DDHH
El Presidente recibió a representantes de comunidades originarias de Jujuy
La reunión se hizo en la residencia presidencial de Olivos, según informaron fuentes oficiales.
El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde a representantes de comunidades originarias de Jujuy para interiorizarse sobre la situación en esa provincia tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno del radical Gerardo Morales y la represión policial contra las movilizaciones en distintos puntos de esa provincia.
La reunión se hizo en la residencia presidencial de Olivos, según informaron fuentes oficiales.
Desde las organizaciones, en tanto, informaron que presentaron al jefe de Estado un escrito en el que fijan posición sobre lo sucedido en la provincia y elevaron un petitorio.
La reunión se concretó el mismo día en que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia Federal que inicie una «investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión» llevada cabo en Jujuy contra quienes protestaban contra la reforma constitucional impulsada por Morales.
Fuentes de la Secretaría indicaron que la presentación judicial incluyó «testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia».
La denuncia se suma al hábeas corpus presentado ante la Justicia para que se garantice el derecho a la protesta.
A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que «se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes» y llamó al Gobierno de Morales «a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida».
En tanto, hoy por la mañana, la dirigente social Milagro Sala fue trasladada desde su casa -en donde se cumple arresto domiciliario- para una junta médica que, según sus defensores, se realiza «sin una orden judicial» y con la intención de llevarla a «una cárcel común».
Según se informó luego, Sala fue trasladada a un dependencia del Poder Judicial pero finalmente no se cumplió con la evaluación médica por la mediación de sus abogados, y la dirigente social fue llevada nuevamente a su domicilio, ubicado en el barrio Cuyaya, de la capital jujeña.
Los reclamos en la provincia, que se iniciaron por parte de los docentes y a los que se sumaron múltiples sectores de la sociedad, llevan 22 días de manera ininterrumpida en el distrito.
En medio de esta situación, esta mañana, mujeres residentes en la Quiaca tomaron la decisión de escenificar una crucifixión colectiva en cercanías al corte de ruta que mantienen manifestantes en el ingreso a esta localidad, ubicada en el extremo norte de la Argentina.
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, en tanto, recogió testimonios de víctimas de la represión policial y advirtió sobre situaciones de «terror generalizado».
El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.
El sábado 17 de junio pasado, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.
Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.
El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.
DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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