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Gremiales

Petroleros amenazan con nuevo paro en Vaca Muerta por 3.200 despidos

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén denunció incumplimiento empresario de la conciliación obligatoria y advirtió sobre el retorno de medidas de fuerza si no se reincorpora al personal cesanteado en el yacimiento neuquino.

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Los trabajadores petroleros de Vaca Muerta podrían volver a paralizar sus actividades debido a que las cámaras empresarias no están cumpliendo con la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén advirtió que quedaría en «libertad de acción» para retomar las medidas de acción directa.

La conciliación obligatoria implica retrotraer la situación al inicio del conflicto, lo que significa que los empresarios deberían reincorporar al personal cesanteado. Sin embargo, según denunció el gremio, esto no está ocurriendo en la mayoría de los casos.

Diálogo solo con dos empresas

El secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, confirmó que «acatamos lo que nos dictó la conciliación, suspendimos el paro, pero vemos que no hay reacción de las cámaras». El dirigente sindical señaló que «no se levantaron la mayoría de los despidos» y detalló que «en este tiempo de conciliación solo hemos podido hablar con dos empresas, YPF y Tecpetrol, con las cuales avanzamos muchísimo y estamos muy cerca de un acuerdo, pero con el resto de la industria no hubo ninguna reunión».

Según pudo conocer Noticias Argentinas, los trabajadores aguardan el accionar de los empresarios, mientras que para este martes se esperaba la realización de una audiencia en la Secretaría de Trabajo para intentar acordar entre las partes gremial y empresaria.

El origen del conflicto: 3.200 puestos perdidos

El conflicto se inició cuando el sindicato fue al paro tras denunciar la pérdida de 3.200 puestos de trabajo en Vaca Muerta, distribuidos entre aproximadamente 1.200 despidos y 2.000 suspensiones.

La situación tiene su origen en que las obras para la salida de petróleo y gas hacia el Atlántico, destinadas a la exportación, no están terminadas. Esta demora genera que las empresas estén con su stock completo, creándose un «cuello de botella» en la producción que impacta directamente en el empleo del sector.

Llamado al diálogo sin avasallamientos

Rucci hizo un llamado al diálogo pero mantuvo firme la posición gremial: «Hay que ser ordenados, sentarse en una mesa, dialogar y buscar la mejor manera para que esto funcione. No queremos ser un obstáculo en el crecimiento de Vaca Muerta, pero tampoco vamos a permitir avasallamientos ni condiciones que perjudiquen a los trabajadores».

La tensión en el sector pone en evidencia las contradicciones del modelo extractivo cuando las promesas de desarrollo no se traducen en infraestructura adecuada ni en estabilidad laboral para los trabajadores, quienes terminan pagando los costos de la planificación deficiente empresaria.

Puntos clave:

  • El sindicato petrolero advirtió sobre nuevas medidas de fuerza por incumplimiento de la conciliación obligatoria
  • Las empresas no reincorporaron a la mayoría del personal despedido como establece el acuerdo
  • Solo YPF y Tecpetrol mantuvieron diálogo con el gremio durante la conciliación
  • El conflicto originario involucra 3.200 puestos de trabajo perdidos en Vaca Muerta
  • El «cuello de botella» productivo se debe a obras de exportación inconclusas

Gremiales

Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros

Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.

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La Corte abrió la puerta a la entrega de tierras y la calle responde con contundencia.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.

La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.

Una decisión que habilita la extranjerización

El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.

«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».

La oposición busca quórum para derogar el DNU

El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.

La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.

Bregman apunta al corazón político del fallo

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.

La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
  • El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
  • Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
  • La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
  • La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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