★ La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó sanción definitiva a la ley que modifica el Código Contravencional provincial, estableciendo la corresponsabilidad legal de padres, madres y tutores en casos de acoso escolar. La norma, que ya contaba con media sanción del Senado desde el 4 de noviembre, busca comprometer a las familias en la prevención y resolución del bullying, con posibles sanciones económicas de hasta $1.5 millones tras reincidencia y luego de agotarse el protocolo de intervención escolar. El impulso renovado para esta iniciativa surgió a raíz de un grave incidente de acoso ocurrido en una escuela de La Paz.

El nuevo marco legal y el proceso escalonado

La ley definitiva establece un procedimiento de intervención que prioriza la mediación y el trabajo en el ámbito educativo antes de la judicialización de los casos. Según explicó la diputada Claudia Salas, la aplicación del código contravencional se activará únicamente cuando los padres, madres o tutores “no se hicieron presente” ante los llamados de la escuela o si “el compromiso que iban a asumir tampoco lo cumplieron”. Por lo tanto, el objetivo declarado de la norma es “educativo y reparador”, buscando fomentar la participación activa de la familia en la corrección de las conductas agresivas. Este proceso se sustenta en un protocolo de actuación ya vigente desde el 6 de octubre, que requiere a la escuela identificar, registrar y comunicar el caso, demandando a los padres asumir su parte de responsabilidad.

Sanciones: multas y trabajos comunitarios

La norma contempla sanciones aplicables a los responsables de estudiantes de primaria o secundaria involucrados en acoso escolar. Estas incluyen la realización de trabajos comunitarios y talleres. En cuanto a las multas económicas, se establecieron para el ejercicio fiscal 2026, con penas que oscilan entre 500 y 1000 unidades fijas, lo que se traduce en montos de entre $250.000 y $1.500.000 pesos. Es crucial destacar que estas sanciones económicas se aplican únicamente después de la reincidencia del alumno agresor y tras haber agotado las instancias de intervención educativa.

Miradas críticas al enfoque punitivo

La legisladora provincial Claudia Salas, docente y promotora de la iniciativa, calificó la ley como un “cambio de paradigma” al abordar el acoso escolar desde la corresponsabilidad legal de los adultos. “Aquí se pone de manifiesto algo que es una generalidad: trabajo conjunto familia, escuela y estado”, declaró Salas. Sin embargo, el proyecto despertó objeciones desde el ámbito pedagógico y de la comunidad educativa. Durante el debate legislativo, se mencionaron las preocupaciones de especialistas en educación, quienes advirtieron que un abordaje por la vía contravencional o la judicialización podría resultar “peor el remedio que la enfermedad”, en lugar de impulsar métodos más preventivos y formativos. En esta línea, un experto en pedagogía, citado durante el debate parlamentario por medios locales, señaló que la norma era “demasiado punitiva” y debería inclinarse más hacia un enfoque “preventivo y correctivo”. La diputada Salas, al responder a estas críticas, sostuvo que la realidad social en Argentina difiere de la de otros sistemas educativos ejemplares, como el de Finlandia, por lo que se requiere una respuesta legislativa específica que contemple este contexto.

El antecedente que impulsó la norma

La discusión sobre la modificación del Código Contravencional provincial tomó un “ímpetu” particular luego de un “hecho gravísimo” ocurrido el 10 de septiembre en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, donde una alumna apareció armada en un episodio vinculado directamente al acoso escolar. Este incidente puso de manifiesto la urgencia de buscar herramientas más contundentes para abordar la problemática.

La violencia en el hogar y la función de la escuela

Al analizar la reticencia de algunos padres a involucrarse en la corrección de las conductas agresivas de sus hijos, la diputada Salas apuntó al origen de la violencia, indicando que los alumnos “reproducen formas de agresión que ven en el hogar”. Salas insistió en que los modelos de violencia aprendidos en casa son luego replicados en la escuela, haciendo que los estudiantes “repitan lo mismo con sus compañeros”. Por ello, concluyó que las instituciones educativas no pueden ser dejadas solas en esta tarea, y la ley busca ser una herramienta concreta para que las familias asuman el rol de “estar presentes y ser responsables”.

Implicaciones a largo plazo para el entorno educativo

El debate en torno a la nueva ley de corresponsabilidad parental en Mendoza subraya una tensión fundamental entre el enfoque punitivo y las estrategias preventivas. Mientras sus promotores la ven como un “cambio de paradigma” que busca integrar activamente a la familia en la solución del acoso escolar, críticos pedagógicos advierten sobre las potenciales consecuencias negativas de una excesiva judicialización. A largo plazo, esta norma podría reconfigurar las dinámicas escolares, transformando la manera en que las instituciones abordan los conflictos y la relación entre la escuela, la familia y el sistema judicial. La principal preocupación radica en si el temor a las multas incentivará una verdadera implicación parental y una modificación de las conductas o si, por el contrario, generará una mayor distancia o mecanismos de evasión, sin abordar las raíces profundas de la violencia y el acoso en el ámbito educativo. El desafío será monitorear si esta legislación logra el objetivo de un entorno educativo más seguro y cooperativo, o si sus efectos, como alertan algunos especialistas, derivan en complejidades adicionales que dificulten la resolución pacífica y formativa de los conflictos.