Educación
Con paros y movilizaciones, comenzó el ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires y siete provincias
La medida de fuerza gremial tuvo adhesión en la ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santa Fe, en tanto que en Mendoza las clases comenzaron con normalidad en todos los niveles de la provincia.
El ciclo lectivo 2024 comenzó hoy en la ciudad de Buenos Aires y siete provincias con un paro de 24 horas y movilización convocado por Ctera que tuvo un acatamiento dispar, en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), mientras que la provincia de Buenos Aires trabaja con los gremios para garantizar el inicio de las clases previsto para el 1 de marzo próximo.
La medida de fuerza gremial tuvo adhesión en la ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santa Fe, en tanto que en Mendoza las clases comenzaron con normalidad en todos los niveles de la provincia.
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora manifestó su respaldo al reclamo nacional del sector convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) al presidir el acto inaugural del ciclo lectivo en una escuela de la localidad de Ucacha, en el departamento Juárez Celman.
Allí, Llaryora se comprometió a estar «junto a ellos (los docentes) para reclamar que el Gobierno nacional revierta esa iniciativa y devuelva del incentivo», que es parte complementaria de sus haberes.
El vocero de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Oscar Frontroch, que adhirieron al paro con movilización, manifestó que el relevamiento preliminar del turno mañana determinó que «la adhesión al paro en las escuelas públicas de la provincia está por arriba del 70%», y que en las escuelas privadas «la adhesión fue menor».
Por otra parte, los docentes privados, nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) -filial Córdoba- realizaron actividad normal.
En la Ciudad de Buenos Aires, y durante la inauguración del ciclo lectivo en la Escuela N° 21 D.E. 5, ubicada en Andrés Ferreyra 3749, en el barrio de Nueva Pompeya, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó que se descontará el sueldo a los docentes que se sumaron al paro.
“Sólo cuatro de cada 10 docentes están adheridos a un gremio (en CABA), el 60% no adhiere. La inmensa mayoría no está sindicalizada», destacó.
En Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) se movilizó desde la Plaza del Soldado Argentino y concluyó en Plaza 25 de Mayo, situada frente a la Casa de Gobierno, donde se realizó un acto.
El secretario general de la Amsafé, Rodrigo Alonso, señaló a la prensa que rechazaron la oferta del 7% para el primer trimestre debido a que solo en el mes de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia fue del 20,7%.
Además de las columnas de docentes de Amsafé y Sadop participaron afiliados a la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral (ADUL), de otros gremios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de La Bancaria y del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), que hoy también realizan un paro por reclamos salariales.
Por su parte, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, participó de un acto en una escuela del distrito Barrancas, en Maipú, donde celebró que las clases comenzaron en la provincia en medio de “dificultades y un contexto de deterioro social”.
Pese al paro nacional convocado por Ctera, este lunes comenzaron con normalidad las clases en todos los niveles de la provincia de Mendoza.
“Hoy están empezando las clases en todas las escuelas menos en una de Malargüe. Tenemos disponibles $13.000 millones para reparación y mantenimiento de las escuelas todo el año”, agregó Cornejo.
Con un paro docente en San Luis que alcanzó el “50% en la ciudad capital”, según el informe la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la adhesión en todos los niveles de Conadu Histórica – CTA Autónoma y una jornada nacional de lucha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gobernador, Claudio Poggi, inauguró el ciclo lectivo en la escuela N°3 “Manuel Belgrano” en la capital provincial.
Sobre una matrícula de más de 125.000 estudiantes, “en Villa Mercedes céntrico y sur de San Luis la adhesión al paro fue de entre el 35% al 40%; en la periferia de Villa Mercedes y norte de San Luis del 60% y en ciudad de San Luis del 50%”, informó el secretario general de UDA, Jorge Lazarini.
Además, pararon los docentes de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE) y los Docentes Autoconvocados de todo el territorio provincial.
También en Entre Ríos, los docentes afiliados a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el gremio mayoritario en la provincia, no iniciaron las clases y marcharon frente a Casa de Gobierno en Paraná en rechazo de las políticas de ajuste en educación del Gobierno nacional y para solicitar una nueva oferta salarial provincial “por encima de la inflación”.
El gobernador, Rogelio Frigerio, pidió durante un acto en la escuela técnica la escuela técnica 1 «Augusto Widmann» de la localidad de Villa Paranacito, que la escuela «esté abierta siempre», incluso «para darle de comer a muchos niños y niñas que sin esa posibilidad no llevarían nada al estómago».
Desde Agmer subrayaron que el 95% de los agremiados mantuvieron el cese de actividades, y recordaron que, en caso de no recibir una mejor propuesta salarial, realizarán 48 horas de paro este jueves 29 febrero y viernes 1 de marzo. El Gobierno de Entre Ríos había ofrecido un 18% de aumento tomando como base los sueldos de enero.
Al igual que Macri en CABA, en Corrientes el gobernador Gustavo Valdés anunció que “serán descontados” los días de paro que tuvo un dispar acatamiento tras la conciliación obligatoria dispuesta el viernes en la provincia.
En el acto realizado en la escuela secundaria General San Martín, de la capital provincial, Valdés se refirió al “contexto difícil” del país y al “esfuerzo importante” que está realizando Corrientes en el área de la educación, al mencionar el pago del Fonid con recursos provinciales y los últimos incrementos salariales.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), entidad adherida a Ctera, concretó hoy la medida de fuerza que tuvo un acatamiento menor del 20% en algunos establecimientos y en otros el 80%.
En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán dio inicio al ciclo lectivo con la inauguración de los edificios educativos de la Escuela Primaria N° 43, el Jardín de Infantes N° 24 y la Escuela Secundaria N° 70 en medio del paro al que se sumó el gremio provincial Docentes Autoconvocados.
El gremio marchó a la casa de gobierno provincial para llevar al mandatario “el reclamo provincial por $590 mil de salario inicial, por paritarias nacionales y provinciales y por el boleto estudiantil gratuito» entre otros reclamos.
En tanto, el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, criticó hoy al gobierno del presidente Javier Milei porque por suspender el pago del Fonid.
El funcionario indicó que en el distrito el gobernador Axel Kicillof está «trabajando mucho con los gremios» para garantizar el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 1 de marzo próximo.
Al paro nacional, también se unieron los docentes de Tierra del Fuego con movilizaciones en toda la provincia y advirtieron que si el gobierno local no acepta retomar las negociaciones paritarias, peligra el inicio de clases previsto para el próximo viernes 1 de marzo.
Las protestas continuarán mañana y el miércoles con «desobligaciones» (implica concurrir a los puestos de trabajo y no cumplir funciones en determinados horarios) mientras que el jueves habrá un congreso de delegados.
En Bahía Blanca, gremios docentes realizaron un acto en la plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal.
Mañana a las 18, según está previsto luego de la convocatoria del Gobierno nacional, que los ministros de Educación de todas las provincias y los gremios docentes con representación nacional concurran a la sede de la cartera de Trabajo para acordar nuevos salarios.
Educación
Desfinanciamiento universitario: más de 10 docentes renuncian por día
En el Día del Docente Universitario, el sistema de educación superior pública argentina atraviesa su peor crisis desde 1989. Con salarios por debajo de los niveles de la poscrisis de 2001, un recorte presupuestario del 37,3% desde diciembre de 2023 y un Gobierno que se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, la deserción docente avanza a un ritmo de entre 10 y 12 renuncias diarias en todo el país.
La academia en éxodo: más de 10 docentes universitarios renuncian por día
La comunidad académica argentina eligió el 15 de mayo, Día del Docente Universitario, para volver a poner en el centro del debate la crisis estructural que atraviesa el sistema universitario público.
Lejos de los anuncios oficiales de «equilibrio macroeconómico», la realidad de más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio revela un desmantelamiento sistemático que sus propios protagonistas describen, sin eufemismos, como un plan deliberado.
«Un plan de destrucción por goteo»
Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente con 15 años de experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuantificó el fenómeno con datos concretos: entre 10 y 12 docentes renuncian por día a nivel nacional. La causa es, en todos los casos, la misma: la imposibilidad de sostenerse económicamente con los ingresos que ofrece la actividad académica.
Para Quiroga, la situación no es producto de la inercia ni de una mala coyuntura. «El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan, creo, es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo«, declaró el investigador. En esa línea, advirtió que son los propios docentes quienes vienen subsidiando el déficit de financiamiento con mayor dedicación personal, aunque ese esfuerzo tiene un límite humano y económico infranqueable.
El cargo docente más bajo del sistema universitario nacional, el de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple, percibe actualmente apenas 260.000 pesos mensuales, una cifra que, en la Argentina de mayo de 2026, no alcanza siquiera para cubrir los gastos de transporte y alimentación necesarios para asistir al trabajo.
El peor momento en décadas
Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor con 38 años de trayectoria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), describió el presente como «el peor momento de mi vida profesional«. El testimonio de Bolcatto permite comprender la dimensión humana de una crisis que las estadísticas no alcanzan a capturar por sí solas.
«Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas», señaló Bolcatto, en alusión directa al fenómeno de pluriempleo al que se ven empujados quienes eligieron la docencia universitaria como vocación. Para este profesor, la elección de seguir en las aulas es un acto de convicción: «dar clases es una vocación; de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá», en referencia a la actividad científica que la crisis también amenaza.
La actitud del Gobierno Nacional fue caracterizada por Bolcatto como «profundamente ideológica», lo que para el docente explica la persistencia de la crisis más allá de cualquier argumento técnico.
Los números del desmantelamiento
Los datos recopilados por el grupo EPC y difundidos por Quiroga en redes sociales trazan un mapa preciso del ajuste:
- Las universidades nacionales acumulan una caída presupuestaria del 37,3% desde diciembre de 2023.
- En 2026 se proyecta el presupuesto universitario más bajo desde 1989 en relación al PBI, con apenas el 0,428%.
- Los salarios docentes perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses consecutivos de caída.
- Días antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno recortó más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura en la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras casas de altos estudios.
- El salario real docente es actualmente más bajo que el que tenían en la poscrisis de 2001.
Estas cifras se inscriben en un contexto más amplio que ya documentamos en esta redacción: desde el inicio de la gestión libertaria, las transferencias a universidades acumularon un recorte real superior al 20%, según datos del Foro Economía y Trabajo; y el propio organismo de verificación Chequeado señaló que el financiamiento universitario sufrió recortes reales de hasta el 31,6% en los primeros tramos de la gestión Milei.
Un dato adicional que aporta dimensión social al conflicto: según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dos tercios de los estudiantes de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad. El ajuste sobre la educación superior no golpea a una élite; golpea, en su inmensa mayoría, a los sectores populares.
La ley existe, el Gobierno no la cumple
El reclamo del sector docente tiene un núcleo jurídico concreto: la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia los propios tribunales ratificaron con fallos favorables al sector. Si esa norma se aplicara, un docente que hoy cobra 260.000 pesos pasaría a percibir 400.000 pesos, lo que equivaldría a pasar de 6.800 pesos a 10.200 pesos por hora de clase, según los cálculos difundidos por Quiroga.
Frente a las excusas esgrimidas por la administración Milei, como la exigencia de auditorías previas a cualquier recomposición salarial, Quiroga recordó que las auditorías ya existen y funcionan: las facultades de Económicas, Derecho y Medicina de la UBA fueron auditadas en 2024 y sus informes aprobados por unanimidad. Además, «muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN», precisó el investigador.
El argumento del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros también fue desactivado con datos: los estudiantes extranjeros representan aproximadamente 83.000 personas, apenas el 4% de la matrícula total. La cifra es marginal frente al déficit estructural de financiamiento.
Un punto central que los propios docentes subrayan para despejar confusiones es el siguiente: no son las universidades las que pagan los sueldos, sino el Estado Nacional. Y los salarios representan el 90% del presupuesto total de las universidades. Quien decide los aumentos, quien los frena, es el Gobierno de Javier Milei.
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