Las empresas no pueden forzar la presencialidad si hay teletrabajo

La Justicia laboral de Tucumán dictó un fallo ejemplar en materia de derechos laborales y teletrabajo. Un juzgado ordenó a una empresa de call center restablecer la modalidad de home office a una empleada que había sido intimada a volver a la presencialidad, al considerar que la decisión patronal constituyó un “ejercicio abusivo del ius variandi”, es decir, un cambio arbitrario de las condiciones laborales.

Un contrato modificado durante la pandemia

La trabajadora, Cynthia Castillo, se desempeña en la empresa desde 2016. Durante la pandemia comenzó a trabajar desde su casa y, posteriormente, el 18 de agosto de 2022, firmó con la firma una “novación contractual” que formalizó el teletrabajo como modalidad estable. El acuerdo, denominado “waha plan 24”, incluía una reducción horaria y compensaciones por gastos de conectividad y energía eléctrica.

Según los términos de esa novación, la prestación de tareas era remota sin establecer ningún plazo de vencimiento ni condiciones de retorno. Esa omisión fue central para el análisis judicial.

La orden de volver y el conflicto

El 30 de enero de 2024, la empresa notificó a Castillo que debía volver a la presencialidad. Argumentó que el home office había sido una medida excepcional dictada por la emergencia sanitaria, la cual —según la empresa— ya había finalizado.

Sin embargo, la Justicia consideró que esa interpretación resultaba inconsistente con la propia conducta de la empresa, que había firmado un nuevo acuerdo contractual de teletrabajo más de un año después del fin de las restricciones por Covid-19.

Expectativa legítima y perjuicio comprobado

El fallo destacó tres puntos centrales:

• Expectativa de permanencia: el prolongado tiempo de trabajo remoto (más de dos años) generó en la empleada una expectativa legítima de continuidad en esa modalidad.

• Ausencia de plazo o condición: el contrato de 2022 no establecía fecha de finalización, por lo que el teletrabajo debía considerarse la norma vigente.

• Perjuicio económico y personal: la resolución judicial determinó que el regreso forzoso implicaba un daño patrimonial, dado que Castillo reside en Lules, debía tomar cuatro ómnibus diarios para llegar a su puesto y asumía gastos de transporte no contemplados. Además, el trabajo remoto le permitía atender a su hija de nueve años y cuidar a su madre enferma.

Plazo de cumplimiento y alcance

El tribunal ordenó a la empresa restablecer la modalidad de teletrabajo en un plazo de diez días, aunque aclaró que la sentencia aún no quedó firme y podría ser apelada.

El fallo sienta un precedente relevante sobre los límites del ius variandi —la facultad del empleador de modificar unilateralmente ciertas condiciones laborales— y refuerza la idea de que, cuando el teletrabajo forma parte del contrato, no puede ser revertido sin causa válida ni acuerdo de partes.

Puntos clave del fallo:

• La Justicia de Tucumán declaró “abusivo” el cambio unilateral de teletrabajo a presencialidad.

• La empleada había firmado un acuerdo de trabajo remoto en 2022, sin fecha de vencimiento.

• El tribunal reconoció perjuicios económicos y familiares por el cambio de modalidad.

• La empresa tiene diez días para cumplir la orden judicial.

• El fallo aún no está firme, pero marca precedente sobre los derechos de quienes trabajan desde su casa.