Educación
Suspenden clases en una escuela rosarina luego de que dispararan frente a una comisaría vecina
La suspensión de la jornada escolar se dispuso en la escuela «San Luis Gonzaga», situada en Teniente Agneta y Carrasco, a pocos metros de la comisaría 20ra. de la ciudad santafesina de Rosario.
Una escuela rosarina suspendió hoy las clases luego de que delincuentes realizaron al menos cinco disparos en la puerta de una comisaría situada a pocos metros del establecimiento educativo, ante lo cual, los sindicatos de docentes públicos y privados pidieron una reunión «urgente» con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, informaron fuentes oficiales.
La suspensión de la jornada escolar se dispuso en la escuela «San Luis Gonzaga», situada en Teniente Agneta y Carrasco, a pocos metros de la comisaría 20ra. de la ciudad santafesina de Rosario.
De acuerdo a lo informado por la justicia local, la decisión fue adoptada al tomar conocimiento que anoche desconocidos que circulaban en una moto de baja cilindrada pasaron por el frente de la dependencia policial y dispararon al menos cinco veces al aire.
Los informantes precisaron que las balas no impactaron contra la comisaría ni ocasionaron heridos, por lo que presumen que se trató de una amenaza.
El hecho es investigado por la fiscalía de turno de Rosario, que pidió la intervención del personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que secuestró frente a la seccional cinco vainas servidas calibre de 9 milímetros, que serán peritadas.
Al enterarse de lo ocurrido, directivos de la escuela decidieron no abrir sus puertas esta mañana a modo de prevención y colgaron un cartel en el ingreso al establecimiento: «Hoy, jueves 13/04, no se dictarán clases en ambos turnos».
Frente a hechos de similar naturaleza ocurridos en los últimos meses, los sindicatos de docentes públicos y privados pidieron hoy una reunión con el titular de la cartera de Seguridad provincial, Claudio Briolloni.
«Ante los distintos episodios de violencia que suceden en diferentes escuelas públicas de la provincia, desde Amsafé solicitamos una audiencia con las autoridades del Ministerio de Seguridad con el fin de realizar un abordaje conjunto e integral de la situación», sostuvo la Asociación del Magisterio de Santa Fe en un comunicado.
A la vez, la entidad gremial exigió «al Estado medidas urgentes que garanticen la salud y seguridad de toda la comunidad educativa».
La delegación Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), también pidió una reunión con Seguridad y su titular Martín Lucero, afirmó que «intimidaciones, disparos y robos al personal y a los alumnos no pueden ser parte de la cotidianeidad de la escuela».
Sadop señaló, también mediante un comunicado, que la demanda obedece al tiroteo frente al colegio «San Luis Gonzaga» que determinó el levantamiento de las clases hasta el próximo lunes, los robos a alumnos y docentes en las inmediaciones del colegio «Santo Tomás de Aquino» y lo sucedido con la mochila de una docente de la escuela «General Manuel Savio».
«Lo peor que puede pasarnos como sociedad es naturalizar estos hechos», dijo el secretario general Lucero y agregó que «es inconcebible que la comunidad educativa tenga miedo de ir a la escuela, que niños, adolescentes, maestras, profesores, personal directivo, personal no docente y familias, tengan miedo de ir a un establecimiento escolar ante la eventualidad de sufrir un hecho de inseguridad o de violencia».
Esta situación se registra luego de que el último fin de semana las escuelas José Mármol y Rosa Ziperovich, también de Rosario, fueron blancos de balaceras por parte de delincuentes que, en ambos casos, dejaron mensajes con la leyenda «con la mafia no se jode», en lo que fue interpretado por los pesquisas y la comunidad educativa como una amenaza entre cabecillas de bandas narco que se disputan el territorio para ejercer su actividad ilícita.
La semana pasada, docentes públicos y privados desobligaron a los alumnos desde las 10.30 a las 14.30, para marchar a la plaza San Martín de Rosario, frente a la sede local de la Gobernación santafesina, en reclamo por un mejor servicio de seguridad y para «educar en paz».
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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