuy presentaron la Multisectorial contra la reforma constitucional, aprobada y jurada la semana pasada, con el objetivo de integrar acciones en común y anticiparon que avanzarán con medidas judiciales para declarar la nulidad de la nueva carta magna.

La iniciativa, presentada a una semana de la violenta represión policial, busca «un diálogo transversal de todos los sectores opositores a la reforma, con una implicancia profunda de renovar la lucha que se viene dando en toda la provincia», expresó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa.

Además de los gremios de la educación, también forman parte de la Multisectorial los sindicatos nucleados en la intergremial, junto a movimientos campesinos, indígenas, productores rurales y agrupaciones gauchas en defensa de sus tierras.

Sosa afirmó que «la reforma constitucional estuvo planteada de espaldas al pueblo» y «viene por nuestros derechos, pero además afianza un paradigma económico, un sistema económico, una forma de hacer política que no contempla las necesidades reales y profundas de la ciudadanía jujeña».

La convocatoria, explicó la dirigente, es para «todos los sectores que en este momento están peleando desde cada lugar contra la reforma con su metodología, y poder canalizar juntos este objetivo de declarar inconstitucional la reforma».

Al espacio también se sumarán también excombatientes de Malvinas y otros sectores de la sociedad civil.

El secretario adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) Santiago Seillant expresó que «en estos días hemos visto una campaña de difamación y de desprestigio contra la dirigencia sindical porque tenemos una discusión paritaria en el medio de esto» y advirtió que «no nos van a desmovilizar con una oferta salarial».

Planteó que van a avanzar con «acciones legales de anticonstitucionalidad y de anticonvencionalidad, porque no solo viola la Constitución Nacional esta reforma, sino también todos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional».

Productores de la Finca El Pongo, a su vez, señalaron que «siempre fueron perseguidos por este Gobierno» y aseguraron que «la reforma constitucional vulnera todos nuestros derechos, incluso a expresarnos».

«Le pido al gobernador (Gerardo Morales) que por escrito nos garantice la continuidad de producir indefinidamente, porque nosotros nos somos un problema, somos productores de alimentos, parte importante de la economía social», expresó Sergio Leaño, de la tercera generación de productores en esa finca de Perico.

La secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos Control de Jujuy (Apoc), Susana Ustárez, afirmó que «vamos a constituir una comisión para que haya investigación de la totalidad de los hechos ocurridos» y aseguró que «hoy es martes negro por lo que fue la jura de una constitución nefasta».

«Se están definiendo estrategias por una infinidad de causales y desprolijidades formales y sustanciales de todo el proceso hasta su jura de la reforma que tuvo su puesta en escena», señaló.

Remarcó, además, que «hay puntos atacables desde el punto de vista legal, amén del contenido que es anticonstitucional».

Los referentes del flamante espacio, anticiparon que en vistas de las denuncias que realizarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscarán articular con las que se están elaborando desde el Gobierno nacional.

«Se inicia una resistencia civil y una acción legal con el mismo objetivo, que la reforma caiga por completo», acotaron.

Gremiales

La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

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La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

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