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Se presentó el libro “Tres Modelos en Disputa” en la Asociación Bancaria

Compilado por Santiago Fraschina y Lucas Gobbo.

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En el auditorio Malvinas Argentinas de la Asociación Bancaria, con la participación de su Secretario General Sergio Palazzo y la  titular de la Seccional Buenos Aires, Alejandra Estoup, se realizó la  presentación del libro “Los Tres Modelos en Disputa: la economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero”, compilado por Santiago Fraschina y Lucas Gobbo.

Frente a una sala colmada, el panel de presentación estuvo a cargo del coordinador del Foro Economía y Trabajo,Eduardo Berrozpe,  e integrado por los economistas Roberto Feletti, también integrante del ForoEyT, y el coordinador de la carrera de Economía de la UNDAV Santiago Fraschina, quienes se refirieron a los ejes del libro y analizaron los desafíos del peronismo como movimiento nacional de este presente en la construcción de ese modelo.

Sergio Palazzo abrió la mesa de expositores señalando la importancia de este trabajo: “Uno coincide con esa mirada del justicialismo –en las antípodas de la neoliberal y que se diferencia del modelo desarrollista- cuando pone como eje centro el empleo, el salario, la mirada industrial y un modelo de crecimiento con inclusión. Me siento profundamente honrado que estén en nuestra casa con nuestros compañeros, compañeras y poder compartir este rato en tiempos donde en el desorden, empezamos a ordenar desde lo ideológico al menos en la dimensión económica”.

El libro “Los Tres Modelos en Disputa”, compila artículos de distintos economistas argentinos en los que se analiza la estructura de tres modelos económicos en pugna aplicados a lo largo de nuestra historia: el neoliberalismo financiero, el desarrollista y el modelo económico justicialista. 

Santiago Fraschina, uno de los compiladores, repasó las consecuencias del neoliberalismo económico, hoy reeditado bajo el gobierno de Javier Milei.

Expresó: “Obviamente tenemos claro que este modelo no es el que queremos. Lo que planteamos en el libro es que del otro lado del modelo neoliberal financiero no hay un modelo económico disputándolo, hay dos: un es del desarrollismo, que dice que la Argentina debe ser un país industrial pero cuando empezamos a discutir la industrialización aparece en la discusión quién la financia. Para el desarrollista, es la clase obrera con salarios bajos. Es un modelo de pleno empleo con pobreza alta (…) El tercer modelo económico definimos llamarlo justicialismo. La diferencia es que además de industrialización queremos justicia social, que implica una disputa por las rentas extraordinarias, que están apropiadas por los grupos de poder (…) Tenemos claro cuáles van a hacer los resultados –del neoliberalismo-, vamos a tener que reconstruir el país como lo hicimos siempre, pero vamos a tener que reconstruir el Frente Nacional, y que la agenda económica no sea desarrollista sino justicialista”.

Por su parte, Roberto Feletti agradeció la invitación: “Siento La Bancaria como mi casa, me tocó estar de los dos lados del mostrador, me tocó defender la banca pública como delegado y como responsable en sus directorios”. 

En su exposición, el ex Secretario de Comercio,repasó los desafíos del modelo económico de un proyecto nacional y popular:

“…El Frente Nacional tiene que tener claramente el modelo justicialista al hombro, porque sin energía y sin alimentos disponibles baratos para el conjunto de la población no se sale de la pobreza y no se expande el salario. Si el salario es cooptado por energía, alimentos y transporte, pone al trabajador en condiciones de subsistencia, y esto es lo que no pasa en un modelo peronista. No hay expansión del salario sin esa discusión, en un país que produce alimentos y energía, y donde la energía deja de ser -por el logro de la expropiación de YPF-, un factor de restricción para ser un factor de expansión. Este cambio estructural tiene que ser aprovechado. No se sale del 53% de pobreza si no hay una intervención clara en los mercados de consumo para expandir el salario. Podemos tener una mejor paritaria –y este sindicato la tiene-, pero si eso se va por la suba de precios estamos perdidos. Lo fundamental es la concepción de que el salario tiene que servir para tener un proyecto de vida y no un modo de subsistencia”.

En el cierre la Secretaria General de la Seccional Buenos Aires, Alejandra Estoup resaltó: “Tenemos que repetir estos espacios, estas charlas, nos dejan muchas herramientas de discusión, y me parece que en estos momentos tan difíciles con las noticias que tenemos, y que también entiendan –a nuestros compañeros y compañeras- que siempre discutimos la economía pero es la política la que define la economía, por eso entre estos tres modelos en disputa para los y las trabajadoras, o para el pueblo, no habría disputa: el único modelo que tenemos que respaldar y convalidar con el voto es el modelo justicialista”.

Podes descargar el libro completo en el siguiente link http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/167597

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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