Educación
Denuncian que «El plan de alfabetización del Gobierno no tiene sustento» ni financiamiento
Los 24 distritos ya habían acordado un plan y aducen que el Gobierno Nacional hizo caso omiso de lo elaborado en conjunto y copió y pegó cualquier cosa.
«Las 24 provincias trabajaron en conjunto hasta llegar a acuerdos por el Plan Nacional de Alfabetización que no tienen nada que ver con lo presentado por Nación», reveló la ministra de Educación pampeana´. “Es un plan sin sustento”, sentenció.
La ministra de Educación pampeana, Marcela Feuerschenverger, elevó su voz tras la presentación del Plan Nacional de Alfabetización en San Juan por parte del presidente Javier Milei ,luego contenido en el decreto 579/2024.
«Detrás de ese decreto no se encuentra nada: no están los planes, no sabemos en qué consisten. Esto ha llevado a una gran confusión y yo me pregunto, en el marco de qué, una ministra (de Capital Humano) que nunca se presentó en el Consejo Federal, no la conocemos, ya que trabajamos con el secretario Carlos Torrendel, y sí se presentó en San Juan a hablar del Plan Nacional de Alfabetización”, dijo en declaraciones a Infopico.
Explicó que «hace unos días, nos invitaron a la presentación del plan, y todos pensábamos que nos íbamos a encontrar con el plan que elaboramos todas las provincias, pero unas horas antes del encuentro recibimos un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que hablaba de un plan donde se nombra cosas que le competen a la ley nacional de educación, resultados de Aprender y una serie de datos, y para la sociedad quedó que se presentó el plan, que no tiene sustento porque para nosotros lo único válido es lo que aprobamos en el Consejo Federal”.
Agregó: “Esto es, si se piensa inocentemente, desconocimiento de la política educativa nacional”, pero “para nosotros lo válido es la resolución 471/24 que firmamos los 24 ministros, que la reivindicamos, donde están los planes de cada provincia validados, trabajados por equipos técnicos con financiamiento únicamente provincial porque tanto la cláusula de resolución del Consejo como lo que anunció el Presidente, a esta provincia no llegó ni un solo peso para llevarlo adelante”.
La funcionaria amplió: “Nosotros, con los recursos que tenemos, con los docentes formados en alfabetización, estamos profundizando, escuela por escuela, las políticas de alfabetización y la enseñanza de la matemática, que era en lo que veníamos trabajando”.
Insistió la ministra en que “seguimos sin entender el sentido del decreto y es un debate que voy a dar en el seno del Consejo Federal con un grupo de ministros, que quizás somos pocos, pero el Consejo es parte de la ley nacional de Educación y de allí surgen las políticas educativas”.
Compromiso por la Alfabetización
El plan se consolidó mediante el Compromiso por la Alfabetización, firmado el 28 de mayo pasado por las 24 jurisdicciones en la última reunión del Consejo Federal de Educación (CFE). Y el 4 de julio último fue publicado en el Boletín Oficial.
Trajo a colación que la Secretaría de Educación de la Nación propuso en febrero comenzar a trabajar en un Plan Nacional de Alfabetización donde todos los ministros coincidíamos en que teníamos que profundizar.Los equipos de las provincias comenzaron a trabajar; en abril se buscó dar curso a una resolución que aprobaba los 24 planes jurisdiccionales.
«Un grupo de ministros considerábamos que no era el momento porque no había ninguna cláusula que asegurara el financiamiento, por lo tanto, trabajamos arduamente para que se incorpore esa cláusula y finalmente, en un marco federal, en el Consejo Federal de Educación, se firmó el Plan Nacional de Alfabetización”, relató.
Según los enunciados del plan nacional, consiste en “garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado; garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado en adelante y desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación”.
Pero de acuerdo con la óptica provincial, “el Gobierno nacional unió varios programas actuales -como las evaluaciones Aprender, Libros para aprender, el programa Una Hora Más, el Plan Nacional de Formación Docente- en el Plan Nacional de Alfabetización», sin tener en cuenta que las 24 provincias del país presentaron planes de alfabetización jurisdiccionales.
Evaluaciones
Argentinos por la Educación, uno de los autores del informe “Campaña Nacional por la Alfabetización”, hace hincapié en que se comprometieron al financiamiento y, además, a realizar no sólo evaluaciones en sexto grado sino también en tercer grado”. A fin de año, 17 de los 24 gobernadores firmaron el Compromiso por la Alfabetización y, además, se adhirieron los principales candidatos presidenciales.
El “1er informe de monitoreo: Campaña Nacional por la Alfabetización”, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Agustina Lenzi, Massimiliano Pisani y Víctor Volman, fue impulsado junto a más de 190 organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Explica que, mientras la propuesta nacional se enfoca en nivel inicial y primario, cinco jurisdicciones concentran todas sus estrategias en nivel primario, otras cuatro en inicial y primario y 15 en los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario).
El documento presenta una síntesis del Compromiso Federal por la Alfabetización aprobado en la última asamblea del Consejo Federal de Educación por medio de la resolución N° 471/24, al que se refería la ministra pampeana Feuerschenverger.
Allí se describen las características del Plan Nacional de Alfabetización y de los 24 planes jurisdiccionales según sus componentes principales: objetivos, alcance, formación docente, recursos pedagógicos y evaluación. En los próximos meses se elaborarán nuevos informes sobre los avances de las iniciativas presentadas y los compromisos asumidos por la Nación y las provincias.
Se indica que la Nación desarrollaría propuestas de formación docente inicial y continua a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).
Mientras que 6 jurisdicciones proponían estrategias de formación docente continua, con 18 que suman también intervenciones en la formación docente inicial.
En cuanto a los materiales, el Plan Nacional prevé la provisión de recursos pedagógicos y didácticos (físicos y digitales) junto con la impresión y/o distribución de libros.
En esta línea, 17 jurisdicciones se comprometen a entregar libros y 15 prevén desarrollar materiales digitales.
Respecto al monitoreo y la evaluación, la Secretaría de Educación se compromete a implementar la evaluación Aprender en 3er grado de primaria en Lengua, de carácter muestral, y a publicar sus resultados.
Asimismo, las 24 jurisdicciones presentan proyectos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con variaciones en el diseño, implementación y publicación de los resultados.
En 10 jurisdicciones se proponen pruebas de “fluidez y comprensión lectora».
En relación con la inversión, la Nación se compromete a financiar, a través de convenios bilaterales, la creación de la Unidad Nacional de Alfabetización, las distintas líneas de evaluación (implementación del operativo Aprender, fortalecimiento de los procesos de evaluación en el aula, ampliación de la nominalidad para un mejor seguimiento de las trayectorias), la entrega de libros, la formación docente y la continuidad y ampliación del programa “Una Hora Más” de extensión de la jornada escolar.
Intervenciones de las provincias
“La construcción del Compromiso Federal incluyó un relevamiento de las acciones que ya implementan las jurisdicciones en materia de alfabetización. De este modo, y a partir del reporte de 22 provincias, se identificó que la mayoría ya realizaba algún tipo de intervención en al menos uno de los niveles obligatorios”, explicó el Observatorio.
Y agrega: “Las estrategias de intervención más utilizadas fueron la formación docente, la entrega de materiales a estudiantes y docentes y las actividades en las aulas».
La preeminencia de estas intervenciones se sostiene en los planes presentados.
Asimismo, se destaca en 11 jurisdicciones la participación de actores no gubernamentales como aliados en la implementación.
En cuanto a los objetivos enunciados, 8 jurisdicciones replicaron los dispuestos en el Plan Nacional, mientras que 16 optaron por otras definiciones.
Si se tiene en cuenta que los resultados a nivel nacional son peores en los alumnos que poseen un nivel socioeconómico más bajo, “algunas jurisdicciones hacen foco en las escuelas más desfavorecidas”, de acuerdo con la ONG que impulsó el compromiso. La diferencia no consta, sin embargo, en el Plan Nacional.
Educación
Con cautelar firme y multas en puerta, el Gobierno apeló otra vez antes de pagar los salarios docentes
El juez federal Martín Cormick intimó al Ejecutivo a cumplir de manera total con la cautelar firme que ordena aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, con recomposición salarial docente y actualización de becas. El Gobierno apeló, pero ya acumula derrota judicial sobre derrota judicial desde diciembre de 2025.
El Decreto 759/2025, la herramienta con la que el gobierno de Javier Milei intentó bloquear la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, suma un nuevo rechazo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado Nacional a cumplir en cinco días con la medida cautelar que declaró inaplicable la suspensión de la ley, advirtiendo que, de no hacerlo, se activarán multas diarias por cada jornada de demora. El Ejecutivo volvió a apelar.
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y, tras el veto presidencial, el Parlamento insistió con mayorías de dos tercios, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional. Pese a esa insistencia legislativa, el Ejecutivo emitió el Decreto 759/2025, mediante el cual condicionó la aplicación de la norma a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), la Universidad de Buenos Aires y sindicatos docentes presentaron amparos y la causa tramita en el expediente 39.475/2025.
Un mecanismo que choca con la Constitución
En diciembre de 2025, Cormick hizo lugar a la medida cautelar y declaró inaplicable el decreto presidencial en cuanto suspendía la ejecución de la ley. En su fallo, señaló que la insistencia legislativa del Congreso no admitiría otra solución que la efectiva aplicación de la norma sancionada, y calificó la maniobra oficial como contraria al principio de división de poderes. El magistrado precisó, además, que el Ejecutivo había fundado la suspensión en el artículo 5° de la ley 24.629, una norma de jerarquía inferior al mandato constitucional expreso del artículo 83.
El Estado apeló esa resolución, pero en marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Fernández y Eduardo Morán, confirmó la cautelar de primera instancia. La Cámara introdujo un argumento de peso: una ley posterior del Congreso puede válidamente desplazar a una norma anterior, incluso en materia presupuestaria, por lo que no era admisible que el Ejecutivo paralizara su aplicación invocando la ley 24.629. Los argumentos de la administración Milei, según el propio fallo, no merecieron consideración alguna por su falta de seriedad.
Recusaciones rechazadas y una cautelar que no se cumple
El gobierno ensayó una última estrategia procesal: intentó apartar al propio Cormick de la causa, recusándolo por su condición de docente en las universidades nacionales de Avellaneda y José C. Paz. También impugnó al juez de Cámara Sergio Fernández por su actividad en la Universidad de Lomas de Zamora. La Corte Suprema, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, rechazó todas las recusaciones en junio de 2026, señalando que la sola condición de profesor universitario no alcanza para apartar a un magistrado de un expediente.
Con las recusaciones descartadas y la cautelar firme, el expediente siguió su curso. En septiembre de 2026, Cormick revisó una presentación del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación y concluyó que no existía cumplimiento total de la medida. Intimó al Estado a acatar la cautelar en cinco días y anticipó que aplicaría multas diarias por cada jornada adicional de demora. El Ejecutivo volvió a apelar ante la Cámara y analiza si pedirá efecto suspensivo al recurso.
Lo que está en juego: salarios y becas bajo presión
La Ley 27.795 exige actualizar los presupuestos universitarios por inflación y recomponer los salarios de docentes y no docentes según el Índice de Precios al Consumidor, además de actualizar las becas estudiantiles. Los artículos 5° y 6° de la norma, los que ordena aplicar la cautelar, son precisamente los que regulan esa recomposición. La Oficina de Presupuesto del Congreso estableció que el costo total de la ley representa el 0,23% del PBI, un dato que el propio Cormick puso sobre la mesa para cuestionar la proporcionalidad del argumento fiscal esgrimido por la Casa Rosada.
El deterioro salarial del sector docente universitario es parte del diagnóstico que el propio decreto 759/2025 reconoció en sus considerandos, lo que fue utilizado por la Justicia como evidencia del peligro en la demora. Mientras la causa continúa hacia su resolución de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, el Estado lleva más de diez meses resistiendo el cumplimiento de una ley que el Congreso sancionó dos veces.
Lo que tenés que saber:
- El juez Martín Cormick intimó al gobierno a cumplir en cinco días con la cautelar sobre la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas diarias.
- La cautelar, que declara inaplicable el Decreto 759/2025 en cuanto suspende la ley, fue confirmada por la Cámara en marzo de 2026 y es firme.
- La Corte Suprema rechazó en junio de 2026 los intentos del Ejecutivo de recusar al juez Cormick y a magistrados de Cámara por su condición de docentes universitarios.
- La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 e insistida con dos tercios tras el veto de Milei; su costo equivale al 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- El Gobierno apeló la nueva resolución de Cormick ante la Cámara y analiza solicitar efecto suspensivo.
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